Para distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la aprobación en el Senado de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sí ha significado un avance tanto para las víctimas como para la sociedad civil en general.

Sin embargo, advierten sobre los grandes pendientes en el tema, sobre todo en procuración de justicia y protección a las víctimas.