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Policías de Jalisco: reprobados y negligentes

El caso del secuestro y asesinato del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, tiene aún muchos cuestionamientos, pero uno de los principales es la nula participación de autoridades de seguridad municipales o estatales, a pesar de que se realizó una llamada de emergencia el día en que sucedieron los hechos. 

"Ya que la fecha establecida para concluir con dicho proceso (de depuración o despido) será el próximo día 30 de octubre de 2014"
Ruth GallardoSecretaria ejecutiva del CESP
Ningún policía municipal de Tlaquepaque, ni del Estado, repararon en el convoy de elementos que levantó al legislador y posteriormente le dio muerte
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El caso del secuestro y asesinato del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, tiene aún muchos cuestionamientos, pero uno de los principales es la nula participación de autoridades de seguridad municipales o estatales, a pesar de que se realizó una llamada de emergencia el día en que sucedieron los hechos. 

Ningún policía municipal de Tlaquepaque, ni del Estado, reparó en el convoy de elementos que levantó al legislador y posteriormente le dio muerte en los límites de Jalisco con Zacatecas, en el poblado de Apulco. Calcinaron el vehículo con su cuerpo y el de su asistente adentro. 

Otro caso emblemático donde se mostró la negligencia, y en esta ocasión en particular hasta la complicidad de policías en un magnicidio, fue el del asesinato del presidente municipal de Ayutla, Manuel Gómez Torres.

El asesinato puso al descubierto la fragilidad que aún impera en Jalisco sobre el proceso de selección y conformación de sus policías, y la facilidad con que siguen siendo penetradas por el crimen organizado. 

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) muestra la manera en que los ayuntamientos ceden a los cárteles puestos clave dentro de sus policías, como comandancias y subdirecciones, desde los cuales operan sus heraldos e interlocutores con la autoridad, así habría sucedido en ese municipio y Unión de Tula.    

En pleno 2014, tras más de cinco de años de vigencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que elevó la exigencia para ser policía con las pruebas de control de confianza, las cosas no han cambiado mucho en Jalisco. 

Los efectos de la legislación aún están por verse, el 4 de agosto el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) anunció la conclusión de la evaluación. Del universo policial de 21 mil 345 oficiales, aprobaron 16 mil 518 (77.4 por ciento), y 4 mil 827 no (22.6 por ciento). La depuración de las fuerzas de seguridad, sin embargo, es un asunto completamente distinto. 

Reporte Indigo le preguntó a los 58 ayuntamientos dados de alta en el sistema electrónico de transparencia, cuántos de sus policías reprobados ya habían sido cesados, como lo marca la ley; los datos recabados (15 no respondieron) son muy reveladores. 

En estos municipios, donde hay conocimiento de, al menos, 2 mil 383 policías no aptos para continuar en esa función, apenas se ha despedido a 259, una décima parte, todo el resto sigue en la operación de sus corporaciones. 

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con datos de la capital, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, se sabe de mil 629 elementos reprobados, pero sólo hay constancia de 105 despidos, un 6 por ciento del total. 

Guadalajara está al tanto de 427 policías no aptos, pero ha destituido sólo a 76 (18 por ciento). En Zapopan, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza rechazó a por lo menos 471 oficiales, hay 44 procedimientos de separación pero ninguno concluido, informa Hernán Guizar Maldonado, comisario de Seguridad, en su respuesta:

“Al día de hoy la Dirección Jurídica adscrita a esta Comisaría no ha notificado a esta dependencia a mi cargo, la baja de ningún elemento operativo, por no haber aprobado los exámenes de control de confianza”.  

En Tlaquepaque, el Centro Estatal no acreditó a 170 elementos, pero únicamente hay siete despidos (4 por ciento); Tonalá, que dice contar con 350 en la misma condición, no tiene avances: “A la fecha ninguno ha sido cesado por dicha causa ya que aún no hemos llegado a la fecha límite”. 

Y Tlajomulco, con 147 no aptos según el Centro Estatal, ha cesado a 22 (15 por ciento). 

Incluso, la misma Fiscalía, donde el Centro Estatal rechazó a mil 187 elementos, tanto en su Policía estatal, investigadora y Vial, como agentes del Ministerio Público y custodios penitenciarios, ha despedido solamente a tres oficiales (menos de un punto porcentual). 

“Del periodo solicitado y de acuerdo a las bases de datos existentes en el área competente (…) se cuenta con el registro de tres elementos separados del cargo por resultar no aptos en las pruebas de control de confianza”, dice la FGE; un mal ejemplo para las instituciones municipales.

Todos los datos de oficiales no aptos atribuidos aquí al Centro Estatal deben ser aún mayores, pues los resultados definitivos insiste en reservarlos para ocultarlos. 

Restan 30 días

A las instituciones de seguridad les resta poco más de 30 días para concretar los despidos de esos casi 5 mil agentes reprobados, asegura la secretaria ejecutiva del CESP, Ruth Gallardo, “ya que la fecha establecida para concluir con dicho proceso será el próximo día 30 de octubre de 2014”.

Los gobernantes, sin embargo, no sólo postergaron de nuevo lo más posible la aplicación de la ley (como pasó con la evaluación policial y la adopción del nuevo sistema penal), también sus beneficios. 

Ninguna instancia estatal, ni el CESP, está dando seguimiento a la depuración de los cuerpos de seguridad; Gallardo calcula que entre un 20 y 30 por ciento de los elementos no aptos están “en proceso” de cese, pero los datos de los ayuntamientos contradicen su dicho. 

La legislación impone cárcel a los titulares de las policías que mantengan y contraten elementos no acreditados. Aún está pendiente que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine el momento exacto en que estas sanciones se harán efectivas.   

“Es un hecho que tienen responsabilidad desde que la ley lo establece”, dice Gallardo, “pero ya el término a partir de cuándo las van a hacer válidas eso todavía queda abierto por este tercero y cuarto transitorio (del último decreto de prórroga del Senado) que no establece de manera precisa el mecanismo”. 

En las ciudades medias la situación es similar, con 392 reprobados, han salido 86 oficiales (22 por ciento). Arandas tiene 43, pero no ha cesado a nadie; Lagos de Moreno, con 68 cesó a 20 (29 por ciento); Ocotlán, con 15, no tiene avance; Puerto Vallarta mantiene a sus 142 elementos no acreditados; Tepatitlán, con 45, tiene ocho despidos, y Zapotlán El Grande (Ciudad Guzmán) dice tener 79 y separó a 58. 

Esfera castrense

El nivel de reprobación con que concluyó la evaluación policial en Jalisco, del 22.6 por ciento, resultó mejor al parámetro nacional del 30 por ciento, y por debajo incluso del que presenta el Ejército Mexicano: del 32.5 por ciento. 

En el Ejército se aplican pruebas de confianza muy similares a las de las Policías, aunque no para todos sus 212 mil 916 efectivos, sino sólo para aquellos que llegarán o están en cargos muy sensibles de la institución: donde se desarrollan labores de inteligencia y manejo de información clasificada, con mando y responsabilidad, o con acceso a los recursos públicos. 

De 2007 al 4 de marzo de 2014 la Unidad de Control de Confianza de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evaluó a 23 mil 975 militares, de estos, 7 mil 813 resultaron no aptos (uno de cada tres), es decir, “no cubrieron el perfil” para los que eran requeridos

Los exámenes de la Sedena tienen tres componentes: el poligráfico, socioeconómico y sicológico, según el Acuerdo por el que se establece la Organización y Funcionamiento de la Unidad de Control de Confianza.

La utilización de este control por los militares muestra un incremento muy importante en los últimos años, si en 2007 se aplicó a mil 375 efectivos –resultando uno de cada cuatro reprobados, 362-, para el 2013 la cantidad se triplicó hasta alcanzar los 4 mil 415, con peores resultados, pues reprobaron cuatro de cada 10 –mil 708-. 

La normatividad de la Sedena no dispone que sus militares no aptos deban dejar sus filas, como sí sucede con los policías; otra diferencia esencial del ámbito castrense es que estos exámenes se aplican “contando invariablemente en todo caso con la plena voluntad y por escrito del interesado a ocupar el puesto de que se trate”, dice el Acuerdo que los regula. 

Lo cierto es que el control de confianza se está usando para todos los niveles jerárquicos de la Sedena. En una respuesta anterior, que considera de diciembre de 2006 a septiembre de 2012, reporta la evaluación de 17 mil 838 efectivos, desglosados así:

494 para generales (2.7 por ciento); 2 mil 55 para jefes (11.5 por ciento); 8 mil 429 para oficiales (47.2 por ciento) y 6 mil 860 para tropa (38.4 por ciento).

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“No tengo ninguna duda, porque no lo secuestraron para pedir rescate, sino simplemente quisieron llevárselo y asesinarlo”, apuntó el legislador a El Universal.

Asimismo aseveró que dirigió una propuesta al Gobierno federal para que se encargue específicamente del caso.