A unas semanas de que se aplique en todo el país el mando único policial, el robo sigue ganando la batalla. En apenas tres meses de este año, es el delito que más ha crecido de todos: un 31.7 por ciento del total.

La nueva reforma de telecomunicaciones abre la puerta para que los medios de radiodifusión pública y comunitaria puedan obtener ingresos por publicidad, algo a lo que siempre se han opuesto las empresas privadas de radio y televisión.

No es para menos. Solo Televisa y TV Azteca concentran casi el cien por cien de la publicidad en la televisión abierta, un mercado con un valor superior a los 35 mil millones de pesos al año.

La legislación actual prohíbe que los permisionarios -que reciben todos sus recursos del Estado- obtengan dinero a partir de publicidad.

Desde la llamada “Ley Televisa”, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se ha convertido en un botín político, que las fuerzas del mercado querían controlar.

Mantener la Comisión como está, aún dotándola de mayores atribuciones en la Ley Federal de Telecomunicaciones para eliminar la doble ventanilla y aumentar los montos de las multas por incumplimiento de la ley, en poco cambiará esa situación.

Más allá de la intención de la reforma de las telecomunicaciones de abrir el sector a la competencia y acabar con los monopolios, falta saber cómo repercutirá en el usuario. ¿Será una reforma superficial o tendrá herramientas para que el público se beneficie  y la iniciativa no se quede solo en un litigio entre los futuros concesionarios?

Puede ocurrir que ni siquiera se acabe con el duopolio Televisa-TVAzteca, sino que simplemente quede sometido a reglas, opina Irene Levy, presidenta de Observatel, que se pregunta sobre la versión final de la reforma:

Aunque su futuro hoy es incierto, Mony de Swaan está en la tablita. 

Se quede o no en el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones –el organismo que sustituirá a la Cofetel–, tendrá que rendir cuentas.

Sobre su espalda pesan más de 133 millones de pesos del erario público que habría asignado, de manera directa y sin licitación pública, a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a la empresa Napsys México, en teoría para desarrollar trabajos muy similares.