Diputados del Congreso local prefirieron velar por los intereses políticos-partidistas que atender los reclamos de la ciudadanía por las cuentas públicas cuestionadas en las administraciones de Rodrigo Medina y Natividad González Parás.
CUENTASPUBLICAS
El rechazo de las cuentas públicas de las administraciones de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González Parás por el Congreso local en periodo extraordinario se convirtió en el engaño perfecto para la ciudadanía.
Los diputados del PAN y PRI no avalaron estos ejercicios fiscales de 2013 y 2014, que si bien tienen observaciones de la Auditoría Superior del Estado, en la práctica la mayoría no tendría sanciones penales.
El rechazo que hará hoy el Congreso del Estado de las cuentas públicas de las administraciones de los exgobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina embarra a un grupo de priistas que formaron parte de la cúpula del poder.
En la lista de exfuncionarios que enfrentarán responsabilidades –administrativas o penales- hay exdirigentes del PRI estatal, alcaldes priistas, funcionarios federales en funciones y directivos de la UANL.
Porque las cuentas públicas del Gobierno estatal priista reprobadas por la Comisión de Hacienda del Congreso local tienen rostro.
La Fiscalía Anticorrupción estatal abrió la puerta a la figura del testigo protegido para que faciliten información contra el exgobernador Rodrigo Medina por el desvió de 3 mil 600 millones de pesos.
Todos los involucrados como exfuncionarios, empresarios y prestanombres, quienes hubieran estado implicados en un acto de corrupción en la administración pasada, podrían participar para atenuar una posible sanción.
El gobierno independiente de Nuevo León consumó el embargo de 22 propiedades de exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina, entre ellas, sólo una corresponde al exgobernador.
Se trata de un rancho ubicado en el municipio de General Terán, de aproximadamente unas 36 hectáreas.
Esta acción se realizó a través de la “Operación Tornado”, concretada por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos desvíos en terrenos de Pesquería dentro de la carpeta de investigación 2894/2016.
El juez de control que ordenó el embargo fue Pedro Cisneros Santillán.