Las relaciones entre el gobernador Rodrigo Medina y la IP regiomontana pasan por una etapa casi casi como la que disfrutan los recién casados en su luna de miel.

El mandatario estatal cumplió con su parte y entregó, pasando las elecciones, las cabezas de Mario Guerrero, Pedro Morales Somohano y Luis Eugenio Todd, funcionarios estatales involucrados en escándalos de corrupción.

Estos despidos fueron parte del pacto que hizo con los empresarios, bueno, con los “organismos intermedios” de Monterrey, a cambio de bajarle la presión a su gobierno.

Claro que Medina hizo los ceses de estos funcionarios al estilo priista, sin fincarles responsabilidades penales.

Esta semana le tocó a los voceros de los “organismos intermedios” de Monterrey jugar su parte y cumplir con el acuerdo.

El lunes, los directores de la Caintra, Ccinlac y Coparmex salieron a avalar la estrategia de seguridad implementada por el gobernador.

Esto pese a que Nuevo León es el estado con el mayor número de ejecuciones en lo que va del año.

Fundamentalmente los ipecos aparecieron para reconocer la reducción que ha registrado el delito de robo de vehículos, según las cifras oficiales de la Procuraduría estatal.
Es curioso que los dirigentes de esos organismos no hayan comentado que la baja de este delito coincide con el “lavado” de vehículos robados en el Instituto de Control Vehicular.

El ‘As’ de Mauricio

Al alcalde Mauricio Fernández le va muy bien eso de que los caminos de la vida no son como uno pensaba, ni tampoco son como uno imaginaba.

El Municipio de San Pedro contrató para elaborar sus proyectos públicos privados los servicios legales del abogado Artemio Chapa Maldonado.

Este hombre se presenta como un especialista en el esquema financiero público-privado, que es el eufemismo para la palabra deuda pública.

Y que nadie dude de la experiencia de Chapa Maldonado.

El abogado se desempeñó como consejero jurídico de Rubén Martínez Dondé, quien fuera tesorero durante el sexenio del ex gobernador Natividad González Parás.

Sí, el mismo tesorero que aseguró que para la construcción de la Torre Administrativa no se destinaría un centavo del erario estatal…ajá.

Pero el cuento no para ahí, sino que se pone más sabroso. Chapa Maldonado habría sido el funcionario estatal que firmó en el 2007 el aval para que operara en Plaza Fiesta San Agustín un casino de la empresa Alegre.

El mismo centro de apuestas que a quien el edil sampetrino le ha declarado la guerra desde que entró como alcalde en el 2009.

Finalmente, Mauricio no demandó penalmente al funcionario estatal, como lo prometió, sino que lo contrató para que lo ayudara en los proyectos de APP’s.

Promesas incumplidas

Como parte del reclutamiento de policías para Fuerza Civil, el gobierno ofreció un sueldo decoroso, becas para sus hijos y vivienda.

Hace cuatro meses el entonces vocero de Seguridad, Jorge Domene, aseguró que en marzo se entregarían las primeras casas.

Pero pasó marzo, abril, mayo y junio, y todavía no cumplen con esta prestación a los policías de Fuerza Civil.