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Para todos los problemas del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador suele aplicar una solución infalible: terminar con la corrupción.

Sin embargo, esta intención no se vio reflejada en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2019, del que se eliminaron los fondos que se destinaban a la estrategia transversal de combate a la corrupción.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del 2017, se estableció dicha estrategia con los recursos económicos que cada uno de los miembros del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las dependencias gubernamentales destinarían al combate a la corrupción.


Se trataba del anexo 20, denominado “Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos”, y a él se destinaron 10 mil 400 millones de pesos para 2018

Aunque no se trataban de recursos adicionales al presupuesto de cada entidad, su etiquetado específico permitía conocer cuánto dinero estaba destinando cada dependencia al combate a la corrupción.

En el PPEF del 2019, la estrategia transversal fue borrada de los anexos, por lo que no es posible identificar cuánto dinero se destinará al combate a la corrupción el próximo año, a pesar de ser la bandera política número uno del presidente López Obrador.

Además, el Ejecutivo planteó un recorte del 23 por ciento en su presupuesto a la Secretaría Ejecutiva del SNA —ente independiente que ejecuta la estrategia de combate a la corrupción en el país—, cuyos ingresos pasarán de 172 millones de pesos en el 2018 a 132.1 millones en 2019.

Y, por si fuera poco, las instituciones que están involucradas en el combate a la corrupción sufrirán un recorte de más de 5 mil millones de pesos.

Desde su nacimiento, el Sistema Nacional Anticorrupción ha enfrentado múltiples obstáculos, que van desde la falta de nombramiento de algunos personajes clave, como el fiscal anticorrupción o los magistrados especializados que juzgarán los delitos de corrupción, hasta la falta de recursos económicos que limitan su capacidad de actuación.

Los obstáculos del SNA

El camino del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comenzó en el 2015, cuando el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Constitución Política para crearlo y fortalecer así la lucha contra la corrupción en el país.

El SNA tiene un origen ciudadano, pues fueron distintas organizaciones de la sociedad civil y de la academia quienes idearon, buscaron las firmas e impulsaron las iniciativas ciudadanas que se presentaron ante el Congreso de la Unión para darle forma al SNA y a sus tareas anticorrupción.

Este Sistema dio un papel protagónico a los ciudadanos en el combate a la corrupción, pues es presidido por Mariclaire Acosta, quien encabeza también el Comité de Participación Ciudadana.


El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido incapaz de cumplir con sus labores ante las trabas que ha tenido que enfrentar como la falta del nombramiento del Fiscal Anticorrupción o de presupuesto

El máximo órgano del Sistema Nacional Anticorrupción es el Comité Coordinador, que agrupa a las dependencias y organismos que lo conforman. Uno de los componentes de éste es el Comité de Participación Ciudadana, en el que laboran cinco ciudadanos apartidistas con una trayectoria destacada en materia de combate a la corrupción.

Junto al Comité Coordinador trabaja la Secretaría Ejecutiva del SNA, que es el brazo ejecutor de las políticas públicas y las decisiones que toma el Comité.

Es para esta Secretaría Ejecutiva que el PPEF contempla un recorte del 23 por ciento de su presupuesto respecto al 2018, el cual pasará de 172 millones de pesos a 132.1 millones para el 2019.

El SNA se ha enfrentado no sólo a la falta de recursos económicos para operar, sino al nombramiento que continúa pendiente del fiscal anticorrupción —que según la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República será nombrado por el fiscal general de la República— y a la conformación de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Estas salas —una general y 5 regionales—estarían dedicadas exclusivamente a juzgar a quienes cometen delitos de corrupción; el expresidente Enrique Peña Nieto nominó a los 18 candidatos a ser magistrados desde abril del 2017, pero el Senado no ha realizado el nombramiento correspondiente.

Se suma a esto la falta de instalación de los sistemas estatales anticorrupción, pues aunque 24 de las 32 entidades del país ya lo tienen en funcionamiento, en algunos de ellos se ha identificado que sus integrantes no son independientes y obedecen a intereses políticos.

De ser aprobado el PPEF tal y como fue enviado a la Cámara baja, casi todos los órganos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción tendrán una baja en sus ingresos.

La Secretaría de la Función Pública tendrá una reducción de 290 millones de pesos (25 por ciento menos); la Procuraduría General de la República —en un futuro Fiscalía General de la República— recibirá 885 millones de pesos menos (5.6 por ciento menos); el Consejo de la Judicatura Federal tendrá 3 mil 870 millones de pesos menos (6.2 por ciento menos).

Tendrán menos recursos también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que percibirá 56 millones de pesos menos (1.8 por ciento); el Instituto Nacional de Transparencia tendrá una reducción de 161 millones de pesos (14.6 por ciento); y la Secretaría Ejecutiva del SNA que tendrá una baja del 23 por ciento.


El único componente del SNA que tendrá un aumento en sus recursos el próximo año es la Auditoría Superior de la Federación, que recibirá 74 millones de pesos más (más 3.3 por ciento)

En conjunto, las instituciones que participan en el SNA recibirán 5 mil 302 millones de pesos menos respecto a este año, aunque no todo ese recurso se destinaba al combate a la corrupción.

‘No se necesita dinero, sino voluntad’

Desde el Ejecutivo, la visión es que no se necesita dinero para combatir de forma eficiente la corrupción.

Ante miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sostuvo ayer que lo único que se necesita es voluntad.

“Ponemos a consideración el tema de la austeridad republicana. La austeridad de Estado es un modo de vida democrático, moderno, sustentado en el interés general, en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular (…).

Reiteramos que desde la Secretaría de la Función Pública impulsaremos el uso eficiente y austero de los recursos públicos en el Sistema Nacional Anticorrupción. No necesitamos dinero, necesitamos voluntad y necesitamos compromiso para combatir a la corrupción”, expuso la funcionaria.

Sandoval declaró que un gobierno austero es aquel que no malgasta los recursos en cuestiones superficiales. Incluso, dijo que el Comité Coordinador del SNA tiene el riesgo de convertirse en un ente burocrático que en los hechos no puede coordinar la tarea de combate a la corrupción.


La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que para el combate a la corrupción no se necesitan muchos fondos, sino ganas y compromiso, a pesar de que es un problema que no se ha podido solucionar durante décadas

Más tarde, en entrevista, la funcionaria negó que la baja en los recursos sea algo que ella pueda solucionar.

“Esa es una cuestión que a mí no me la tienen que preguntar, se lo tienen que preguntar al secretario de Hacienda y Crédito Público”, justificó.

La declaración de la secretaria de la Función Pública se dio después de que el senador Clemente Castañeda (MC), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, reclamó que en el PPEF 2019 se hayan disminuido los recursos para el combate a la corrupción.

“En este tema me parece que debemos poner por delante la responsabilidad y tratar de generar los acuerdos necesarios en donde compartamos una visión de largo plazo, porque me parece que así como en muchas áreas, en el combate a la corrupción no podemos ni debemos regatear los esfuerzos”, expuso el legislador.


Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, reveló en entrevista que ese órgano pidió un presupuesto de 205 millones de pesos para el 2019, lo que significarían 33 millones de pesos más que en el 2018 por las múltiples actividades que aún falta desarrollar para consolidar el SNA

“Cuando iniciamos tuvimos 222 millones de pesos (en 2017); en el 2018 yo pedí 174 millones; para este ejercicio pedí 205 (millones) porque tenemos Política (Nacional Anticorrupción) y Plataforma Digital Nacional y Hacienda etiquetó los recursos en 132 millones de pesos”, expuso en entrevista.


Salgado acudió junto con el INAI, otro miembro del Sistema Nacional Anticorrupción, a una reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para defender el presupuesto para el SNA

Sin embargo, ha trascendido que los diputados prevén aprobar el Presupuesto de Egresos del 2019 este fin de semana sin mayores ajustes a lo enviado por el Ejecutivo, lo que dejaría en el mismo nivel el gasto del SNA.

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