Los indicadores de violencia en Jalisco no mienten, sin embargo, el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se empeña en desacreditar lo que las cifras y los recientes hechos violentos muestran con puntualidad: Jalisco atraviesa por una crisis de seguridad. 

Bajo el mandato del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, su Contraloría documentó diversos delitos cometidos en varias dependencias de gobierno, tan graves como enriquecimiento ilícito y peculado, pero todo terminaría encubierto y nunca expuesto a la opinión pública. 

Fraude, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, complementan la lista de los ilícitos que la Contraloría del Estado comprobó en las secretarías estatales con las auditorías que realizó durante el sexenio anterior. 

“Tatuaje en el pecho con la figura de una rosa y su nombre Carolina”; “en espalda con el nombre de Yesenia y dos rosas”; “cicatriz en forma de corazón en el tobillo derecho”; “tiene tatuajes en el pie derecho con el nombre de Armando con letra cursiva”; “cicatriz en abdomen de cesárea”. 

Son señas particulares de algunas de las mujeres cuyo rastro se perdió en Jalisco, inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), recientemente actualizado por el Gobierno Federal. 

En los fideicomisos, empresas y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del Gobierno de Jalisco, se han estado produciendo severos daños patrimoniales y desviaciones por miles de millones de pesos, según consta en los archivos de la Contraloría estatal.  

En general conocidos como entidades paraestatales, las auditorías que se han desarrollado sobre éstas en 2013 y 2014, por la Contraloría presidida por Juan José Bañuelos Guardado, han tenido como resultado la documentación de un gasto irregular que asciende a los 4 mil 564 millones 948 mil 469 pesos. 

El caso del secuestro y asesinato del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, tiene aún muchos cuestionamientos, pero uno de los principales es la nula participación de autoridades de seguridad municipales o estatales, a pesar de que se realizó una llamada de emergencia el día en que sucedieron los hechos.