En los últimos años los gobiernos estatales se han caracterizado por gastar mucho y hacerlo sin apego a normativas. Ninguna autoridad los sanciona.

De 2009 a 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en 21 entidades, incluido el Distrito Federal, en el destino de recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).

Sin embargo, la Auditoría no ha cumplido a cabalidad con su papel pues detecta anomalías, las da a conocer y no las sanciona.

El Gobierno del Estado informó ayer de la detención de un grupo de secuestradores, entre los que está el exsoldado y exuniformado policiaco en Estados Unidos Javier Aguirre Cárdenas, o Ricardo González García.

Ambos nombre son con base a identificaciones distintas que poseía el supuesto líder de la banda de plagiarios, quien fue aprehendido el 19 de octubre en la colonia Valle del Campestre, en San Pedro.

En esa ocasión, el exintegrante de la milicia norteamericana habría sido detenido cuando conducía un vehículo donde llevaba una escuadra 9 milímetros.

El comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb rindió cuentas.

Tras once meses de “transformación institucional”, el hombre que tomó las riendas de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal presentó su Primer Informe de Labores.

Mondragón y Kalb habló de su gestión en medio de la ola de violencia que se vive en distintas partes del país, sobre todo en Tamaulipas y Michoacán.

Creían que tenían una conversación con una niña filipina de 10 años. Las casi 20 mil personas que contactaron a “Sweetie” en un lapso de dos meses, hicieron comentarios sobre su cuerpo, su virginidad, la edad de sus propias hijas e incluso le pidieron a la pequeña que realizara distintos actos sexuales frente a una cámara.

Lo que no sabían es que su interlocutora era un modelo hecho en una computadora, cuyos movimientos emulaban los que realizaba un miembro de “Terre des Hommes Netherlands”, asociación sin fines de lucro que defiende los derechos de los niños.

La madrugada del pasado 17 de octubre, el abogado Juan Felipe Morales García fue asesinado en la denominada “Zona Romántica” o la zona Rosa de Puerto Vallarta. Su hermano y su cuñado viajaban con él, los mataron con fusiles AK-47 o Cuernos de Chivo. 

Sobre el abogado se siguen varias líneas de investigación que lo vinculan a un caso de despojo y hasta se investiga su posible participación en el grupo del crimen organizado denominado La Corona, ligado al extinto capo sinaloense Ignacio “Nacho” Coronel.