Diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso rechazaron ayer un total de 108 cuentas públicas de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González Parás.

Pero 128 fueron aprobadas y tres regresaron a la Comisión por falta de acuerdo entre los legisladores.

Con esto, mañana miércoles los diputados del Poder Legislativo arrancarán con el debate para concluir con la votación de rechazo de las cuentas públicas que tengan observaciones, en algunos casos de hasta 8 millones de  pesos.

La discusión para la aprobación del segundo periodo extraordinario en el Congreso sirvió para que todos los partidos cruzaran acusaciones de corrupción.

En dicho periodo, aprobado para ocurrir el próximo 5 de julio en el Senado y 6 de julio en la Cámara de Diputados, solo se discutirán las observaciones que el presidente Enrique Peña Nieto propuso al artículo 32 y sus relacionados, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ayer, el destino alcanzó a Lucero Guadalupe Sánchez López, la diputada del Congreso de Sinaloa que perdió su fuero constitucional.

Acusada del delito de uso de documentos falsos que presuntamente utilizó para visitar en la prisión de El Altiplano a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 4 de septiembre del 2014, ahora Sánchez podrá ser puesta a disposición de las autoridades.

Erigida en Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados determinó que sí existen los elementos necesarios para que la llamada “Chapodiputada” sea investigada.

Diputados y senadores acordaron ir a un periodo extraordinario de sesiones del 13 al 17 de junio para discutir las leyes anticorrupción.

Esto ocurrirá una vez que el plazo constitucional para aprobar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción venza el 28 de mayo.

“Lamentamos mucho no haber cumplido con el plazo”, dijo el priista Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Un asunto pendiente que han arrastrado las legislaturas locales desde lo administrativo han sido los juicios laborales en los que se encuentra envuelto el Congreso local del Estado de Jalisco.

Al inicio de este año un informe de la Comisión de Administración sobre la entrega-recepción de este poder local reveló que la legislatura entrante enfrentaría 408 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, al 8 de noviembre de 2015.