A la caza de la clientela perredista
El uso clientelar que las administraciones capitalinas le han dado a los programas sociales está a punto de sucumbir. La razón es simple: el Gobierno Federal pretende arrebatárselos.
Y el programa de apoyo a los adultos mayores es el primero en la lista. Sí, ese que marcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que aglutina casi medio millón de votos potenciales.
Jonathan Villanueva971
El proyecto legislativo ofrece un espectro de beneficiarios más amplio (a partir de los 65 años) y un monto económico mayor al que maneja el DF
De acuerdo a especialistas en derecho constitucional, la iniciativa de ‘Ley de Pensión Universal’ abre la posibilidad para que el GDF derogue
el programa
de apoyo
El uso clientelar que las administraciones capitalinas le han dado a los programas sociales está a punto de sucumbir. La razón es simple: el Gobierno Federal pretende arrebatárselos.
Y el programa de apoyo a los adultos mayores es el primero en la lista. Sí, ese que marcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que aglutina casi medio millón de votos potenciales.
El primer paso lo dio el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentar a la Cámara de Diputados una iniciativa de “Ley de Pensión Universal” que pretende, entre otras cosas, derogar el programa que instauró el GDF hace 10 años.
Así lo advierten especialistas en material electoral, comunicación política y desde luego, perredistas…
Y es que gracias a este programa los “viejitos” han sido el voto más duro de la izquierda capitalina. Tan así que diversos liderazgos ven en este sector el principal ejército del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de AMLO.
Por esa razón se encendieron las señales de alerta en los sectores duros del PRD, máxime, cuando todo apunta a que la bancada priista terminará por imponer su mayoría en esta y otras leyes.
Otro factor de riesgo para los perredistas radica en que el nuevo esquema de pensiones para adultos mayores sería operado por alguien que conoce las entrañas del PRD: la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
El proyecto legislativo, que llegó a la Cámara de Diputados a principios de esta semana, ofrece un espectro de beneficiarios más amplio (a partir de los 65 años) y un monto de mil 92 pesos mensuales.
Actualmente el Gobierno del Distrito Federal entrega apoyos alimentarios a adultos mayores de 68 años a través de tarjetas “Nueva Vida” por un monto de 971.40 pesos mensuales.
Mientras que el Programa Pensión para Adultos Mayores que implementó el gobierno federal durante la era panista atiende a las personas adultas mayores de 65 años de todo el país, pero con apoyos de mil 50 pesos bimestrales.
Por eso la batalla en San Lázaro, en este caso, será por la clientela del principal bastión perredista: el Distrito Federal y algunas entidades albiazules a finales de este año y principios del 2014.
El discurso es claro en todos sentidos. Los partidos de oposición en la capital del país y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa DF) han denunciado que los apoyos económicos son clientelares.
Y desde que la ex jefa de gobierno capitalino, Rosario Robles, llegó a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, los perredistas y panistas la señalan de darle un trato electoral a los apoyos sociales.
Mientras que los priistas en la ciudad aseguran que pronto vendrán más programas sociales.
La propuesta
De acuerdo con la iniciativa de la presidencia de la República, que también contempla el seguro de desempleo, actualmente 7.6 millones de mexicanos tienen 65 años o más y representan más del 6 por ciento de la población.
Y debido a que la Organización de las Naciones Unidas estima que para el 2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo, decidieron incluir este proyecto en el Pacto por México.
Esta propuesta ha sido un tema prioritario en la agenda del secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray, tal y como lo dijo esta semana a los legisladores federales.
En la iniciativa de ley se adiciona un último párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y dice “El Estado protegerá los derechos de los adultos mayores; velará porque vivan con dignidad y seguridad, y reciban servicios de salud; promoverá su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales de su comunidad (…)”.
Sin embargo, en el tercer transitorio se especifica que: “Los programas establecidos por la Federación, las entidades federativas y los municipios, que prevean la transferencia directa de recursos públicos a los adultos mayores para su manutención, podrán continuar en los términos, condiciones y hasta por el plazo que establezca la ley a que se refiere este artículo.
Por esa razón la diputada federal Aleida Alavez y otros legisladores aseguraron que la interpretación de este transitorio va en el sentido de obligar al GDF, como a otras entidades federativas, a desaparecer sus programas sociales para adultos mayores.
“El discurso del presidente es un engaño y una burla a los adultos mayores, pues mañosamente omite decir que para otorgarla habrá que cumplir con un sinfin de requisitos, y los pensionados del ISSSTE o IMSS no podrán obtenerla.
“En el DF, para otorgar la pensión de adulto mayor no se hacen esas distinciones (…) y en el proyecto planteado no se establecen reglas de concurrencia administrativa para que sean respetadas las pensiones actuales que da el GDF”, dijo Alavez.
Para la asambleísta Ernestina Godoy se trata de una propuesta centralista que obligará a las entidades que cuentan con programas similares a homologar sus leyes y programas con los del gobierno federal.
Por eso rechazan la pensión universal. Por eso esperan que su voz se haga sentir y que el PRD cierre filas para que esta ley no pase.
El modelo actual
De acuerdo con el Evalúa-DF, el padrón de beneficiarios del Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores concentra 457 mil 745 adultos mayores de 69 años. Y maneja a un presupuesto de 5 mil 796.5 millones de pesos.
De acuerdo con Gerson Hernández, especialista en Comunicación Política por la UNAM, este tipo de programas son populistas y clientelares, por lo que la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados va en el mismo sentido.
“Lo que quiere el gobierno federal es tener el control de todos los programas sociales del país, ya que el Edomex y DF han puesto el ejemplo de cómo se operan en procesos electorales.
“Vamos a saber si los beneficia en las elecciones del 2015, el hecho de que Rosario Robles ejecute toda la política social tiene que ver con el conocimiento que tiene de izquierda”.
César Astudillo, constitucionalista por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que en esencia la iniciativa es buena, pero que se tiene que tener cuidado en el uso que se le de.
“Se debe buscar que el propósito no se desvirtúe y se convierta en un punto donde se utilice con fines electorales. Esto dependerá en gran medida del tipo de ley que se dictamine: general o federal”.
“Como en la iniciativa no se especifica es necesario advertir que la primera da margen para que los congresos locales participen, y la segunda es totalmente centralista vía la Secretaría de Desarrollo Social”.
En tanto que la diputada local Polimnia Romana aseguró que el presidente copia el modelo que inició AMLO, pero que se trata de un tema de justicia que ya está rebasado.
“Considero que esos programas que fueron duramente criticados y que hoy son ley, ya quedaron ahí y la izquierda debe apostar a crear nuevos esquemas de apoyo para la sociedad sin permitir que el PRI le de un trato clientelar a la ciudad”.
