El Gobierno municipal de Zapopan en sus dos últimas administraciones dilapidó los más de mil 100 millones de pesos que obtuvo como deuda bancaria, perdidos hoy en obras diminutas y de muy bajo impacto social, mientras dejaba inconclusos los grandes proyectos y de mayor calado. 

La Fiscalía General de Jalisco dice tener identificado el involucramiento del crimen organizado únicamente en 227 desapariciones de las más de 2 mil que reporta oficialmente al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Gobierno federal.  

Al momento en que la Fiscalía elaboró este informe solicitado por Reporte Indigo, tenía notificados en el RNPED 2 mil 167 desapariciones (hoy son 2 mil 29), así que había indicios de la mano del narco sólo en uno de cada 10 de estos hechos en el estado, según sus investigaciones.  

Los Gobiernos municipales de Jalisco se han vuelto uno de los principales actores detrás de la contaminación en el estado, tanto que rivalizan con el sector privado y sus empresas en la generación de las mayores sanciones económicas por sus recurrentes violaciones a la norma ambiental. 

Así que por cada 100 pesos con que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) penaliza las agresiones al medioambiente en Jalisco, 41 le son impuestos a algún Gobierno municipal, y el resto para alguna de las empresas asentadas en la entidad. 

Las sillas en el gabinete estatal de seguridad pública de Jalisco no siempre han estado ocupadas por funcionarios confiables, a pesar de lo sensible de esas tareas en la alta jerarquía del Ejecutivo, según lo confirman informes de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Guadalajara acaba de vivir la controversia alrededor de la prueba de confianza de su jefe de la Policía, Salvador Caro Cabrera, cuyos resultados demoraron más de 20 días tras el inicio de la gestión del alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, aunque este clarificó finalmente que fueron aprobatorios. 

La historia del fraude millonario al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cometido con la suplantación de identidad de un centenar de jugadores del futbol mexicano, para el cobro irregular de incapacidades médicas, fue sólo botón de muestra del gran negocio ilegal que ha surgido alrededor de estos certificados.