La PGR tiene la oportunidad de demostrar de qué está hecha. 

Desde ayer, una denuncia contra funcionarios del pasado gobierno panista está en sus manos.

Un grupo de perredistas denunció ante la Procuraduría General de la República al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y al exsecretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Pese a las diferencias antagónicas, la gobernabilidad se antepuso en el PRD. Su reciente Consejo Nacional logró concluir sin “desenvainar la espada”.

Hasta antes del 21 de marzo no se había construido un proceso electoral para renovar la dirección del partido del sol azteca. Tampoco se había logrado armar una candidatura de unidad –en especial para contar con candidatos interinos en la presidencia nacional y la secretaría general del partido-. 

Diputados del PRD anunciaron que la próxima semana acudirán a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar a Genaro García Luna y Alejandro Poiré, los exfuncionarios que en su momento aseguraron que Nazario Moreno había sido abatido en 2010.

Fernando Zárate Salgado y Marcos Rosendo Mediana Filigrana informaron ayer en conferencia que el próximo miércoles estará listo el expediente completo para sustentar la denuncia que interpondrán en la Fiscalía Especial de Delitos de Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Divididas al interior y fuera de sus partidos, las izquierdas electorales se encuentran preparando el terreno rumbo al 2015. 

El próximo año habrá comicios en 17 estados y nueve gubernaturas serán renovadas. Producto de la reciente reforma político-electoral, se pondrá a prueba el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que, de forma no concentrada, centralizará la organización de las elecciones federales en todos los órdenes de gobierno. 

Nuestra actual Carta Magna no da para más. Se ha perdido su sentir como pacto social, su carácter revolucionario. 

Las reformas estructurales y los cambios que se han implementado a nuestra Constitución han transformando su concepción original. Las modificaciones que entraña la reforma energética promulgada en diciembre pasado prueban la violación de diversos derechos de los mexicanos.