En 2011, el presidente Felipe Calderón publicó un decreto en el que se establecieron ciertas restricciones para importar autos usados desde Estados Unidos.
La intención fue proteger a la industria automotriz nacional, que había sido golpeada por el boom comercial que se desató en 2005, cuando Vicente Fox abrió las puertas a las importaciones.
Uno de los principales candados de la resolución de Calderón fue la imposición del cobro de impuestos basados en precios estimados preestablecidos por la Secretaria de Hacienda.
