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auditorías
para entes
de gobierno, era la meta en 2015 de la
Contraloría del Estado


El documento destaca que hay confusión en el quehacer de la contraloría y una desvinculación con otras oficinas del ramo


“Resulta que las auditorías las hacemos con un procedimiento del siglo pasado. No tenemos una legislación ordenada (…) no podemos hacer lo que no estamos autorizados”

Juan José Bañuelos

Titular de la Contraloría
del Estado

“Yo me atrevo a decir que la Contraloría ha sido un organismo que no ha servido para nada en los últimos años. Ha servido para desfigurar los quehaceres de la administración pública y para guardar secretos”, así describió a la dependencia a su cargo el contralor del estado, Juan José Bañuelos Guardado

Lejos de ser la máxima dependencia a nivel estatal para la realización de auditorías y la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en faltas graves a la ley, la Contraloría del Estado de Jalisco carece de la infraestructura suficiente para hacer un buen ejercicio de sus funciones.

Así lo han determinado diversos diagnósticos elaborados por el Poder Ejecutivo de Jalisco, además de confirmarlo el propio titular de la dependencia, Bañuelos Guardado, durante su comparecencia en el Congreso Local por el tercer informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.

En cuatro páginas donde se abordan las problemáticas, consecuencias y focos de atención que atañen a la administración pública en esta dependencia, el Plan Institucional 2014-2018 evidencia una Contraloría deficiente y maniatada.

De las revisiones se destacan algunos problemas estructurales, como la debilidad en el control, registro y verificación de la situación patrimonial de los servidores públicos; pérdida de la competencia para la recepción de quejas y denuncias, y en los trámites de los procedimientos sancionatorios.

También se habla de debilidad en el Registro Estatal de Inhabilitaciones y en el Registro de Sanciones Administrativas, a la vez que no hay coordinación efectiva entre los órganos de control y vigilancia de las entidades públicas estatales, los poderes del Estado, los organismos autónomos ni con las contralorías municipales.

Agregando que hay una falta de modernización y actualización en los equipos y normativas, falta de capacitación técnica y poca confianza y credibilidad ciudadana hacia el gobierno, según lo señala el propio documento oficial.

Algunas de las causales atañen a normativas ausentes o añejas que deben ser formuladas por los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que existen confusiones en el quehacer de la contraloría y una desvinculación con otras oficinas del ramo.

Las normas actuales no sirven para que los funcionarios públicos den cuenta de los actos sancionatorios y menos de su situación patrimonial. 

Todo esto, según el mismo documento, también se da en una “dependencia presupuestal que pone en riesgo la imparcialidad de sus funciones”. 

Los procedimiento se ven entorpecidos por la falta de equipo y normatividad, a la vez que el personal no está capacitado para llevar a cabo auditorías

Además de que no hay especialistas para hacer capacitaciones pertinentes y los funcionarios destinados a estas áreas se tienen que ver inmersos en otros trabajos, como en la recepción de quejas, por la falta de personal.

Y aunque asume la necesidad de tener más empleados y presupuesto para lograr realizar bien sus tareas, en lo que va del gobierno de Aristóteles Sandoval el presupuesto de esta dependencia ha incrementado de 86 millones 541 mil pesos, en 2014, a 127 millones para este 2016, cuya nómina de cerca de 281 empleados se llevarán 86 millones 855 mil de los ingresos presupuestales.

“Resulta que las auditorías las hacemos con un procedimiento del siglo pasado. No tenemos una legislación ordenada (…) no podemos hacer lo que no estamos autorizados”, reconoció Juan José Bañuelos durante la Glosa.

De acuerdo con datos proporcionados en el tercer informe de Aristóteles Sandoval, las auditorías concluidas a dependencias del Ejecutivo, paraestatales y fideicomisos llegan apenas a 98, cuando la meta en 2015 era de 107.

Los datos de las mismas no han sido publicadas y, según el propio contralor, están por ser puestas en la página web de la dependencia.

La tasa de incidencia de corrupción y el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que debe detectar y reportar la Contraloría para el informe, no se actualizaron y no existen datos sobre eso.

Corrupción en crecimiento

Según el documento, en su problemática número 12, existe un alto índice de corrupción en las dependencias y entidades públicas, cuyas causales se detalla son por la falta de organización ciudadana para vigilar las acciones gubernamentales.

Apunta que existe un cultura de la queja y la denuncia por actos de corrupción de los funcionarios públicos que es “reducida e informal”. Criticando que la participación de la sociedad jalisciense en la formación de políticas públicas es baja.

Sin embargo todo esto se da de cara a una problemática seria sobre la percepción de la corrupción en el país, como lo han determinado diversos estudios, entre ellos la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En dicho sondeo, 92 por ciento de los encuestados considera que existe corrupción en México. A la vez que 47.6 por ciento afirma que el primer acto de corrupción se da en el gobierno.

Augusto Valencia López, diputado local de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de Vigilancia, consideró que la Contraloría ha sido cómplice en esa percepción de corrupción.

“Yo creo que el grave problema que tiene el gobierno de Aristóteles es un contralor que no sabe para qué es la contraloría y que se ha dedicado a llevar a cabo procedimientos como tapadera para que este gobierno se dé vuelo en la corrupción que hoy en día, en cuanto a la percepción del ciudadano, se va incrementando”, manifestó Valencia.

Perfil inadecuado

Durante la Glosa Ciudadana del titular de la Contraloría estatal en el Congreso local, éste aludió que la oficina que hoy representa ha fungido como tapadera del gobierno en turno, lo que sirvió para que el diputado Augusto Valencia señalara que el propio Bañuelos acepta la debilidad de su dependencia.

Mientras explicaba que se han enviado reformas administrativas en otras materias, como seguridad, señaló que desde su percepción el gobierno estatal parece no querer mejorar la Contraloría al enviar un perfil inadecuado para la misma.

“El señor Juan José no tiene un perfil como para hacerse cargo de un trabajo técnico (…) en los tres años que llevan de gobierno no se conoce de una observación al propio gobierno del estado, entonces yo creo que aplica eso que nos vino a decir, que es una institución que se dedica a guardar secretos”, apuntó Valencia López.