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Aduanas porosas

Aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico anunció que el decomiso de documentos cobrables por cerca de 450 millones de dólares, incautados en la aduana del aeropuerto de la ciudad de Toluca, es uno de los sus mayores logros en los últimos años en materia de combate al crimen organizado, la acción ha dejado muchas dudas.

 

450
millones de dólares en documentos cobrables anunció la SHCP decomisó en el aeropuerto de Toluca

Aun cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico anunció que el decomiso de documentos cobrables por cerca de 450 millones de dólares, incautados en la aduana del aeropuerto de la ciudad de Toluca, es uno de los sus mayores logros en los últimos años en materia de combate al crimen organizado, la acción ha dejado muchas dudas.

 

El principal cuestionamiento ha sido la falta de claridad expuesta a la opinión pública; ni en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), se sabe quién envió ni quién habría de recoger los documentos cobrables.

 

De acuerdo a la versión oficial, emitida por el administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Treviño Chapa, el dinero fue enviado por una empresa de 

Estados Unidos, que enmaletó títulos de crédito de un banco de Manhattan, en Nueva York, a un remitente en Toluca, en México, para ser cobrados o depositados en cualquier institución bancaria del país.

 

Un agente del CISEN confió a Reporte Indigo que no se tiene información oficial por parte de la SHCP, que indique la identidad de la empresa emisora de los títulos de valores decomisados en México ni del remitente que debería de recogerlos. 

 

La misma versión fue sostenida por una fuente de la PGR y determinó que también se desconocen los datos del vuelo involucrado en el incidente.

 

Sin embargo, se estableció que el SAT tiene hasta 60 días para mantener en reserva los títulos de dinero, a la espera de que el remitente del envío acuda a reclamar el monto de lo incautado, “y podría ser hasta después de ese periodo, que la SHCP reclame la intervención de la PGR”.

 

Los títulos de dinero incautados por la SHCP, según se conoció, fueron enviados a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), de las que la legislación mexicana contempla como entidades para otorgar créditos, principalmente casas de empeño y préstamo.

Sinaloa tiene más SOFOM.

 

Apunta a lavado de dinero

 

Los documentos cobrables por más de 450 millones de dólares decomisados podrían ser la punta del “iceberg” de una red del crimen organizado que desde hace años posibilita en Estados Unidos el lavado de dinero producto del tráfico de drogas desde México.

 

Lo anterior fue señalado por un agente del CISEN, que habló con reservas de confidencialidad para Reporte Indigo, quien consideró que el decomiso de la millonaria suma podría involucrar a por lo menos una veintena de empresas mexicanas, de las que, desde el 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había alertado sobre su relación con células del narcotráfico.

 

Se estableció que la empresa mexicana a la que iba dirigido el millonario envío de dinero en documentos, es una financiera e importadora que mantiene nexos comerciales con algunas de las empresas que son operadas, tanto en México como en España, Estados Unidos, Colombia, Panamá y Ecuador, por algunos colaboradores de Ismael Zambada García “El Mayo”, y Juan José 

Esparragoza Moreno “El Azul”.

 

Desde el CISEN se ha abierto una investigación sobre la célula de colaboradores de Ismael Zambada, señalados desde el 2007 por el Departamento del Tesoro de EU de operar empresas dedicadas al lavado de dinero y que se presume mantienen actividades legales en Sinaloa bajo diferentes razones sociales.

 

La otra principal línea de investigación que realiza el CISEN, es al grupo de colaboradores de Juan José Esparragoza Moreno por su posible nexo con los documentos cobrables incautados por el SAT, todos con operaciones en Guadalajara.

 

No descartan la mano del ‘Chapo’

 

No se descarta la posibilidad de que algunos de esos fondos tengan como destino algunas de las empresas legales manejadas por colaboradores de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 

De acuerdo a los datos que obran en el CISEN, estas empresas serían operadas bajo la coordinación directa de una de las esposas de Guzmán Loera, María Alejandrina Salazar Hernández, y estarían involucrados los hijos mayores del capo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quienes mantienen relaciones comerciales con empresas de otras células de lavado de dinero, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoce como la red de Alejandro Flores Cacho.

 

Toma el control la federación

 

El operativo mediante el cual el SAT detectó los documentos cobrables por 450 millones de dólares y que se hizo dentro de la “Operación Chimera”, ocurrió a unas semanas de que la SHCP dejara sin efecto tres contratos con particulares para monitorear el tránsito de dinero y materiales ilícitos a través de las aduanas mexicanas.

 

La federación tomó el control de al menos 7 mil cámaras en la mayoría de las aduanas de los aeropuertos y puertos de todo el país, que eran supervisadas por empresas particulares, en donde se consideró que existía porosidad a causa de los escasos controles de vigilancia.

 

Los resultados de la decisión llevó al operativo que fue calificado como un “logro”.

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