Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Marco Baños, confirmaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019.

Al salir de una reunión en las oficinas del Instituto, los consejeros especificaron que INE pedirá 619.2 millones de pesos más de los que le fueron asignados.

“Es una controversia con base en el Artículo 105 constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda reponerse el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que compromete sus funciones constitucionales y su autonomía.


“Nosotros enviamos el Presupuesto más bajo, con una disminución del 37 por ciento frente al año pasado, y el Presupuesto de Egresos de la Federación creció en 45 por ciento; es decir, había más recursos disponibles para la Federación y a pesar de eso nosotros sufrimos el mayor recorte de la historia, que compromete nuestra posibilidad de cumplir con las tareas que la Constitución nos mandata”, dijo Murayama

El consejero confió en que el Instituto pueda llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y obtener 619 millones para poder organizar las elecciones de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo

El pasado lunes, el órgano electoral informó que ajustarían su presupuesto ante el recorte de 950 millones de pesos que se aprobó en la Cámara de Diputados, recortando gastos en viajes nacionales, viáticos, alimentos, combustibles, telefonía, materiales y útiles para oficina.

Además, en un hecho inédito, la Comisión Temporal de Presupuesto 2019 del INE, informó sobre la postergación de obligaciones fiscales, es decir del ISR, del periodo de julio a diciembre.

Mientras los demás consejeros armaban la controversia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, gestionaba ante los titulares de las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, la ampliación presupuestal, a fin de que el instituto pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, entre ellas la organización de cinco elecciones locales a efectuarse el 2 de junio próximo.