¿Dónde está Raúl Rocha, dueño del casino Royale?

¿Por qué si el peritaje que elaboró la PGR concluyó que el casino no cumplía con las medidas de seguridad las autoridades exoneraron al propietario?

¿Por qué la Procuraduría estatal no fincó responsabilidad penal a Rocha, quien huyó del país un día después de la tragedia? ¿Era el único dueño del Royale?  ¿Quiénes eran sus socios?  ¿Es dueño de más casinos en Monterrey? ¿Sigue viviendo en Miami?

¿Por qué la PGR no atrajo la investigación del atentado si fue perpetrado por el crimen organizado?

La Procuraduría de Justicia parece que está tomando partido en el caso del centro de apuestas La Fortuna, concretamente en la denuncia por secuestro y extorsión que implica a un juez federal y a un ex alcalde de Miguel Alemán.

Muchas suspicacias está generando la forma en que la dependencia encabezada por el procurador Adrián de la Garza dictó el “no ejercicio de la acción penal” en contra del juez federal Luis Armando Jerezano y del ex munícipe tamaulipeco Manuel Balderas.

Ríspido y controvertido fue el proceso que  concluyó ayer con la designación de Juan Carlos Ruiz como coordinador del grupo parlamentario del PAN para la próxima Legislatura.

Sandra Pámanes, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN de Nuevo León, tomó quizás su última gran decisión como dirigente blanquiazul para favorecer al ex secretario del Ayuntamiento de Monterrey.

Hoy se dirá que el senador electo Raúl Gracia, uno de los líderes de la neocúpula panista, logró imponer a uno de los suyos como dirigente de la bancada panista en el Congreso de Nuevo León.

Ayer por la mañana sorprendió a todo mundo que la IP de Nuevo León salió a decir que mejoró la percepción de seguridad en la ciudad.

Es el momento en que hay nuevamente una oleada de secuestros en la zona metropolitana, principalmente por las células huérfanas de la organización delictiva de Los Zetas.

Y también es el momento en que 52 familias de los caídos hace un año en el Casino Royale claman por justicia.

Pero lo peor son las tremendas contradicciones.

Esta semana se cumplirá un año de la tragedia del Casino Royale,  el mayor atentado en México perpetrado por el crimen organizado en contra de la población civil.

Hay muchas preguntas que siguen sin respuesta un año después por parte de las autoridades federales y estatales.

La PGR y la Procuraduría de Justicia de Nuevo León tendrán que explicar cómo es que no existe ningún funcionario sancionado por la negligencia exhibida en esta tragedia, donde murieron 52 personas, incluyendo dos mujeres encintas.