El desastre tras un feminicidio, justicia para Fátima
El feminicidio de Fátima, de 12 años, ha provocado que su familia tenga que esconderse ante las amenazas de los atacantes; además, no han recibido la reparación del daño por parte del Estado mexicano
Monserrat OrtizLa familia Quintana Gutiérrez vivía en una casita a mitad del bosque en Lerma de Villada, Estado de México, hasta que el Estado los obligó a desplazarse para resguardar su vida después de que, el 5 de febrero de 2015, tres hombres asesinaron a Fátima, la pequeña hija de 12 años que quería estudiar medicina para cuidar de sus papás y sus cuatro hermanos.
El padre, Jesús Quintana, era su propio jefe. Se dedicaba a manejar vehículos de transporte público propios en los horarios que él mismo ajustaba para pasar tiempo con su familia.
Lorena Gutiérrez, la madre, tenía un taller de costura en su casa con máquinas de coser. Ambos terminaban de construir su hogar para ofrecer a sus hijos un patio grande, con juegos, en medio del bosque. Y sobre todo, una vida digna.
Después del feminicidio, Jesús vendió sus combis para pagar gastos del proceso judicial; y Lorena se vio obligada a deshacerse de sus máquinas.
La casita de sus sueños quedó solitaria en medio del jardín donde Fátima jugaba con sus hermanos; hoy asegurada y con sellos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Todavía se observan los agujeros de bala que alguien lanzó contra los cristales de las ventanas días después de la liberación de uno de los feminicidas de la niña.
Feminicidio de Fátima, herida abierta
A Fátima Varinia la torturaron, violaron y asesinaron tres hombres en la comunidad de La Lupita Casas Viejas.
El dictamen forense revela que Fátima sufrió por lo menos 43 heridas en cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. La mayoría de ellas provocadas con un objeto punzocortante, “originadas en maniobras de sometimiento”.
Fátima exhaló su último soplo de vida a las 3:30 de la tarde, cuando le dejaron caer tres piedras de más de 30 kilos en la cabeza antes de enterrarla en el bosque.
Creyéndola secuestrada, los vecinos de La Lupita tañeron las campanas de la Iglesia. Después encontraron a tres hombres cerca del lugar donde la niña había sido vista por última vez y localizaron, en su casa, una cubeta con agua, sangre y lodo.
Fátima tenía cuatro hermanos. El más pequeño era Daniel, de 10 años, quien se internó en el bosque y, tras observar la tierra removida en una zanja, vio un piecito semienterrado entre la hojarasca.
Daniel encontró el cuerpo de su hermana inhumado en el bosque con la cabeza deshecha.
Fátima fue víctima de tortura y violación tumultuaria. Tenía heridas internas y su cuerpo fue hallado con lesiones en los senos, glúteos y la entrepierna.
“Mamá, mamá, aquí está ‘Tati’”, dijo Daniel a su madre, Lorena Gutiérrez. “Ayúdenme a sacarla, se está ahogando”.
Luego, se desmayó.
Dani estuvo muy mal después de eso. Él vio a Fátima con su cabello lleno de sangre y su cabeza destrozada. Me decía ‘no se le veía su cabeza, mamá’. ‘No tenía un ojo, mamá’. Fue demasiado lo que le hicieron, fue demasiado lo que Daniel vivió
Después de ese día, el niño sufrió ataques de ansiedad y depresión que le acompañarían por el resto de su vida. Tenía pesadillas en las que aparecía su hermana. Se infringía dolor a través de cortaduras en los brazos.
Daniel perdió la vida el 24 de noviembre de 2020, a sus 16 años, luego de que las autoridades de Salud en Nuevo León se negaron a atenderlo porque confundieron un diagnóstico intestinal grave con la ansiedad de la que el adolescente fue víctima hasta su muerte.
Su madre, Lorena, platica que el adolescente falleció aún teniendo la protección del Edomex como víctima colateral del feminicidio.
“Les dije ‘asesinas’ a Isabel Sánchez Holguín y a la fiscal Dylcia (García), quienes me habían sugerido iniciar una organización civil a nombre de Daniel, para resarcir el daño”, expuso.
El 8 de junio de 2017, la jueza del Distrito Judicial de Lerma de Villada dictó una sentencia condenatoria de 73 años contra Luis Ángel Atayde Reyes; y una absolutoria para José Juan “N”, El Pelón, y ordenó su libertad pese a que los familiares y vecinos lo vieron en el momento y lugar del crimen.
Vivir con miedo
Desde el momento en que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación, comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento por parte de los Atayde Reyes y “El Pelón”, incluyendo una balacera contra su casa.
“Pasaban frente a mi casa en camionetas y gritaban, se los va a cargar la chingada, esto no se va a quedar así, los vamos a matar a todos”.
A Daniel lo amenazaron en más de una ocasión, advirtiendo que, de seguir con las investigaciones, él tendría el mismo destino que su hermana mayor.
El 5 de septiembre de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) ordenó una medida de desplazamiento forzado a la familia ante el peligro de ser asesinados.
El 19 de septiembre se mudaron por primera vez a Xonacatlán en calidad de protegidos, mientras su casa quedó resguardada.
La persecución no se detuvo y fueron reubicados una vez más, en septiembre de 2017. La Comisión inició los trámites para enviarlos a otro país en calidad de refugiados, pero el proceso no se consolidó. El año pasado, tras la muerte de Daniel, la familia fue desplazada por tercera vez.
Jimena Quintana, hermana mayor de Fátima, se alejó de sus padres y hermanos por temor a que alguien pueda hacerle daño a sus niños.
No se puede vivir así. Tener miedo de salir a la calle, de que cualquier familiar que salga no regrese. También es muy feo tener que llegar a dormir a un sitio que no es tuyo
La abogada Ximena Ugarte, su asesora jurídica, asegura que la Comisión de Víctimas ofrece algunos apoyos a la familia, pero todavía no se ejerce la reparación integral del daño que el Estado está obligado a ejecutar.
“En lo que se refiere a reparación integral del daño de la familia no ha pasado nada. No hay que confundir el apoyo que se les ha dado para efecto de traslados, alimentación, por las amenazas, apoyos médicos que son parte del derecho que tienen las víctimas, con una reparación del daño”.
La familia vive, dicen, “como prisioneros en su propio país”. Sin acceso a la salud, la educación ni al empleo formal. Viven apretados en un cuartito, ocultos y sin poder utilizar sus documentos oficiales para acceder a un empleo ante el riesgo de ser localizados por quienes quieren hacerles daño, aún cuando el daño mayor ya está hecho.
@ItsMonseOrtiz
