En 2011, el presidente Felipe Calderón publicó un decreto en el que se establecieron ciertas restricciones para importar autos usados desde Estados Unidos.

La intención fue proteger a la industria automotriz nacional, que había sido golpeada por el boom comercial que se desató en 2005, cuando Vicente Fox abrió las puertas a las importaciones.

Uno de los principales candados de la resolución de Calderón fue la imposición del cobro de impuestos basados en precios estimados preestablecidos por la Secretaria de Hacienda.

Sin embargo, en un país donde todos se pueden amparar, esta decisión presidencial no desanimó a los compradores de autos extranjeros.

Bastaba con conseguir este recurso legal, el cual les permitía incumplir con los requisitos establecidos por el decreto, en las 19 aduanas fronterizas en México.

A partir de entonces, la generación de amparos se convirtió en un negocio muy lucrativo que, de acuerdo a datos de El Financiero, generó ingresos anuales por 400 millones.

De ahí que algunas personas vieron en la promoción de amparos en contra de la prohibición, una extraordinaria oportunidad para hacer grandes negocios.

Amparos iban, y amparos venían.

Obtener un recurso de este tipo es totalmente legal, sin embargo, no todo se hizo dentro del marco reglamentario. Igual que en la industria de los casinos, algunos jueces de distrito fueron removidos de sus cargos por “facilitar” los amparos de ciertos importadores de automóviles usados.

Pero el tráfico de este recurso, no tocó solamente el ámbito del Poder Judicial Federal.

Hay elementos para presumir que también algunos funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) están implicados en esté trafico de protección a los importadores de autos usados.

Héctor Sánchez Balderas, administrador de Amparo e Instancias Judiciales “5” del SAT, fue denunciado ante la Función Pública y el órgano interno de control por corrupción y mala actuación.

La demanda –en poder de Reporte Indigo- fue presentada por Pastor Pérea Ramírez, de Baja California, el 15 de agosto a estas instancias, junto con una carta dirigida a los consejeros de la Judicatura Federal.

En ellas, el también empresario automotriz denuncia un presunto tráfico de influencias de Sánchez Balderas, quien habría protegido a Humberto Obed Montiel, dueño de la empresa Única, la cual acusa de mantiener el control de varias compañías comercializadoras en Baja California.

De acuerdo a una publicación de CNNMéxico,  la compañía de este empresario, cercano al priismo, renta los amparos en contra el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados hacia México a cambio de una comisión que puede ir de 600 hasta mil dólares, según el modelo del auto.

En los documentos presentados por el denunciante, se especifica que hay negligencia y rige parcialidad por parte de Sánchez Balderas a favor de las empresas de Montiel.

“El funcionario no le ha exigido a sus empresas el cumplimiento de ciertas obligaciones para que la suspensión de los actos reclamados tengan efectos”, refiere.

Sánchez Balderas ha omitido de manera interesada interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura por la conducta negligente de la funcionaria judicial, reclama, mostrando una conducta contraria a derecho.

Pérea Ramírez denuncia también a la encargada del despacho del Juzgado Tercero del Distrito en la entidad, quien ha dilatado más de un año el envío de los informes a los Tribunales Colegiados.

Las ganancias

Entre enero y mayo de 2014 se importaron 226 mil 372 autos, mientras que en el primer semestre otros 10 mil 176 vehículos pesados han ingresado al país, de acuerdo a un artículo publicado por CNN Expansión. 

De esas cifras, 90 por ciento lo logró gracias a un amparo, de acuerdo a información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

La importación de autos usados de Estados Unidos en Baja California lo domina Única, empresa propiedad de Humberto Obed Montiel.

Única funciona como intermediaria entre las aduanas y los loteros para importar autos a cambio de una comisión que llega hasta los mil dólares por unidad, señaló el portal en su edición del 29 de julio de este año.

Para obtener estos amparos, asegura, Montiel Herrera creó varias empresas que sirvieron como fachada para solicitar los amparos. 

De acuerdo con las actas constitutivas, las compañías fueron creadas por familiares, conocidos o prestanombres de Montiel Herrera. 

De esta forma, a la hora de solicitar los amparos aparecían varios quejosos, aunque en la práctica todos serían operados por el empresario.

“Por ejemplo, Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier promovió las demandas 786 y 837; Importación y Distribución Textilera interpuso los recursos 529 y 467, y Servicios Trasnacionales de Comercio Exterior promovió la 597, según copias de los documentos en poder de Manufactura”, refiere CNN Expansión.

Muchos de los amparos fueron otorgados por el juez José Neals André Nalda, del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mexicali. 

Este magistrado fue suspendido provisionalmente de su cargo en 2012 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para ser investigado por su presunto favorecimiento a importadores de vehículos usado.

Sin embargo, hoy despacha en el Juzgado de Chilpancingo, Guerrero.

Al frente del juzgado de Distrito de Mexicali quedó Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez, detalla CNN Expansión, quien el 23 de junio de 2014 fue multada y requerida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito por obstruir los juicios de amparo.

Importador intocable

El 13 de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendió las operaciones de comercio exterior en al menos a seis comercializadoras que importaban vehículos usados bajo amparo.

Sin embargo, no todas las comercializadoras que dependen de un amparo para operar se vieron afectadas por estas disposiciones, Única, la empresa de Humberto Obed Montiel –quien además es diputado plurinominal suplente por el Partido del Trabajo en el Congreso de Baja California- quedó exenta de esta disposición. bloque”.

Según los registros del Poder Judicial de la Federación y de acuerdo a versiones de importadores, la empresa integral Única opera al menos 15 amparos a nombre de empresas donde figuran como promotores él y algunos de sus familiares cercanos lo que le permite poner en funcionamiento la opción de “amparos en bloque”.

Con es recurso, estas empresas pueden llegar a importar casi mil unidades en una semana, según registros del SAT y la Aduana.