El gobernador Rodrigo Medina continúa entregando concesiones y espacios dentro de su gobierno a la iniciativa privada de Monterrey buscando el respaldo de los empresarios a su endeble gobierno.

Esta semana el mandatario nombró a Miguel Ángel Casio Piña como nuevo secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Público, cargo que ocupaba el vocero Jorge Domene hasta que brincó  a la coordinación de comunicación social del Estado.

Margarita Arellanes, la alcaldesa electa de Monterrey, presentó el martes a su equipo de transición que trabajará con el alcalde en funciones Jaime Bazaldúa.

Rafael Serna, Gregorio Hurtado, Benancio Aguirre y Adriana García, son los designados por Arellanes para coordinar estos trabajos relacionados con el cambio de poderes en el municipio regio.

Serna estará dedicado a revisar las finanzas municipales de Monterrey, pero el señor muy listo no dejará de cobrar en el municipio de San Pedro como tesorero municipal.

Una administración estatal contaminada por escándalos de corrupción, un gobierno sin control ni mando, inestabilidad política tras una debacle electoral, quiebra en las finanzas estatales y deuda sin precedentes. ¿Le recuerda algo?

No estamos hablando de las condiciones actuales que imperan en la administración del gobernador Rodrigo Medina.

Nos referimos al panorama de Nuevo León en los meses que precedieron a la abrupta salida de la gubernatura de Sócrates Rizzo hace 16 años.

El atentado del domingo en San Pedro contra la sucursal Sierra Madre del periódico El Norte tiene varias lecturas.

Por un lado está la lógica, desde hace tres semanas arrojaron granadas a las sucursales de La Silla y de la Linda Vista.

Y que entonces ahora fueron por la de San Pedro.

Pero hay quien dice que meterse a ese municipio, que es el único bastión de los Beltrán Leyva en el área metropolitana, realmente no sería una acción que se la aviente fácilmente otro grupo criminal.

Las autoridades de Nuevo León acaban de sepultar bajo tierra, ahora sí literalmente, la investigación de los 49 torsos tirados hace dos meses y medio en el municipio de Cadereyta.

La Procuraduría de Justicia del Estado, encabezada por Adrián de la Garza, decidió enviar estos cuerpos a la fosa común en calidad de NN (No Nombre).

Los restos mutilados no estaban depositados en el anfiteatro del Hospital Universitario, sino resguardados desde hace más de un mes en las instalaciones que el Semefo tiene en el municipio de Melchor Ocampo.