Entre acusaciones
La discusión para la aprobación del segundo periodo extraordinario en el Congreso sirvió para que todos los partidos cruzaran acusaciones de corrupción.
En dicho periodo, aprobado para ocurrir el próximo 5 de julio en el Senado y 6 de julio en la Cámara de Diputados, solo se discutirán las observaciones que el presidente Enrique Peña Nieto propuso al artículo 32 y sus relacionados, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“La reforma del Sistema Nacional Anticorrupción (…) surge a partir de que algunos legisladores, que a veces se les pinta el cielo de azul, estaban extorsionando alcaldes”
“Aquí a muchos ya se les han olvidado episodios verdaderamente vergonzosos que han tenido”
La discusión para la aprobación del segundo periodo extraordinario en el Congreso sirvió para que todos los partidos cruzaran acusaciones de corrupción.
En dicho periodo, aprobado para ocurrir el próximo 5 de julio en el Senado y 6 de julio en la Cámara de Diputados, solo se discutirán las observaciones que el presidente Enrique Peña Nieto propuso al artículo 32 y sus relacionados, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En sus observaciones, el primer mandatario suprimió la obligación de las personas físicas y morales a presentar sus declaraciones patrimonial o de intereses que había aprobado el Congreso de la Unión y que había causado la molestia del sector empresarial del país.
Sin embargo, la petición para realizar el periodo extraordinario sirvió para que diputados y senadores sacaran a relucir sus diferencias e incongruencias como “paladines contra la corrupción”.
César Alejandro Domínguez, diputado priista, acusó al PAN de dar los primeros motivos para que la ciudadanía pidiera un alto a la corrupción.
La paja en el ojo ajeno
Ante los reclamos de los partidos de oposición sobre el papel del Poder Legislativo como solo “oficialía de partes” del Ejecutivo, el PRI recordó que todo el Sistema Nacional Anticorrupción nació después de los escándalos provocados por el PAN y sus legisladores, por el cobro de “moches”.
César Alejandro Domínguez, diputado por el PRI, recriminó que su partido sea acusado de darle la espalda a la ciudadanía, cuando fue el PAN quien dio los primeros motivos para que los ciudadanos pidieran un alto a la corrupción.
“La reforma del Sistema Nacional Anticorrupción (…) surge a partir de que se inauguraron, por parte de algunos mexicanos, los famosos moches. Surge a partir de que algunos legisladores, que a veces se les pinta el cielo de azul, estaban extorsionando alcaldes, a aquellos que estaban extorsionando gobernadores para llevarles recursos, pidiéndoles dinero a cambio”, lanzó Domínguez.
El reclamo obedeció a que, durante la Legislatura pasada, diputados del PAN fueron acusados de pedir comisiones a cambio de la asignación de recursos para obra pública.
El reclamo desde la oposición, sin embargo, tocó los escándalos más recientes de los gobernadores priistas que buscan blindarse contra posibles procesos en su contra, como ocurre con Javier Duarte, en Veracruz, y Roberto Borge, en Quintana Roo.
Guadalupe Acosta Naranjo, diputado del PRD y vicecoordinador de su bancada, reclamó el cinismo de estos gobernadores que pretenden consumar acciones que les garanticen salir impunes de posibles irregularidades que hayan cometido.
“¿No habría manera de que agarraran el teléfono y le hablaran a César Duarte, a Roberto Borge, al otro Duarte? Porque si su partido (el PRI) está tan empeñado en combatir la corrupción, que heroicamente aquí han defendido. ¿No le podrían decir a los Duartes que no anden incendiando sus estados?.
“Que no se estén blindando con fiscales anticorrupción, nombrados por ellos mismos, después de que fueron derrotados en las urnas y a semanas de que abandonen sus gobiernos. Eso sería congruencia. Eso sería combatir la corrupción”, dijo casi a gritos Acosta Naranjo.
El legislador recalcó que en las entidades donde los gobernantes de la coalición PAN-PRD y otros partidos perdieron la gubernatura, como en Oaxaca o Sinaloa, los mandatarios salientes no se están blindando contra posibles acciones de la justicia.
Carlos Puente Salas, coordinador de los senadores del PVEM, recriminó que la incongruencia no es solo del tricolor, pues desde la izquierda también se quiere hacer creer que solo una parte de los políticos comete actos de corrupción y actúa en la opacidad.
“Aquí a muchos ya se les han olvidado episodios verdaderamente vergonzosos que han tenido. Aquí nadie habla y dice y reconoce, ni hace un mea culpa, de que reservaron la información de los segundos pisos, en un gobierno perredista, por más de 20 años.
El senador del Verde recordó el episodio en que Julio César Godoy, exdiputado del PRD, entrara a tomar protesta al interior de una cajuela para hacerse del fuero y evitar ser perseguido por, supuestamente, pertenecer al grupo criminal de la Familia Michoacana.
Zoe Robledo, senador por el PRD, regresó el golpe del Verde contra el partido del Sol Azteca, y rememoró un escándalo ocurrido en el 2004, cuando fue hecho público un video en que Jorge Emilio González, conocido como el “Niño Verde”, negociaba obtener una oferta de 2 millones de dólares para ayudar en la construcción de un complejo hotelero en Cancún.
“Yo recuerdo muy bien un video de un integrante del Partido Verde recibiendo, en un ofrecimiento, un soborno, diciendo cuánto nos va a tocar, diciendo que iba a ayudar con los trámites y después diciendo que lo chamaquearon”, comentó Robledo.
Diva Hadamira Gastélum, senadora por el PRI, comentó que el Sistema Nacional Anticorrupción servirá para que los corruptos sean castigados, sin importar su origen o partido político.
“Parece novela esto, ¿no? Yo sí quiero dejar claro que el PRI no va a ser tapadera de corruptos”, sentenció.
¿Y el artículo 29?
Zoé Robledo, senador del PRD y uno de los principales impulsores de la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, recriminó que el presidente Enrique Peña Nieto no enviara una propuesta para modificar el artículo 29 y obligar a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones.
Lo principal del asunto, apuntó, es que ahora no se podrá conocer a ciencia cierta si un servidor público tiene algún interés con un grupo de poder o una empresa para saber si en determinado momento esa relación pueda influir en las decisiones que tome desde su cargo público.
“¿Por qué era tan importante haber logrado que esto se estableciera por ley? Porque la corrupción política en el acceso al poder está presente de manera reiterada con intereses que están financiando campañas, que pagan espectaculares, que pagan aviones, que pagan autos, que pagan oficinas de todos los partidos políticos, y eso era lo que evitaba la declaración de intereses, que alguien dijera si tenía un donatario, si tenía a un patrocinador, si tenía a alguien que después pudiera levantar el teléfono y decirle: no vayas en este voto, no vayas en esta iniciativa, no impulses esta política pública porque daña mis intereses”, consideró Robledo.
Carlos Puente Salas, coordinador de los senadores del PVEM, acusó al PAN y al PRD de querer culpar a su partido y al PRI de haber detenido la iniciativa ciudadana de la Ley 3 de 3, cuando tenían los votos para hacerla prosperar.
“Díganle a México por qué no ganaron la 3 de 3, si el PRD y el PAN, ustedes aliados, logran la mayoría con el PT. El Verde y el PRI en este Senado somos minoría. Dejen de hablar con falsos discursos. Que no lo quisieron hacer, asúmanlo”, lanzó.
