A Fátima Varinia Quintana Gutiérrez la torturaron, violaron y asesinaron tres hombres el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México. Tenía tan solo 12 años.

Ese día, Fátima regresaba de la escuela cuando sus vecinos la interceptaron a 200 metros de su casa, en el poblado de la Lupita Casas Viejas, para secuestrarla.

Forcejearon con ella, la encerraron en un domicilio y comenzó la tortura.

El dictamen de mecánica de lesiones realizado por la Fiscalía especializada en Feminicidios de Toluca, revela que Fátima sufrió por lo menos 43 heridas en cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades; además de lesiones anales y genitales. La mayoría de ellas, provocadas con un objeto punzo cortante, “originadas en maniobras de sometimiento”.

Fátima exhaló su último soplo de vida a las 3:30 de la tarde, cuando sus asesinos notaron que, pese a la tortura, ella seguía aferrándose a la vida; y le dejaron caer tres piedras de más de treinta kilos en la cabeza antes de inhumarla en el bosque.

El asesinato no sólo apagó la vida de la niña, sino también la de todos quienes la amaron.

Cuando se dieron cuenta de que estaba secuestrada, los vecinos de La Lupita tañeron las campanas de la iglesia, con estridencia, como gritos de alerta en cada toque.

Después encontraron a tres hombres cerca del lugar donde la niña había sido vista por última vez y localizaron, en su casa, una cubeta con agua, sangre y lodo.

Se trataba de los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde Reyes, acompañados por José Juan “N”, “El pelón”, quien se encargaba de distribuir estupefacientes entre los jóvenes de la comunidad y que, tiempo antes, ya había manifestado a sus amigos sus deseos de violar a la niña.

Fátima tenía cuatro hermanos. El más pequeño era Daniel Quintana Gutiérrez, de 10 años, quien se internó en el bosque con la esperanza de localizar a su hermana.

Comenzó a observar la tierra removida en una zanja. De pronto vio un piecito semienterrado entre la hojarasca.

Daniel encontró el cuerpo de su hermana semienterrado en el bosque, con la cabeza deshecha, el cabello ensangrentado y sin un ojo.

Antes de asesinarla, Fátima fue víctima de tortura y violación tumultuaria: los hombres la penetraron de forma vaginal y anal. Además de las heridas internas, su cuerpo fue hallado con lesiones en los senos, glúteos y la entrepierna.

“Mamá, mamá, aquí está Tati”, dijo Daniel a su madre, Lorena Gutiérrez. “Ayúdenme a sacarla, se está ahogando”.

Luego se desmayó.


“Dani estuvo muy mal después de eso. Él vio a Fátima con su cabello lleno de sangre y su cabeza destrozada. Me decía, no se le veía su cabeza, mamá. No tenía un ojo, mamá. Fue demasiado lo que le hicieron, fue demasiado lo que Daniel vivió”.

Después de ese día, el niño sufrió ataques de ansiedad y depresión que le acompañarían por el resto de su vida. Tenía pesadillas donde veía a su hermana. Se infringía dolor a través de cortaduras en los brazos.

El 8 de junio de 2017, la juez del Distrito Judicial de Lerma de Villada dictó una sentencia condenatoria de 73 años contra Luis Ángel Atayde Reyes; y una absolutoria para José Juan “N”, El Pelón, y ordenó su libertad pese a que los familiares y vecinos lo vieron en el momento y lugar del crimen.

Lo que sigue después del feminicidio

Para la familia de Tatis, el feminicidio de la niña sólo fue el inicio de la tortura.

Antes del “infierno”, como ellos mismos consideran a su vida, la familia Quintana Gutiérrez vivía tranquilamente en la casita que edificaron a mitad del bosque, hasta que el Estado los obligó a desplazarse para resguardar su vida.

El señor Jesús Quintana era su propio jefe. Se dedicaba a manejar vehículos de transporte público propios en los horarios que él mismo ajustaba para pasar tiempo con su familia.

Lorena Gutiérrez, la jefa de familia, tenía un taller de costuras en su casa con máquinas de coser que se había comprado poco a poquito. Ambos terminaban de construir su hogar para ofrecer a sus hijos un patio grande, con juegos, rodeados de pinos gigantes. Y sobre todo, una vida digna.

Pero desde el momento en que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación, comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento por parte de los Atayde Reyes y El Pelón, incluyendo una balacera contra su casa.


“Pasaban frente a mi casa en camionetas y gritaban, se los va a cargar la chingada, esto no se va a quedar así, los vamos a matar a todos”.

A Daniel lo amenazaron en más de una ocasión, advirtiendo que, de seguir con las investigaciones, él tendría el mismo destino que su hermana mayor.


“Mientras los demás estábamos en las audiencias, le llamaban por teléfono para decirle que lo iban a matar como a su hermana. En varias ocasiones nos siguieron en automóviles. A mi esposo estuvieron a punto de secuestrarlo”.

El 5 de septiembre de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAV) ordenó una medida de desplazamiento forzado a la familia ante el peligro de ser asesinados.

Después del feminicidio, Jesús vendió sus combis para pagar gastos del proceso judicial; y Lorena se vio obligada a prescindir de sus máquinas.

Y la casita de sus sueños quedó solitaria en medio del jardín donde Fátima jugaba con sus hermanos; hoy en día, asegurada con sellos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Todavía se observan los agujeros de bala que alguien atizó contra los cristales de las ventanas días después de la liberación de uno de los feminicidas de la niña.

El 19 de septiembre se mudaron por primera vez al municipio de Xonacatlán en calidad de protegidos, mientras su casa quedó resguardada.

Pese a las medidas de protección, la persecución no se detuvo y fueron reubicados una vez más, en septiembre de 2017. La Comisión inició entonces los trámites para enviarlos a otro país en calidad de refugiados, pero el proceso no pudo consolidarse.

Daniel perdió la vida el 24 de noviembre de 2020, a sus 16 años, luego de que las autoridades de salud en Nuevo León se negaran a atenderlo porque confundieron un diagnóstico intestinal grave con la ansiedad de la que el adolescente fue víctima hasta su muerte.

Su madre, Lorena, platica que el adolescente falleció aún teniendo la protección del Edomex como víctima colateral de un feminicidio.


“Les dije asesinas a Isabel Sánchez Holguín y a la fiscal Dilcya, quienes me habían sugerido iniciar una organización civil a nombre de Daniel para resarcir el daño. Lo asesinaron aún estando bajo las medidas de protección del Estado”.

El año pasado, tras la muerte de Daniel, la familia fue desplazada por tercera vez.

Jimena Quintana, hermana mayor de Fátima, se alejó de sus padres y hermanos por temor a que alguien pueda hacerle daño a sus niños.

“No se puede vivir así. Tener miedo de salir a la calle, de que cualquier familiar que salga no regrese. También es muy feo tener que llegar a dormir a un sitio que no es tuyo”.

La abogada Ximena Ugarte, su asesora jurídica, asegura que la Comisión de Víctimas ofrece algunos apoyos a la familia, pero todavía no se ejerce la reparación integral del daño que el Estado está obligado a ejecutar.


“En lo que se refiere a reparación integral del daño de la familia no ha pasado nada. No hay que confundir el apoyo que se les ha dado para efecto de traslados, alimentación, por las amenazas, apoyos médicos que son parte del derecho que tienen las víctimas, con una reparación del daño”.

La familia vive, dicen, “como prisioneros en su propio país”. Sin acceso a la salud, la educación ni al empleo formal, a la espera de que la justicia dicte una sentencia condenatoria contra José Juan “N”, presunto autor material del feminicidio de Fátima.

Sobreviven apretados en un cuartito, ocultos y sin poder utilizar sus documentos oficiales para acceder a un empleo ante el riesgo de ser localizados por quienes quieren hacerles daño, aún cuando el daño mayor ya está hecho.

Una investigación sin perspectiva de género

José Juan “N” obtuvo su libertad el 8 de junio de 2017, pese a que más de diez personas lo vieron el día y hora del feminicidio en la escena del crimen.

Aún cuando el derecho internacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron investigar toda muerte violenta de mujeres con perspectiva de género, el caso de Fátima fue investigado como un homicidio.

Al inicio, el poder judicial no concedió valor probatorio a declaraciones de los testigos que vieron en el lugar de los hechos a José Juan “N” minutos antes de la desaparición de Fátima.

La Fiscalía no ordenó realizar pruebas de saliva ni ADN para determinar si el material genético encontrado en las prendas u objetos hallados en el lugar de los hechos pertenecían al perfil de alguno de los acusados.

El Ministerio Público no consiguió tomar muestras de los presuntos implicados, porque ellos se negaron.

No recopilaron todas las muestras correspondientes del cadáver. El ingeniero Químico José Antonio Alva Medina argumentó:


“Me permito comunicarle que la prueba de Saligae para la identificación de saliva, en frote de seno derecho e izquierdo, no se llevó a cabo debido a que actualmente el laboratorio de química no cuenta con reactivo para dicho análisis”.

El expediente que las autoridades entregaron a la familia está incompleto. No hay un acta de levantamiento del cuerpo.

Años después del delito, Lorena tuvo acceso a las fotografías del cadáver de su hija y considera que el trabajo de investigación de los forenses no fueron suficientes.


“No dice todo lo que hay en las fotos. Mi hija estaba destrozada por fuera y por dentro, le metieron un objeto de bordes irregulares por el ano”.

Además, la Fiscalía no analizó los ocho videos que entregó José Juan “N” en su defensa, donde presuntamente comprobaba que se encontraba en otro sitio en el momento del feminicidio.

La defensa de los Quintana Gutiérrez argumenta:


“No se cumplió con la metodología para la extracción del video, no se acompaña el formato en cadena de custodia, de la misma forma durante su reproducción en juicio se aprecia que estos fueron editados, ya que los nombres de dichos archivos no corresponden a los que de manera automática les daría el DVR, también fue evidente que el video original fue fragmentado, y se desconoce qué motivos se eligieron únicamente los fragmentos que fueron presentados por la defensa de José Juan”.

Ximena Ugarte concluye que ninguno de los peritos estaba capacitado para la investigación.

“No se generaron las obligaciones forzadas que corresponden al poder judicial de los estados o la federación tratándose de delitos de violencia contra las mujeres, de feminicidio y sobre todo de una víctima menor de edad, de doce años”.

@ItsMonseOrtiz

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