Estados en la mira

Desde finales de la década de los ochenta y de manera más marcada después de la crisis de deuda de 1995, la prioridad de la política económica mexicana ha sido mantener la estabilidad macroeconómica.

México es reconocido a nivel global como uno de los países emergentes con mejores fundamentales macroeconómicos, entre los que destaca un déficit fiscal controlado y un nivel de deuda relativamente bajo.

No obstante, la falta de control sobre la deuda de estados y municipios ha contrastado con los principios de responsabilidad fiscal que han caracterizado al manejo de las finanzas públicas nacionales de los últimos años.

Casos como los de Coahuila, que en un solo sexenio pasó de tener uno de los niveles más bajos de deuda a ser uno de los estados con los pasivos (tanto relativos como nominales) más altos del país, pusieron de relieve esta situación.

Las finanzas públicas mexicanas se encuentran fuertemente presionadas por la caída del precio del petróleo. A pesar de que ya entró en vigor una reforma fiscal recaudatoria (que en opinión de varias instituciones de la iniciativa privada es el factor que explica la desaceleración económica), el gobierno decretó un recorte al gasto público de 259 mil millones de pesos para el 2015 y el 2016 que aún no empieza a ejecutarse.

En este contexto, el Presidente de la República envió al congreso la iniciativa de legislación secundaria de la Ley de Disciplina Financiera abocada a ordenar, limitar y acotar la deuda estatal y municipal a los principios de responsabilidad fiscal. 

Medidas disciplinarias

Las leyes secundarias pretenden poner candados a la contratación de deuda mediante medidas como la necesidad de la mayoría calificada de los congresos estatales. Asimismo propone una serie de reglas y estándares de disciplina financiera.

Destaca la propuesta de la creación de un registro público único para todas las obligaciones financieras de los estados, incluidos aquellos pasivos relacionados con proyectos de asociaciones públicas y privadas .

Además, se contempla la creación de un sistema de alerta de deuda que califica a los estados en tres segmentos: estable (capacidad para endeudarse hasta por el 10 por ciento de sus ingresos totales), bajo observación (capacidad de hasta el 5 por ciento) y de deuda elevada (sin capacidad para endeudarse).