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Acusan de fraude a grupo de Ismael

Javier Estrada

Hace más de 25 años la ruta 326 fue fundada por choferes y obreros que la vieron consolidarse en una importante flotilla de camiones.

Pero ahora, la mitad de los socios fundadores acusan públicamente que quieren separarlos de la empresa que opera la ruta, por pedir cuentas claras a un grupo vinculado con el líder estatal de la CTM, Ismael Flores Cantú.


Jun 3, 2013
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Hace más de 25 años la ruta 326 fue fundada por choferes y obreros que la vieron consolidarse en una importante flotilla de camiones.

Pero ahora, la mitad de los socios fundadores acusan públicamente que quieren separarlos de la empresa que opera la ruta, por pedir cuentas claras a un grupo vinculado con el líder estatal de la CTM, Ismael Flores Cantú.

Éste lo encabeza el transportista Javier Pérez Silva, a quien denuncian de fraude y de contar con la protección del dirigente cetemista y del secretario de la Federación Estatal de Auto Transportes (FEAT) Juan Méndez Domínguez.

La pugna dentro del gremio sindical se desata en medio del conflicto que sostiene el secretario general de la central obrera con el Gobierno del Estado. 

Diferencia que, incluso, se trasladó a la discusión por la revisión de las tarifas del transporte y que por ello ha pegado en los bolsillos de los usuarios.

Los accionistas aseguran que con la protección de Flores Cantú, el transportista obtuvo ilegalmente un poder general de dominio sobre la empresa.

Porque lo hizo sin la aprobación de todos los socios.

Y que con ese poder, Pérez Silva realizó operaciones financieras irregulares y ruinosas.

Entre los 24 camiones de la flotilla, dos edificios y la concesión con la que opera la empresa, el valor de la ruta supera los 20 millones de pesos y tiene un ingreso promedio de 1.5 millones mensuales.

Sin embargo, los denunciantes dicen que el presunto defraudador quiere liquidarlos a cada uno con 30 mil pesos porque supuestamente la empresa está quebrada, a pesar de que algunos han trabajado en la ruta durante más de dos décadas.

Seis de los 12 accionistas aseguran a Reporte Índigo que Pérez Silva obtuvo el poder de la sociedad “Unión de Propietarios de Microbuses Infonavit-Moderna-Centro, Ruta 326”, mediante una fraudulenta asamblea extraordinaria de socios.

El supuesto acto se llevó a cabo el 19 de abril de 2005 y, entre las decisiones que aparentemente se tomaron, fue la de otorgar esas facultades a Pérez Silva.

El notario público número 116, Ramiro Garza Ponce, protocolizó la asamblea que quedó inscrita en la escritura pública número 6 mil 993, en la que se supone comparecieron todos los socios.

Aún así, la mitad de ellos asegura que nunca fueron convocados a esa presunta asamblea.

Además, señalan que se realizó en la “Casa del Obrero”, donde se encuentran las oficinas centrales de la CTM en Monterrey, cuando debió celebrarse en el domicilio de la concesionaria, en San Nicolás de los Garza.

Macario Mendoza Rodríguez, uno de los que inauguraron la ruta y que luego fundó en 1997 la empresa que ahora la opera, es uno de los que desconocen esa asamblea.

El socio ha exigido cuentas de los malos manejos administrativos de Pérez Silva y su grupo pero, según él, el transportista lo amenazó con separarlo de su cargo si continúa con sus demandas.

“Javier Pérez fue el que consideramos que nos ha hecho fraude por malos manejos que ha habido. Él en realidad nunca nos ha dado cuentas, siempre nos ha dicho que no hay ganancias.

“(El año pasado) acudimos a la Federación con el señor Juan Méndez para cambiar de administración, pero Juan Méndez no quiso cambiarlo, manifestando que este señor era colaborador de Ismael Flores”, cuenta.

Recuerda que desde enero pasado han querido contactar al líder sindical para plantearle la situación, pero que no ha habido respuesta, a pesar de que la ruta está afiliada a la central obrera y que en ella se dirimen estas controversias.

“No hemos tenido una respuesta del señor Ismael Flores”, recalca Mendoza Rodríguez, “siempre he sido cetemista y no tengo nada en contra de la CTM, lo que tengo en contra es a Javier Pérez, porque él está haciendo mal”.

Los socios afirman que la ruta fue fundada con 65 permisionarios, pero que ahora sólo quedan 12 socios.

Muchos de ellos, según los inconformes, han sido liquidados por el propio Pérez Silva o disuadidos para que no continúen en la empresa.

Los hermanos Servando y Benjamín Alvarado Zapata también están en contra de los malos manejos y hacen un llamado al líder cetemista para que atienda el conflicto obrero.

“Quieren vender la ruta sin consentimiento de nosotros”, dice Servando, quien durante 14 años se ha desempeñado como operador y despachador de salidas de camiones.

“Queremos una cita con Ismael, para que nos haga justicia y oiga nuestros reclamos”.

El socio fundador Carlos Alberto Zavala Campos, acusa que el otro 50 porciento de los accionistas son prestamistas de Pérez Silva.

Este grupo, de acuerdo con él, es el que les exige pagar una supuesta deuda de cerca de 15 millones de pesos.

“Supuestamente son a los que les debemos y ahora en la junta (de accionistas pasada) que hicieron, dan a entender que se quieren adjudicar la mitad de la ruta como pago.

“Cada vez que un socio se quería ir nosotros teníamos que aportar, hemos liquidados socios, ahora que somos 12 todos nos han costado, imagínate nada más el dinero que hemos estado pagando”.

Excesos sobre ruedas

La ruta 326 resultó ser una mina de oro para el grupo vinculado con los líderes sindicales de la CTM y la FEAT.

Los accionistas inconformes ofrecen como pruebas de los malos manejos los estados financieros de marzo y abril de este año, los únicos a los que han tenido acceso.

El despilfarro en esos dos meses hizo que la sociedad cerrara en números rojos.

Por ejemplo, en marzo percibió ingresos por 1 millón 396 mil pesos, pero los egresos ascendieron a 1 millón 494 mil pesos.

Abril cerró con ganancias por 1 millón 518 mil pesos y con gastos que sumaron 1 millón 636 mil pesos.

Los concesionarios sostienen que las pérdidas se deben a gastos innecesarios y personales de Pérez Silva y sus colaboradores.

Entre ellos, señalan pagos por comida para perro, convivios del propio Juan Méndez Domínguez, shows de comedia, eventos deportivos, abonos de préstamos que desconocen los socios, desayunos y rentas de inmuebles ajenos a la operación de la empresa.

“Si no hay dinero, si la empresa no está dando utilidades, ¿para qué hace pachangas? Tiene un departamento que rentó y cada semana tiene pachanga”, cuestiona Mendoza Rodríguez.

En los estados financieros también se pueden encontrar compras de boletos para peleas de box, recargas de tiempo aire para celulares, gastos relacionados con futbol y viajes de pesca.

Los socios dicen que el grupo que se apoderó de la empresa no reparte utilidades y exigen una auditoría externa a las finanzas.

Armando Alcocer Juárez y José Eliuth Mendoza Rodríguez, quienes tienen 20 años de experiencia en la ruta, se unen a esa exigencia.

“Nunca nos ha entregado ingresos y egresos, siempre se ha hecho valer por los compañeros de la CTM”, comenta José Eliuth, hermano de Macario.

Desconoce fraude, acepta vínculos

El transportista Javier Pérez Silva evadió dar explicaciones en torno a las acusaciones de fraude y malos manejos administrativos en la ruta 326, pero no negó su vinculación con los líderes sindicales Juan Méndez e Ismael Flores.

“Bueno, la ruta pertenece sindicalmente a la FEAT y de filiación pertenece a la CTM”, se limitó a decir el transportista vía telefónica.

Tajante y parco en sus respuestas, el apoderado de la sociedad aseguró que la asamblea que los accionistas señalan como fraudulenta, en verdad fue consentida por todos los socios.

“¿Qué le puedo decir? Mire, ahorita ando fuera de la ciudad, pero volviendo déjeme checar bien ese asunto, pero en todas (las asambleas) han firmado”.

También se negó a responder sobre el despilfarro financiero en la ruta y la supuesta deuda de 15 millones de pesos que rechaza la mitad de los socios.

“Desconozco yo todo eso, yo creo que mejor cuando llegue hablamos”, sostuvo, “debería sentarme a ver en realidad las cuentas”.


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