El cetemista Javier Pérez Silva, acusado de fraude por socios de la ruta, revocó los poderes a uno de los principales accionistas de la línea de transporte.

Y se trata precisamente de uno de los hombres que lo acusó de fraude.

En su calidad de presidente de la empresa camionera, Pérez Silva comunicó a través de un escrito la decisión de quitarle sus facultades al secretario y ajustador de la compañía, Macario Mendoza Rodríguez.

“Los poderes que le habían sido otorgados, le han sido revocados, por lo que a partir de esta fecha se le pide que ya no acuda a atender choques, accidentes o a alguna dependencia, autoridad, empresa, negocio, persona.

“Ya que si lo hace, el trámite que realice no tendrá validez”, se lee en la misiva.

Mendoza Rodríguez desconoce esta acción, porque no hubo una notificación notariada de por medio, y porque solamente llegaron copias del escrito a las oficinas de la ruta, en San Nicolás.

Esto se suma a la pugna por la ruta 326, disputada por cetemistas disidentes y un grupo afín a Ismael Flores y al dirigente de la Federación Estatal de Auto Transportes (FEAT), Juan Méndez Domínguez.

El cisma dentro de la empresa adherida a la central obrera se debe a que la mitad de los socios denuncian que Pérez Silva obtuvo ilegalmente un poder general de dominio, con el que ha realizado operaciones irregulares y ruinosas.

“La revocación también fue similar cuando obtuvo el poder: no hubo asamblea ni hubo nada”, expresa el secretario de la compañía.

“Ni siquiera me han hablado, eso (el escrito) amaneció ahí. Me hablaron en la mañana de la ruta para que fuera a ver eso”.

Pérez Silva fue demandado por la vía civil a que abriera el balance contable de la ruta desde 2004, pero hasta el momento se ha negado a hacerlo dentro del procedimiento legal.

Los permisionarios inconformes aseguran que la empresa camionera vale más de 20 millones de pesos, pero el resto de los socios dicen que le debe 4.5 millones de pesos al acusado de fraude.

El conflicto obrero se dio justo en medio de los desacuerdos políticos entre la CTM y el Gobierno del Estado, que derivó en la revisión de las tarifas del transporte.

El pasado 22 de mayo los legisladores panistas se impusieron contra la bancada del PRI y reformaron la ley, para que el Congreso local sea el que fije las tarifas de transporte público, facultad que antes tenía el Ejecutivo.

De tal manera que el gobernador Rodrigo Medina vetó esta aprobación en el Diario Oficial de la Federación y devolvió el proyecto al Legislativo con observaciones.