Los juicios en proceso se han rezagado y resuelto a través del agotamiento de las vías legales, con amparos que postergan la sentencia en contra del Congreso


Con la reforma a la Ley para los Servidores Públicos terminarían las lagunas jurídicas que entorpecen la justicia laboral


“Los costos de llevar a cabo ese fideicomiso eran elevados y además eran 120 millones de pesos (…), teníamos que invertir en valores que representaban riesgos para el Congreso. Es dinero que no se puede poner en riesgo” 

Francisco de Jesús Mata Gómez

Secretario técnico de la Comisión de Administración del Congreso a medios locales

https://youtu.be/sc0KkxxLy4M

Un asunto pendiente que han arrastrado las legislaturas locales desde lo administrativo han sido los juicios laborales en los que se encuentra envuelto el Congreso local del Estado de Jalisco.

Al inicio de este año un informe de la Comisión de Administración sobre la entrega-recepción de este poder local reveló que la legislatura entrante enfrentaría 408 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, al 8 de noviembre de 2015.

Actualmente, según un acuerdo interno de la misma Comisión, hay 162 casos vigentes en el registro de demandas del Congreso que fueron promovidos por la legislatura 60 (2012-2015) en noviembre de 2012, por “ciertas irregularidades detectadas”.

Dichas demandas se interpusieron ante el Tribunal de Arbitraje en contra de 219 trabajadores que recibieron nombramientos de base por la legislatura anterior, la 59 (2010-2012).

Sin la toma de medidas eficaces para afrontar ese problema, el Congreso se planteó erogar alrededor de 80 millones de pesos (mdp), como lo advertía un oficio de la Comisión de Administración.
Frente a ese panorama se hubieran tenido que crear nuevas plazas con cargo al presupuesto del ejercicio que correspondiera, con un gasto adicional a la partida que sería del mismo monto, 80 mdp anuales.

El resultado de los procesos legales en los que se ha visto inmerso el Legislativo han golpeado las finanzas, según el acuerdo interno de la Comisión de Administración, fechado el 6 de abril pasado.

Dicho acuerdo, presentado para que el Congreso local desista de las demandas laborales, señala que según la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo fueron tramitados para esperar sus sentencias todos y cada uno de las 162 demandas vigentes.

En los 30 casos ya resueltos, según la misma Dirección, todos recibieron una sentencia desfavorable para el Congreso Local.

En estos casos el Tribunal determinó en cada laudo que la demanda presentada por la Comisión de Administración había sido de forma extemporánea, contraviniendo los términos de la fracción uno, del artículo 106 de la ley aplicable en materia de servidores públicos que señala:

“Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente, tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera”, se lee en el texto que fundamentó los juicios perdidos.

La Comisión propuso el desistimiento de los juicios pendientes para no seguir involucrados en procesos que generan gastos por las reposiciones de los empleados demandados, y por el ejercicio de las oficinas encargadas de realizar los procesos judiciales.

“Continuar conlleva a una carga laboral muy considerable tanto para la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, como (para la) autoridad del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y Órgano colegiado que le corresponda conocer tales controversias”, se lee en el acuerdo.

Los juicios en proceso se han estado rezagando y resolviendo a través del agotamiento de las vías legales, con recursos de amparo que sólo postergan la sentencia en contra del Congreso.

Los expedientes que quedan aún pendientes de resolver, a la espera de dicha resolución serían 114 expedientes.

Un asunto pendiente que han arrastrado las legislaturas locales desde lo administrativo han sido los juicios laborales en los que se encuentra envuelto el Congreso local del Estado de Jalisco.

Al inicio de este año un informe de la Comisión de Administración sobre la entrega-recepción de este poder local reveló que la legislatura entrante enfrentaría 408 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, al 8 de noviembre de 2015.

Actualmente, según un acuerdo interno de la misma Comisión, hay 162 casos vigentes en el registro de demandas del Congreso que fueron promovidos por la legislatura 60 (2012-2015) en noviembre de 2012, por “ciertas irregularidades detectadas”.

Dichas demandas se interpusieron ante el Tribunal de Arbitraje en contra de 219 trabajadores que recibieron nombramientos de base por la legislatura anterior, la 59 (2010-2012).

Sin la toma de medidas eficaces para afrontar ese problema, el Congreso se planteó erogar alrededor de 80 millones de pesos (mdp), como lo advertía un oficio de la Comisión de Administración.
Frente a ese panorama se hubieran tenido que crear nuevas plazas con cargo al presupuesto del ejercicio que correspondiera, con un gasto adicional a la partida que sería del mismo monto, 80 mdp anuales.

El resultado de los procesos legales en los que se ha visto inmerso el Legislativo han golpeado las finanzas, según el acuerdo interno de la Comisión de Administración, fechado el 6 de abril pasado.

Dicho acuerdo, presentado para que el Congreso local desista de las demandas laborales, señala que según la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo fueron tramitados para esperar sus sentencias todos y cada uno de las 162 demandas vigentes.

En los 30 casos ya resueltos, según la misma Dirección, todos recibieron una sentencia desfavorable para el Congreso Local.

En estos casos el Tribunal determinó en cada laudo que la demanda presentada por la Comisión de Administración había sido de forma extemporánea, contraviniendo los términos de la fracción uno, del artículo 106 de la ley aplicable en materia de servidores públicos que señala:

“Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el servidor público no reúna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente, tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera”, se lee en el texto que fundamentó los juicios perdidos.

La Comisión propuso el desistimiento de los juicios pendientes para no seguir involucrados en procesos que generan gastos por las reposiciones de los empleados demandados, y por el ejercicio de las oficinas encargadas de realizar los procesos judiciales.

“Continuar conlleva a una carga laboral muy considerable tanto para la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, como (para la) autoridad del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado y Órgano colegiado que le corresponda conocer tales controversias”, se lee en el acuerdo.

Los juicios en proceso se han estado rezagando y resolviendo a través del agotamiento de las vías legales, con recursos de amparo que sólo postergan la sentencia en contra del Congreso.

Los expedientes que quedan aún pendientes de resolver, a la espera de dicha resolución serían 114 expedientes.

Fideicomiso desechado

Apenas unos meses atrás, en febrero de este año, el poder Legislativo había dejado en duda la creación de una bolsa de 120 millones de pesos para el pago de laudos laborales con los que cuenta el Congreso de Jalisco.

Aunque el 17 de septiembre de 2015 se había aprobado una iniciativa de la Legislatura pasada para la creación del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Pago de Laudos
Laborales del Poder Legislativo, fue la actual Comisión de Administración la que desechó la propuesta y dejó en vilo el pago a los trabajadores despedidos.

La propuesta de creación había sido presentada por el entonces diputado local del PAN, Guillermo Martínez Mora, en agosto pasado, se aprobó un mes después de forma unánime, bajo los objetivos referentes a la obtención de recursos que ayudaran a subsanar los compromisos en materia laboral.

“Los costos de llevar a cabo ese fideicomiso eran elevados y además eran 120 millones de pesos, ahí con ellos representaba un riesgo muy alto porque precisamente un fideicomiso al constituirlo tu no puede tener la inversión como en un banco en renta fija, que es una inversión segura.

“Entonces teníamos que invertir en valores que representaban riesgos para el Congreso. Es dinero que no se puede poner en riesgo”, explicó al diario Milenio Jalisco el secretario técnico de la Comisión de Administración, Francisco de Jesús Mata Gómez.

Añejo problema

Aún con las acciones realizadas, la resolución de los procesos y las propuestas para sanar las finanzas y generar menos costos respecto a los juicios laborales, éstos han sido un añejo proceso que desde la legislatura pasada se ha pretendido resolver.

Durante la legislatura que salió se concretó un foro para proponer acciones que llevaran a la resolución de los problemas de estos juicios heredados.

Una de las principales propuestas que surgió fue la reforma a la Ley para los Servidores Públicos, de la cual se buscaría ‘terminar con las lagunas jurídicas’ que entorpecen la justicia laboral y fortalecer los procedimientos que actualmente son desfavorables para el Congreso.

Otros de los puntos propuestos fue el fortalecimiento con incrementos salariales, porque están por debajo de otros tribunales; creación y aplicación de un sistema escalafonario y de servicio civil de carrera.

Asimismo, la derogación en el artículo 139 de la Ley para los Servidores Públicos, en lo referente al incidente de inadmisibilidad, contra la admisión de una demanda, por ser “notoriamente frívola e improcedente, ya que el mismo, lejos de permitir acelerar los procedimientos, ha sido argumento para la gran mayoría de las entidades públicas demandadas al interponerlo”, como señalaron en el foro.