En su afán de cerrar el círculo de la información sobre violencia y acotar los agentes de inteligencia, que parecen saber todo de todos, Enrique Peña Nieto propuso sacar del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a Monte Alejandro Rubido García.

Se trata de un funcionario relacionado con Genaro García Luna y con un sistema de intervención telefónica conocido como Octopus, que habría servido durante el panismo al Cisen.

En la madrugada de ayer un comando armado disparó contra la puerta principal del Diario de Juárez. Media hora después, al parecer los mismos sujetos abrieron fuego contra el Canal 44. 

Más de una docena de impactos de bala se contabilizaron en las fachadas de los edificios de ambos medios chihuahuenses. 

Los responsables de los atentados, en los que no hubo heridos, siguen libres.

Tres días antes, también en Chihuahua, la muerte alcanzó al periodista Jaime Guadalupe González Domínguez.

Las modificaciones del organigrama del gobierno federal abonaron al silencio, que fue elocuente desde la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

El 11 de diciembre el Senado aprobó que la Secretaría de Seguridad Pública formara parte de Gobernación. 

La rebautizaron como la Comisión Nacional de Seguridad y pasó a dirigirla Manuel Mondragón y Kalb, con el cargo de Subsecretario de Planeación y Protección Institucional.

Con él, surgió el puesto de subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, en el que nombraron a Roberto Campa Cifrián.

Ante la realidad devastadora que dejó el sexenio del presidente Felipe Calderón en seguridad, con cifras de muertos y desaparecidos que según unas fuentes superan los 80 mil, al sexenio de Peña Nieto le urgía un cambio drástico esa área.  

Era necesario, además,  cambiar la percepción de seguridad entre los mexicanos, y al menos en el discurso, arrancó determinado a dar un golpe de timón a la ineficiente táctica de seguridad de su predecesor. 

La nueva estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto va, como las que la antecedieron, camino al fracaso. El saldo de los primeros dos meses de gobierno, 2 mil 243 muertos por homicidio, es similar al de los últimos años de Felipe Calderón. 

Más de medio millón de órdenes de aprehensión no han sido cumplimentadas.

En opinión del abogado José Antonio Ortega, el recién estrenado “nuevo PRI” repite un error que tuvieron los gobiernos del PAN: creer que la marginación es el origen de la violencia homicida.