La idea de la inclusión financiera debería ser más arriesgada y tiene que empezar por romper con paradigmas que estigmatizan a las personas con discapacidad. Foto: Especial

Personas con discapacidad luchan por autonomía financiera

Las adversidades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad también se expresan cuando intentan acceder a servicios financieros. Su reclamo es claro; buscan visibilizarse como un mercado que hasta ahora ha sido marginado

Las personas con alguna discapacidad que viven en México tienen un acceso limitado a productos financieros para proteger su capital o incluso poder invertirlo.

El sistema financiero mexicano carece de herramientas de apoyo en Lengua de Señas Mexicanas y sistema de escritura braille, contratos y procedimientos de diferentes formatos que los hagan accesibles a diferentes formas de discapacidad,  altura de cajeros automáticos y ventanillas amigables para personas de talla baja o la capacitación y sensibilización del personal.

Estas carencias, identificadas en  el estudio “Inclusión financiera de las personas con discapacidad: Retos y recomendaciones”, se configuran como barreras fisicas o discriminación para  gran mayoría de las personas con discapacidad que intentan acceder a algún servicio financiero.

Se estima que en México viven 6.2 millones de personas con alguna condición discapacitante, en tanto que de la población de 12 años y más pertenecientes a este grupo, apenas 37 por ciento de ellos cuentan con un trabajo, de acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).

“Nosotros no solo estamos atrás, estamos fuera (del sector financiero). Cuando yo soy usuario de servicios financieros y ocurre una situación de discriminación me puedo quejar en CONDUSEF; pero cuando ni siquiera me dan la oportunidad de pertenecer a los servicios financieros, pues ahí no podemos quejarnos con nadie”, lamenta Germán Bautista, un hombre con discapacidad visual y participante del estudio.

La urgencia de visibilizarse como sujetos con la necesidad de consumir desde una tarjeta de crédito, hasta un seguro, motivó la participación de 100 personas con diferentes discapacidades y de diversas entidades del país en el estudio; las cuales evaluaron diversos aspectos de su relación con el sistema financiero mexicano.

“Es un riesgo tener que dar información confidencial a otras personas para que te ayuden a hacer los trámites, tienes que confiar plenamente en las personas. Si alguna persona como tu esposo o alguien que sea controlador, estás en desventaja de poder usar o disponer del dinero que es tuyo. Eso es un problema”, apuntó una participante de la investigación, con discapacidad auditiva de 52 años.

En el estudio se encontró que, a pesar de que casi en su totalidad la población con discapacidad ha logrado acceder a por lo menos un producto financiero; cuando trataron de obtener un crédito el 35 por ciento nunca lo ha podido hacer.

Con los seguros es aún más complicado, 49 por ciento de los encuestados nunca ha tenido uno, lo que amplifica la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad que vive con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, ninguna de las personas con discapacidad intelectual que participaron en la encuesta tuvo acceso a una de estas herramientas financieras.

En tanto que en el caso del acceso a las Afores, 42 por ciento de los encuestados no cuentan con una actualmente.

El estudio recomienda que para una inclusión financiera integral es necesario el rediseño de plataformas y contratos a lenguajes que se adapten a cada tipo de discapacidad; capacitar al personal de sucursales y líneas de servicio con una perspectiva empática, además de continuar con la obtención y monitoreo de información estadística específica del consumo de productos financieros por parte de la población discapacitada.

Ideas que van más allá

La idea de la inclusión financiera debería ser más arriesgada y tiene que empezar por romper con paradigmas que estigmatizan a una persona que presenta una discapacidad. Esa es la idea de Joaquín Alva, inversor y promotor de derechos humanos que, más allá de atarse a una silla de ruedas, echa a volar su ingenio para poner en la mesa propuestas que revolucionen la relación del sistema financiero mexicano y el rol de una persona con discapacidad como receptor de medidas asistencialistas.

Uno de los conceptos que deben romperse es que las personas con discapacidad no tienen dinero, de acuerdo con Alva.

Actualmente, en el padrón de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, se tiene registrado que casi un millón de personas reciben dos mil 950 pesos bimestrales por concepto de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente “imagina que cada beneficiario invirtiera en Cetes, que se puede desde 100 pesos ¿Te imaginas quién no quisiera operar esos fondos?”, plantea Joaquín.

Por otro lado, Carolina Cetina, ejecutora del estudio, suma otra propuesta que trasciende de lo planteado en el estudio. “¿Por qué no contratan a las mismas personas con discapacidad en las instituciones financieras, para que ellas se desenvuelvan como persona de banco y puedan también atender a la diversidad de personas, con las mismas condiciones, que requieren un servicio financiero?”.

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