Fiscalía en debate
Con la llegada del PRI al poder, el gobierno de Jalisco sufrirá una de sus más profundas modificaciones a su estructura orgánica.
Y es que en días pasados fueron aprobadas una serie de cambios a la Constitución local y otras leyes que permitieron la creación de una Fiscalía General, encargada de todo lo que tenga que ver con asuntos de seguridad.
Apenas ayer el PRI presentó el proyecto de reforma a la Constitución local para permitir a Luis Carlos Nájera –ex secretario de Seguridad Pública– asumir como fiscal general.
Paloma RoblesLa propuesta no ha sido bien vista por otros académicos y especialistas de la ciudad, que incluso han firmado comunicados en contra de la decisión
Ayer el PRI presentó el proyecto de reforma al artículo 53 fracción 6 de la Constitución local para permitir a Nájera asumir como fiscal general
Con la llegada del PRI al poder, el gobierno de Jalisco sufrirá una de sus más profundas modificaciones a su estructura orgánica.
Y es que en días pasados fueron aprobadas una serie de cambios a la Constitución local y otras leyes que permitieron la creación de una Fiscalía General, encargada de todo lo que tenga que ver con asuntos de seguridad.
Apenas ayer el PRI presentó el proyecto de reforma a la Constitución local para permitir a Luis Carlos Nájera –ex secretario de Seguridad Pública– asumir como fiscal general.
Siguiendo el modelo nacional que atribuyó más poder a la Secretaría de Gobernación, los priistas en Jalisco confían en que aglutinar en la Fiscalía a la Policía del Estado, la Procuraduría local, Vialidad, Protección Civil y hasta al sistema penitenciario, va a traer mejores resultados en materia de seguridad.
Guillermo Zepeda Lecuona, académico del ITESO y especialista en temas de seguridad explica que además de no consultar a la sociedad civil y otros organismos públicos, tampoco se tomó en cuenta que antes de hacer grandes cambios legales- estructurales, se deberían realizar ajustes en políticas públicas.
“¿Qué es más fácil, reformar la policía o cambiar la ley?” ironiza el especialista quien considera la propuesta como “una decisión de corte inquisitivo”.
“Es parte de un lenguaje del derecho penal del enemigo. Como es un enemigo el delincuente, vamos a reducir la esfera de garantías y cerrar filas contra el enemigo por eso juntamos a peritos, juntamos a la policía, al ministerio público y nomás los jueces no por que sería muy descarado”.
La propuesta no ha sido bien vista por otros académicos y especialistas de la ciudad que incluso han firmado comunicados en contra de la decisión.
La propuesta fue avalada por el Congreso del Estado el domingo 24 de febrero.
La oposición no causó mella al bloque creado por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, encargados de presentar la iniciativa.
Incluso al voto de los diputados se sumó la aprobación de más de 80 municipios que avalaron las modificaciones y con ello admitieron el nuevo modelo policiaco de mando único.
Propuesta a la que hace tres años el hoy gobernador Jorge Aristóteles Sandoval se oponía férreamente.
No resuelven el problema
“Aquí en Jalisco se suprime el debate de si es seguridad ciudadana, seguridad pública y se subraya la persecución penal”, advierte Zepeda Lecuona quien también puntualiza que al amontonar dependencias “aumenta la vulnerabilidad de las personas que se enfrentan con el Estado”.
La seguridad es ahora vista únicamente en función de lo judicial pues el concepto de la prevención quedó marginado en la propia exposición de motivos de la iniciativa recién aprobada.
El académico del ITESO crítica que la reforma no resuelve los verdaderos problemas del sistema de justicia en el estado.
“Tenemos el sistema penal más saturado del país; tenemos 190 por ciento de ocupación penitenciaria, se acaban de abrir mil 700 espacios más en el reclusorio metropolitano, eso desahoga, pero el tema de fondo es que estamos abusando de la prisión.
”Es un cambio de marco conceptual, un cambio de endurecimiento. El problema de fondo es organizacional no orgánico”.
Ejemplifica el asunto al referirse a la situación laboral de policías y ministerios públicos. Estos últimos no cuentan con nombramientos de base, y su inestabilidad laboral incide directamente con la falta de profesionalización del personal, refiere el entrevistado.
Agrega que con la creación de la fiscalía áreas como la oficina de investigación de homicidios, quedaron intocadas, pese a que en el último sexenio fueron asesinados dos de los directores y el índice de impunidad de ese delito creció de 40 a 70 por ciento.
“Hay que reforzarla con medidas muy puntuales y no con cambios orgánicos (…) que ojala fueran secundados por políticas públicas adecuadas”.
En estados como Coahuila y Chihuahua también fueron creadas fiscalías.
Pero en Coahuila, luego de seis años de existir –durante la administración del priista Humberto Moreira-, fue finalmente desecha por inviable.
En Chihuahua poco faltó para que el sistema de justicia -que debe ser autónomo- formara parte de la nueva mega estructura de seguridad, crítica Zepeda Lecuona.
En esta nueva estructura en Jalisco, los agentes de vialidad dejan de ser parte del área de Vialidad y Transporte para sumarse a la Policía del Estado.
Aunque en la iniciativa aprobada por el Congreso local no se explica cómo se haría el cambio de estructura.
La propuesta deja de lado las políticas de prevención de delitos y no refuerza las áreas de inteligencia policial.
El especialista estima que el sistema de juicios orales debe agilizarse pues es el único método de contrapeso a la gran estructura de la fiscalía.
Otro asunto intocado es la defensoría pública. Se trata del cuerpo de abogados del Estado que defiende a las personas que no cuentan con recursos para su defensa legal.
En Jalisco el 60 por ciento de los procesos son llevados por defensores públicos y esa área del sistema penal no se tocó. Cada defensor público tiene a su cargo alrededor de 100 juicios, una suma que rebasa sus capacidades.
Por otra parte, los peritos -los técnicos que levantan partes- se convierten en parte de la fiscalía cuando deberían tener independencia pues son ellos los que emiten criterios sobre montos, daños e informes de causas.
Una de la defensa del nuevo gobierno es que la fiscalía estará compuesta de Consejos Consultivos en cada área serán integrados por ciudadanos y organismos de sociedad civil
Eso a dicho del entrevistado no garantiza que vaya funcionar “va ocurrir lo que ha ocurrido con este tipo de órganos consultivos (…)terminan siendo órganos legitimadores.
“De hecho la ultima reforma a la Ley de Seguridad Pública disminuyó el alcance del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública que ahora ya no tiene injerencia en la ratificación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se debilitó”.
Sin memoria
La oposición al mando único del hoy gobernador Arsitóteles Sandoval, cuando fue alcalde de Guadalajara era clara. El propio titular de la Policía Federal Genaro García Luna se vio obligado a responder a las críticas que Sandoval Díaz hizo al respecto.
“La impunidad es clara. ¿Una policía única nos va a resolver el problema? No lo va a resolver. Tenemos nuestras fuerzas que están día a día debatiéndose entre la vida y la muerte, combatiendo en todo el país”, argumentaba Sandoval Díaz.
Para él la reforma integral debía venir “desde la prevención, administración, la procuración de justicia, la impartición de la misma, hasta la ejecución de la pena y la readaptación”.
Pero paradójicamente, la propuesta que criticaba, ahora es retomada él mismo en su carácter de gobernador.
La nueva fiscalía tiene el gran propósito de fusionar en el estado desde la policía hasta el sistema penitenciario, sin importar los contrapesos y sin tomar en cuenta las enormes deficiencias del sistema.
Pero en la propuesta de cambio de sistema, el modelo de policía única también viene incluido.
Las policías municipales se aglutinarán a las del estado y en la Zona Metropolitana de Guadalajara se buscará mayor coordinación según ha dejado entrever el equipo del gobernador entrante.
Pero el cambio institucional en materia policiaca tampoco parece considerar aspectos como la profesionalización de las corporaciones que hoy enfrentan una crisis al no contar con el suficiente soporte en la aprobación de las pruebas de confianza.
Fiscalía no garantiza DDHH: Cepad
Quedan muchas dudas respecto a la efectividad de la nueva fiscalía, sobre todo en cuanto al respeto a los Derechos Humanos.
Pues se sabe que una de cada tres quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos va en contra de la Policía del Estado y la procuraduría.
Al respecto Francisco Macías del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) refiere que la reforma que crea la fiscalía incumple con las recomendaciones de independencia de jueces que dictó recientemente la Organización de las Naciones Unidas.
Pues con el nuevo esquema de fiscalía fácilmente se puede incidir en la autonomía del Poder Judicial.
El activista afirma que la nueva estructura no garantiza la defensa a los Derechos Humanos, pues la iniciativa no modifica la estructura que opera dentro de la procuraduría.
Hasta hoy existe solo una dirección de supervisión de derechos humanos que da seguimiento a las quejas pero no sanciona ni penal ni administrativamente a los señalados por daños.
Además la iniciativa de reforma a la estructura de procuración de justicia carece de un diagnóstico de la situación en Jalisco.
Pues no se cuenta con indicadores, ni plazos ni criterios que definan la efectividad de la implementación del nuevo mecanismo. Eso limita la rendición de cuentas del nuevo modelo de justicia.
La iniciativa de fiscalía no determinó montos de gasto.
“No es lo mismo sumar que hacer un nueva estructura”, señala Francisco Macías del Cepad quien recuerda que la nómina de la procuraduría es de la mas grandes del Ejecutivo.
Reforma Nájera, a discusión
La premura con la que se aprobaron las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y a la Ley orgánica del Poder Ejecutivo, ponen hoy a los diputados locales de nuevo en la palestra del rumbo del Estado.
Y es que los 10 días que tuvieron los diputados locales para discutir y aprobar la transformación del Poder Ejecutivo fueron insuficientes y ahora deberán hacer nueva adecuaciones.
Pues al definir a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco como titular de la Fiscalía General del Estado se contraviene al marco legal recién aprobado.
Pues en él se determina que ningún secretario de Estado ni ex gobernador (recién salido de la administración pública) puede ocupar ese espacio.
El candado sobre el nombramiento fue avalado por los diputados, sin que en su momento fuera un problema.
Nájera Gutiérrez fue titular de la policía estatal durante el periodo de gobierno de Emilio González Márquez y fue el único funcionario público -de extracción panista- que se mantuvo en el gobierno del estado.
El nuevo gobierno de Jalisco, encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval buscará realizar un adendum a la Ley Orgánica a fin de que Nájera Gutiérrez permanezca como titular de la nueva fiscalía.
Esa modificación deberá pasar por el Congreso del Estado quien deberá determinar si lo aprueba o no.
Reforma Express
A pocos días de su nombramiento como “encargado del despacho de la fiscalía” ya son muchas las voces que critican las premuras en las formas del nuevo gobierno del Estado. Pues en ocho meses de transición no mencionaron nada respecto al cambio en la estructura orgánica del Poder Ejecutivo.
Sumado a lo anterior el equipo del gobernador resistió hasta el final el jaloneo de nombres que ocuparían los cargos en el gobierno del estado.
Razón que podría explicar porque hoy el nombramiento de Nájera permanece en vilo.
Desde el equipo del gobernador defienden la postulación de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco como titular de la fiscalía pues aseguran que “con eso se garantiza gobernabilidad” en las áreas de seguridad.
Hasta hace unas semanas la permanencia de Nájera Gutiérrez de Velazco sería solo para dirigir la Policía del Estado en el esquema de mando único.
Luego vino la rebatinga política sobre quién sería el fiscal general, nombres como el del ex gobernador panista Gerardo Octavio Solís y del magistrado -de filiación priista, cercano a Arturo Zamora- Espartaco Cedeño Muñoz sonaron.
Finalmente en ese puesto fue nombrado a Nájera Gutiérrez de Velazco quien días antes aseguraba que no lo aceptaría.
Pero el impedimento para nombrar al ex secretario de Seguridad Pública podría destrabarse si los diputados aprueban el adendum a la Ley.
El coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso Miguel Castro Reynoso asegura que ellos fueron respetuosos de la propuesta hecha por el entonces equipo de transición.
Y se dijo a la espera de que sea presentada la modificación.
Ayer al medio día fue presentada por la Secretaría General de Gobierno en el Congreso local.
La versión de Movimiento Ciudadano es diferente: el coordinador de la fracción Clemente Castañeda, señaló que no se pude legislar “con dedicatoria específica” sino debe hacerse como un proyecto de mediano o largo plazo.
Las palabras de Movimiento Ciudadano dejan entrever que el apoyo de ese partido al gobierno del estado, costará caro al ejecutivo.
En tanto que el PRD en voz de su coordinador Enrique Velázquez señaló que la propuesta es “revisable”.
Gildardo Guerrero del PAN exigió planeación al gobierno del estado, pues modificaciones como las que piden pudieron haberse solventado desde antes si hubieran tenido el tiempo suficiente para analizar la propuesta.
El panista insistió en que la propuesta de modificación no es adendum sino una modificación constitucional que deberá someterse votación de la mayoría de los municipios.
