Aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico anunció que el decomiso de documentos cobrables por cerca de 450 millones de dólares, incautados en la aduana del aeropuerto de la ciudad de Toluca, es uno de los sus mayores logros en los últimos años en materia de combate al crimen organizado, la acción ha dejado muchas dudas.