Seguridad, justicia, presupuesto, renegociación del TLCAN, nombramientos; los pendientes del Congreso de la Unión se acumulan por decenas, cuando está por comenzar el último año de la 63 Legislatura.
Y no se trata de cualquier año legislativo. Es el previo no solo a la sucesión presidencial, sino a la elección más grande en la historia de México, en la que se disputarán 3 mil 416 cargos públicos.
El Congreso de la Unión vive una etapa inédita en la historia del país: los principales temas que se discuten hoy día provienen de la sociedad civil.
Aunque solo uno de ellos -la Ley 3de3- llegó al Congreso en la forma de iniciativa ciudadana, lo cierto es que la agenda de organizaciones civiles ha marcado las decisiones y los debates en el Legislativo.
La lucha de un padre por proveer un medicamento a base de cannabidol para su hija, hará posible que en los próximos días se regule el uso medicinal de la mariguana.
El avance de las reformas durante este sexenio ha tenido un común denominador: el chantaje.
Las negociaciones para aprobar los grandes cambios legislativos han pasado por el condicionamiento de la oposición.
Desde que Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de la República, el PAN y el PRD han aprovechado que el PRI necesita sus votos para sacar adelante los temas que le interesan.
Esto ha sucedido principalmente con el PAN, que desde el 2012 ha comprometido sus votos a favor en diferentes reformas a cambio de que sus iniciativas sean aprobadas.
Mando Único, desaparición forzada, tortura, sistema anticorrupción y legalización de la mariguana, serán algunos de los temas que el Congreso de la Unión estará discutiendo en los próximos meses.
Con el arranque hoy del nuevo periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión tendrá que debatir temas polémicos, algunos de ellos urgentes, por las circunstancias que se viven en el país.
En consonancia con esas necesidades, los congresistas han ajustado su agenda legislativa a asuntos primordiales… pero no en todos están de acuerdo.
Los estados que no homologuen sus leyes de transparencia deberán acatar la norma federal aprobada en mayo pasado, afirmó la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora.