Los malos manejos de la administración de Jalisco de Emilio González sobre los recursos del Seguro Popular han merecido la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

Si bien tuvieron su episodio más grave en el 2012 con la utilización irregular de casi 3 mil millones de pesos, fueron, en realidad, una constante durante gran parte del sexenio del panista.  

Luis Carlos Vega Pámanes y los integrantes de su familia que han hallado un lugar en la nómina del Poder Judicial de Jalisco, están obteniendo del presupuesto público una percepción salarial que alcanza los 362 mil 689 pesos mensuales; en un año habrán sumado más de 4 millones 352 mil pesos. 

Él funge como presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ), pero su apellido también se encuentra en otras latitudes y jerarquías dentro de las estructuras administrativas de ambas instituciones. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) carece de un diagnóstico pormenorizado de los perfiles sicológicos de los casi 17 mil presos que tiene bajo su custodia en el Estado, lo que le impide conocer con puntualidad cuáles son sus niveles de peligrosidad y riesgo, de acuerdo al estudio clínico-criminológico de sus personalidades. 

Esta deficiencia en la gestión penitenciaria de Jalisco se mantiene a pesar de tratarse de un insumo que está considerado fundamental para la seguridad y el mantenimiento de la estabilidad al interior de las instalaciones carcelarias. 

La gran mayoría de las mujeres jaliscienses que han sido víctimas de violencia fueron agredidas en el seno de su propia familia. 

Quienes han recurrido a alguna institución pública a solicitar ayuda reportan haber sido violentadas por alguien con quien tienen o tuvieron parentesco. 

Siete de cada 10 mujeres en Jalisco, según lo muestra el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), sufren este tipo de violencia. 

El millonario fondo de inversión que fue anunciado por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en diciembre pasado, dentro del plan de Ciudad Creativa Digital (CCD) y para la producción de contenidos locales, ha despertado incertidumbre y críticas en instituciones promotoras de la cultura y dentro del círculo cinematográfico en el Estado. 

Algunos miembros del gremio aseguran que la distribución de los recursos de dicho fondo se está dando en la opacidad y de forma discrecional.