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¿Quién es Rosi Orozco, la activista a la que Gobierno de AMLO le retirará inmuebles lujosos?

Indigo Staff

Ricardo Rodríguez anunció que le fue retirada una propiedad a Rosi Orozco, además de que tya tienen en la mira un segundo inmueble


May 21, 2019
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Luego de que el director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, anunció que se le retirará una casa y departamento a Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, la activista aseguró que ha pagado más de cinco millones de pesos de renta, incluso presumió que existe un acuerdo para entregarla el próximo 30 de junio.

El departamento ubicado en la calle Cofre de Perote de la Colonia Lomas de Barrilaco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con una superficie de 440 metros cuadrados, y cuyo valor se calculó en 21 millones 800 mil pesos, era administrada por la fundación “Camino a casa”, que preside Rosi Orozco.

En este sentido, Rosa María de la Garza aseguró en entrevista con Fórmula Radio que esa casa era ocupada para proteger a víctimas de trata en riesgo.

Aseveró que se pagaba una contraprestación mensual de cerca de 40 mil pesos al SAE por el uso de la casa: “Hemos pagado más de cinco millones de pesos de renta. Hay una contraprestación, no es un regalo, nadie nos la dio. Era una figura que no tenía ninguna ilegalidad y que lo checamos muchas veces porque cambió administración”.

¿QUIÉN ROSI OROZCO?

De acuerdo con la página oficial de Rosi Orozco, es una activista social y, junto con su esposo Alejandro Orozco Rubio, fundaron la asociación Casa sobre la Roca en 1994.

Sin embargo, fue hasta 2009 cuando el Partido Acción Nacional (PAN), quien en ese momento gobernaba el país (Felipe Calderón Hinojosa), la propuso para diputada local por la Gustavo A. Madero, y ganó. 

Ocupó la curul, del 2009 al 2012, y fue designada como la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas. Durante ese tiempo se le ubicó como una persona muy cercana a la entonces Primera Dama y expresidenciable, Margarita Zavala. 

En 2014, fue acusada por la también panista, Adriana Dávila Fernández, por lucrar con las víctimas de trata, al presuntamente utilizarlas y explotarlas ante los medios de comunicación.

Proceso reveló que los cuatro inmuebles que habrían recibido, del gobierno de Calderón, tenían un valor de 11 millones 524 mil pesos.

 


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