Fondo de Seguridad no tuvo buen fin
En los últimos años los gobiernos estatales se han caracterizado por gastar mucho y hacerlo sin apego a normativas. Ninguna autoridad los sanciona.
De 2009 a 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en 21 entidades, incluido el Distrito Federal, en el destino de recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).
Sin embargo, la Auditoría no ha cumplido a cabalidad con su papel pues detecta anomalías, las da a conocer y no las sanciona.
Georgina Howard“¿No ameritaba tal circunstancia dar vista al MP para que realizara una investigación por la probable comisión de un delito?”
El primer amparo se interpuso en el tercer juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal
"Recurrimos como ciudadanos ante los tribunales con el objeto de terminar con la impunidad de las autoridades"
Es un hecho que las irregularidades han aumentado y para 2014 tampoco se observan mayores controles
En los últimos años los gobiernos estatales se han caracterizado por gastar mucho y hacerlo sin apego a normativas. Ninguna autoridad los sanciona.
De 2009 a 2011 la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en 21 entidades, incluido el Distrito Federal, en el destino de recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP).
Sin embargo, la Auditoría no ha cumplido a cabalidad con su papel pues detecta anomalías, las da a conocer y no las sanciona.
Un premio a la impunidad que no se castiga, aunque queda en los anales de la memoria histórica de muchos mexicanos.
Desde 2008 el empresario Alejandro Martí les dijo a los gobernantes, tras el secuestro y muerte de su hijo: “si no pueden renuncien”.
Han pasado cinco años y la impunidad sigue en México.
Se amparan
Como una medida de defensa, un grupo de activistas, investigadores y abogados, acompañados de la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpusieron un amparo ante un juzgado de distrito en contra de la Auditoría Superior de la Federación.
La razón, omisión para presentar denuncias en contra de autoridades que malversaron recursos públicos en materia de seguridad.
Los integrantes solicitaron que se determinen los daños o perjuicios, se identifique a los responsables y se finque el monto de indemnizaciones y sanciones pecuniarias.
En pocas palabras, que se inicien denuncias ante el Ministerio Público por las diversas irregularidades en el ejercicio del FASP.
Lo más lamentable, denunciaron, es que en sus reportes la propia Auditoría calificó los informes sobre el gasto de recursos para la seguridad en negativos, con salvedades, y limpio.
Incluso, la ASF aceptó las consecuencias sociales originadas por las irregularidades cometidas, así como su impacto sobre la seguridad de los ciudadanos.
Hasta ahora no existe registro alguno de que la Auditoría Superior de la Federación haya dado parte al Ministerio Público.
Tampoco se ha ejercido presión para que se repare el daño a la sociedad, a pesar de que en su capítulo de Consecuencias Sociales, la propia Auditoría admite que en varios estados se propició un aumento en las tasas delictivas.
Es un hecho que las irregularidades han aumentado y para 2014 tampoco se observan mayores controles a la cantidad de recursos que se pretende otorgar, dijo Morera.
Unir esfuerzos
Respaldan el recurso de amparo: Alejandro Hope; Alejandro Martí; Amanda Berenstein; Ana Laura Magaloni; Claudio X. González, entre otros ciudadanos
Causa Común abrirá la posibilidad de que más ciudadanos puedan sumarse a una cadena de amparos para que haya transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto gubernamental.
Respaldan el recurso de amparo: Alejandro Hope; Alejandro Martí; Amanda Berenstein; Ana Laura Magaloni; Claudio X. González; Ernesto López Portillo; Federico Reyes Heroles.
Giulliano Lopresti; Josefina Ricaño de Nava; Juan Francisco Torres Landa; Leo Zuckermann; Luis Manuel Pérez de Acha; Luis Rubio; Maite Azuela y María Amparo Casar.
Así como Pablo Girault; Roberto Trad; Rodolfo Rubio; Roy Campos; Sergio Aguayo; Verónica Baz y Xóchitl Escobedo Sandoval, entre otros.
Luis Pérez de Acha, abogado que se encargó de presentar el amparo, señaló que de frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2014, el gobierno propone destinar 7 mil 921 millones 641, 079 de pesos al FASP.
“Es apremiante hacer notar a las autoridades que los ciudadanos se encuentran inconformes con la manera en que se han gastado los recursos del Fondo”.
Es por ello que ante la omisión cometida por la ASF “recurrimos como ciudadanos ante los tribunales con el objeto de terminar con la impunidad de las autoridades y lograr que la Auditoría sancione a los responsables».
Pérez de Acha recalcó la importancia del amparo ya que «a través de este medio de defensa se pretende que un Juez encargado obligue a la Auditoría a ejercitar las facultades que legalmente le han sido confiadas».
El primer amparo se interpuso en el tercer juzgado de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, con el expediente número 1153/2013.
Los sucesivos se presentan como un medio de defensa legal que tienen los ciudadanos para que la autoridad disponga de medidas efectivas de control de los recursos destinados a la seguridad pública.
Hizo ver la importancia de que los ciudadanos conozcan este recurso para defenderse de las violaciones y omisiones que las diferentes autoridades del país cometen sobre sus derechos humanos.
Corrupción de todos colores
Aquí no importa el color o el grupo al que se pertenezca, la corrupción ha sido democrática, todos la han ejercido.
Hoy 21 entidades han sido señaladas por desviar recursos del FASP y no ha pasado nada.
A manera de ejemplo, en 2009 este organismo encontró que el gobierno del estado de Hidalgo “no cumplió con las disposiciones normativas en algunas operaciones”.
En pocas palabras, se declaraba el gasto por el pago de percepciones extraordinarias sin cubrir los requisitos, incluso pago a personal que no realizaba funciones de administración.
Pero nada sucedió, tan es así que el entonces gobernador de aquella entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, es hoy secretario de Gobernación.
De acuerdo con los reportes de la ASF, en Aguascalientes, no se cumplieron los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública.
En Baja California, entidad gobernada por el PAN, no pudo demostrar en qué gastaron 145 millones 977 mil 300 pesos en el ejercicio de 2009.
Campeche registra un rezago en los objetivos y metas programáticas dirigidas a salvaguardar la seguridad de la población.
En Colima los homicidios se incrementaron en un 64.9 por ciento, los robos a vehículos en 220.7, los robos a casa habitación 26.5, robo a transeúntes 73.8 y secuestros con un aumento del 60 por ciento.
Chiapas, por su parte, también reportó de 2009 a 2011 anotaciones por parte de la Auditoría, pues a pesar de los recursos obtenidos del fondo no logró disminuir los homicidios ni los robos.
En Chihuahua, se detectaron faltantes en la cuenta del fondo así como pagos improcedentes por más de un millón de pesos.
El Distrito Federal no capacitó a la totalidad de los elementos de seguridad pública. Con todo y los recursos que le trasfirieron, el reporte de la ASF no identifica personal calificado para preservar el orden y la paz pública.
En el Estado de México sólo 2.3 por ciento de los elementos de seguridad pública realizaron de forma integral la capacitación y evaluación que aplica el Centro de Control y Confianza, el resto no cuenta con ninguna capacitación.
En Michoacán, gobernado por el PRD, no pudo demostrar dónde se aplicaron 238 millones 728 mil pesos durante 2011.
Nuevo León no realizó la evaluación completa a los elementos de seguridad pública y procuración de justicia, ni tampoco cuenta con personal calificado para preservar la seguridad.
En Veracruz desaparecieron de la cuenta bancaria del FASP 122 millones 162 mil 400 pesos durante 2010.
En Tlaxcala se incrementaron los homicidios en 19.6 por ciento, los robos de vehículos 30.8, robo a casa habitación en 53.0 por ciento.
Como estos caso, hay muchos más que han quedado solo en la denuncia, una mala nota o un tache, pero la Auditoría no va más allá.
En el caso de Michoacán, la organización se cuestiona si se erogaron más de 238 millones de pesos, sin que haya documentación comprobatoria soporte, “quiere decir que no existe certeza si realmente se llevaron a cabo dichas operaciones”.
En materia fiscal si un gobernador no cuenta con la documentación soporte de sus erogaciones la autoridad puede legalmente presumir que se están omitiendo ingresos que no se quieren declarar para evitar el pago del impuesto, explicó el abogado Luis Pérez de Acha.
“¿No podemos los ciudadanos válidamente presumir que esas operaciones que no cuentan con documentación en realidad no se realizaron y alguien se quedó con ese dinero?
“¿No ameritaba tal circunstancia dar vista al MP para que realizara una investigación por la probable comisión de un delito?”
Si en Michoacán el realizar erogaciones que no cuentan con documentación soporte generó promociones de responsabilidad administrativa, advirtió.
Por qué en Baja California que también se erogaron más de 145 millones de pesos que no cuentan con documentación soporte, no se generó ninguna promoción de responsabilidad administrativa para algún funcionario, cuestionó a las autoridades.
¿Esto significa que la ASF califica de dos maneras diferentes una irregularidad o demuestra que no se tiene una uniformidad en la manera como se califican las irregularidades?, concluyó el abogado.
¿Qué es el FASP?
El FASP se compone de los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública destinados exclusivamente a los siguientes rubros, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal:
> Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
> Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
> Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
> Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
> Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
> Cualquier gasto que se haga por un concepto diferente no cumple con el fin del programa y se está cometiendo una irregularidad.
Señalados e impunes
La Auditoria Superior de la Federación señaló, del 2009 al 2011, 21 entidades culpables de desviar recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) y sin embargo, hasta ahora no hay sanciones ni denuncias contra funcionarios responsables.Baja California
No justificaron el gasto de 145 millones 977 mil 300 pesos
Chihuahua
Se detectaron faltantes en la cuenta del fondo así como pagos improcedentes por más de un millón de pesos
Distrito Federal
No capacitó a la totalidad de los elementos de seguridad pública
Estado de México
Solo 2.3 por ciento de los elementos de seguridad pública realizaron la capacitación y evaluación
Michoacán
No pudo demostrar dónde se aplicaron 238 millones 728 mil pesos
Nuevo León
No realizó la evaluación completa a los elementos de seguridad pública y procuración de justicia
Veracruz
Desaparecieron de la cuenta bancaria del FASP 122 millones 162 mil 400 pesos
Colima
Los homicidios se incrementaron 64.9 por ciento, robos a vehículos en 220.7, a casa habitación 26.5, a transeúntes 73.8 y secuestros aumentaron del 60 por ciento
Chiapas
No logró disminuir los homicidios ni los robos
Tlaxcala
Incrementaron los homicidios en 19.6 por ciento, los robos de vehículos 30.8, a casa habitación 53.0 por ciento
Guanajuato
No justificó el gasto de 66 millones 369 mil 300 pesos
Sinaloa
No justificó el gasto de 24 millones 845 mil 500 pesos
