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Transparencia: el reto nacional

Ernesto Santillán

La opacidad que predomina en materia de rendición de cuentas tanto a nivel federal como local y al interior de las diversas dependencias e instituciones de gobierno se ha convertido en un problema que a su vez fomenta otros como la corrupción y la violación a los derechos humanos


Oct 17, 2018

Los mexicanos viven con los ojos vendados. A pesar de que desde el 2002 el Gobierno federal comenzó con sus esfuerzos por transparentar y garantizar el derecho a la información con la creación del IFAI, hoy los avances en esta materia dejan mucho que desear.

La transparencia y la posibilidad para conocer cómo el Estado utiliza el dinero que recauda de la ciudadanía son dos de las características fundamentales con las que todo país que ose llamarse democrático debe contar, pues no sólo fortalecen la interacción entre el gobierno y la población, sino que también ayudan a construir lazos de confianza con las diversas instituciones gubernamentales.

Sin embargo el problema de opacidad que enfrenta México no se limita al desconocimiento de qué se hace con el dinero de la ciudadanía, también con cómo se utilizan los programas sociales, la eficacia de los servicios que brinda el Estado, la manera en que las fábricas y las empresas que reciben recursos públicos reportan los daños medio ambientales que provocan con las labores que realizan e incluso la forma en la que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de la población usan sus sistemas de vigilancia.

De acuerdo con el estudio ‘Índice de Información Presupuestal Estatal 2017’ realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en la última década ha habido una mejoría por parte de las distintas entidades que conforman la República Mexicana en sus cumplimientos en materia de transparencia

Los datos del documento demuestran que en comparación con el año anterior 22 estados mejoraron, 3 se mantuvieron igual y en 7 hubieron retrocesos.

Querétaro, Quintana Roo y Sonora fueron los que mostraron un avance, mientras que Baja California Sur, Veracruz y Guerrero retrocedieron.

Sin embargo, a pesar de que en algunas partes del país se ha mejorado en materia de rendición de cuentas también se encontró que los estados que más recursos reciben por parte de la federación son los que cuentan con menor transparencia presupuestal.

Mientras que Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, cuatro de las cinco entidades con menor presupuesto obtuvieron una calificación mayor a 89 por ciento; la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz, cuatro de las cinco entidades con mayores ingresos, tuvieron menos de 74 por ciento en su evaluación.

Actualmente los estados con el nivel de cumplimiento más bajo en transparencia son: Michoacán, la Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero según el último estudio del IMCO

Aunque el reto para acabar con la opacidad a nivel estatal permanece, las verdaderas dificultades se presentan a nivel municipal, donde la corrupción y la impunidad predominan.

En la novena y última edición del ‘Índice de Información Presupuestal Municipal’ realizada por el IMCO, se destaca que entre 1994 y el 2015 el gasto de los gobiernos municipales creció en un 68.9 por ciento, algo que no necesariamente se ha visto reflejado en el bienestar de la ciudadanía.

En el 2016, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INEGI, los municipios y delegaciones ejercieron 436 mil 514 millones 442 mil pesos, siendo Baja California, la Ciudad de México y Baja California Sur los estados con mayor gasto promedio por municipio: 218 millones de pesos.

No obstante, a la hora de ver cómo se distribuyeron estos gastos, resalta el hecho de que el 35 por ciento del total del dinero utilizado se destinó a servicios personales (burocracia), pero no a inversiones productivas.

De acuerdo con el documento del IMCO, en apenas siete años — de 2008 a 2015—, el crecimiento en términos reales del pago de salarios y otras prestaciones a servidores públicos municipales fue del 32 por ciento. Además de que buena parte de este dinero nadie sabe cómo se distribuyó, quién lo recibió o el motivo por el cual se aprobaron dichos aumentos.

El uso indiscriminado y erróneo de los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios han traído consecuencias como el endeudamiento de los mismos. Por ese motivo existe un sistema de alerta que muestra el nivel de deuda con el que cargan los municipios que tienen obligaciones financieras inscritas en el Registro Público Único.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con corte al segundo trimestre de 2017 muestran que son 397 los municipios más opacos del país, pues ninguno de éstos entregó información suficiente para poder ser evaluados.

De entre todos estos destacan: Campeche, Torreón, Tapachula, Durango, Querétaro, Villahermosa, Veracruz y Zacatecas.

Los estados que más recursos reciben por parte de la federación son los que cuentan con una menor rendición de cuentas a nivel presupuestal de acuerdo con el IMCO

De todas las obligaciones de transparencia que los municipios deben cumplir el estudio revela que en donde más fallas hay es en la rendición de cuentas cuando se trata de deuda pública, armonización contable y reasignación y excedentes, es decir: existe mucha opacidad a la hora de revelar los criterios para aprobar subsidios, para realizar incrementos salariales y para aprobar fideicomisos.

La opacidad en el Congreso de la Unión

La falta de transparencia gubernamental no sólo se presenta en materia estatal y municipal, en el ámbito federal los legisladores también han jugado un papel muy importante en lo que a opacidad se refiere y son dos rubros especialmente en donde este fenómeno predomina: las subvenciones que se entregan a los grupos parlamentarios y en la asignación de recursos que no cuentan con reglas establecidas como lo puede ser en el caso del Ramo 23.

Durante el 2017 el dinero que se entregó a los congresistas para sus gastos legislativos fue de 982.7 millones de pesos para los senadores, mientras que para los diputados el monto registrado fue de 986.4 millones de pesos entre marzo del 2017 y febrero del 2018

Estos recursos se les da a los representantes del pueblo para sus gastos operativos, pago de personal, comidas y otros gastos internos, sin embargo el principal problema es que no están obligados a transparentar el uso que le dan.

El dinero que se entrega a los legisladores para sus gastos internos junto con el que proviene de las partidas como el Ramo 23 se reparten de manera opaca ya que nadie sabe en dónde terminan o para qué se usaron esos recursos

Por ese motivo la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un llamado a que el dinero se transparente ya que como dice en sus informes de evaluación: “no fue posible comprobar que esos recursos se aplicaron en los fines para los cuales fueron otorgados”.

Algo similar ocurre con el Ramo 23, por ejemplo, una de las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación a la cual se le otorga un presupuesto millonario con el fin de enviar apoyos para infraestructura a los distintos estados y municipios, sin embargo ese dinero no está correctamente regulado, por lo que se distribuye a discreción sin la certeza de que los recursos lleguen a su destino y se usen para el fin que se otorgaron.

Por ese motivo, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso desaparecer el Ramo 23 del presupuesto federal argumentando que la falta de transparencia en los recursos que se le destinan únicamente ha provocado desprestigio al país y a la Cámara baja por su mal manejo.

“Sabemos que hay partidas que se presupuestan al Ramo 23 que tienen un destino en específico, por ejemplo, el Fonden, pero sería bueno que en aras de la transparencia y de terminar con esta práctica —los moches— se hiciera una reingeniería presupuestal para poner fin a este Ramo”

- Mario Delgado

Líder parlamentario de Morena en la Cámara baja

Además, el morenista sugirió que los fondos y partidas que eran asignadas a ese Ramo se pasen directamente al presupuesto que se asigna a las dependencias federales para tener un mayor control; lo que a su vez, aseguró, permitiría combatir la corrupción que se ha fomentado en el Poder Legislativo durante este sexenio.

Vigilancia o espionaje

La organización mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales dio a conocer a principios de junio de este año que en el país ninguna autoridad facultada para ejercer acciones de vigilancia ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contempladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

El estudio analiza el cumplimiento de las 32 autoridades estatales y de las tres federales: la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Los criterios para su evaluación fueron tres: que la información esté publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio web de la autoridad; que la información esté actualizada y que la información publicada cumpla con el formato y los lineamientos técnicos de la LGTAIP.

Los resultados del estudio revelaron que 14 autoridades, entre ellas la Policía Federal, incumplen absolutamente con sus obligaciones de transparencia y apenas 21, incluidas la PGR y el CISEN, cumplen de forma parcial.

Además señalaron que sólo la Fiscalía General de Querétaro y la de Veracruz ejecutan su responsabilidad de que los datos que generan estén disponibles tanto en su portal como en el de Transparencia

Aunado a esto el documento señala que únicamente ocho autoridades: Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, PGR y CISEN acataron con su obligación de mantener su información actualizada.

Finalmente refirieron que sólo las autoridades de: Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y el CISEN verifican que la información publicada cuente con el formato y los lineamientos técnicos de la LGTAIP.

Junto a todas las irregularidades cometidas por parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos, en su informe ‘Lo que no sabemos sobre lo que el gobierno sabe de nosotros’ la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales señala que si bien el contar con obligaciones de transparencia sobre el ejercicio de la vigilancia es una herramienta importante enfocada en evitar abusos de esta actividad intrusiva, la actual transparencia en materia del ejercicio de vigilancia en México presenta muchas carencias que han evitado que estas medidas sean efectivas.

El primer problema que recalcan por el cual no se ha podido transparentar la vigilancia que el Estado ejerce sobre la ciudadanía es porque no todas las leyes locales en esta materia se han adecuado a la Ley General de Transparencia al no incluir de manera explícita o de forma referencial la obligación de publicar de manera proactiva información sobre el ejercicio de la vigilancia expresada en la fracción XLVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia.

Organizaciones como Citizen Lab, R3D y Artículo 19 aseguran que el gobierno de México espía a periodistas y activistas

Entre estos casos se encuentran las leyes de transparencia de los estados de Aguascalientes, Morelos y Nuevo León.

En segundo lugar, las obligaciones de transparencia en materia de vigilancia no han sido cumplidas a cabalidad por ninguno de los sujetos obligados.

El cuarenta por ciento de los sujetos obligados que deben de transparentar información sobre el ejercicio de la vigilancia no lo hicieron.

De los 21 sujetos obligados que publicaron información sólo 2 cumplieron con la obligación de publicar la información en sus sitios y en la Plataforma Nacional de Transparencia, sólo 7 sujetos obligados publicaron la información actualizada y sólo 8 publicaron la información siguiendo el formato expresado en los lineamientos técnicos.

Mientras que visto desde un panorama general la totalidad de las autoridades que dieron a conocer información lo hicieron con irregularidades.

Finalmente la organización documentó varios casos en los que sujetos obligados y organismos garantes, tanto a nivel local como federal, han negado el acceso a la información pública relativa al ejercicio de la vigilancia aunque no cuenten con un sustento legal.

“Persiste una interpretación restrictiva y un análisis poco profundo del interés público de la información relacionada con las medidas de vigilancia, lo cual ha generado serios obstáculos para acceder a información que no pone en riesgo ningún interés legítimo y que, por el contrario, resulta ser información importante para informar el debate que la sociedad mexicana necesita y merece respecto de la manera en la que las autoridades pueden invadir la privacidad de la ciudadanía”, expone el informe.

Ninguna de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos en el país cumple a cabalidad con sus obligaciones de transparencia, además han sido acusados de hacer mal uso de las herramientas con las que cuentan

Tal vez el mejor ejemplo de esta situación es el caso “Pegasus”, en el cual se acusó al Gobierno federal de haber adquirido un software de origen israelí con el mismo nombre que sólo puede ser vendido a gobiernos y que sirve para realizar tareas de seguridad, sin embargo se ha culpado al Estado mexicano de presuntamente haber utilizado el programa para espiar a integrantes de la sociedad civil y a periodistas, un hecho que el mismo presidente de la República negó rotundamente pero que otras organizaciones como Citizen Lab, R3D y Artículo 19 aseguran se sigue realizando.

Salud y medio ambiente en riesgo

Los efectos del cambio climático se agravan y se hacen cada vez más frecuentes y México no se salva de este fenómeno. 

Actualmente, a pesar de los convenios internacionales a los que se ha suscrito el país del águila y la serpiente para contrarrestar el deterioro del planeta, éste ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cuanto a emisiones de metano se refiere; uno de los principales gases de Efecto Invernadero, pues genera un daño 80 veces mayor al provocado por el bióxido de carbono.

Ante el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que la extracción de hidrocarburos jugará un papel preponderante durante su administración, se vuelve fundamental para México generar herramientas tanto de medición —las cuales actualmente no existen o están mal hechas— como de prevención para evitar que esta actividad genere daños irreversibles al planeta y a su vez dañe a la ciudadanía.

De acuerdo con Carla Flores Lot, investigadora de CartoCrítica y especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas en materia ambiental, México tiene un grave problema de subestimación de emisiones provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos principalmente.

México se ha comprometido a nivel internacional a combatir el cambio climático, sin embargo esta es una promesa que no se puede cumplir hasta que las empresas generadoras de residuos no entreguen reportes certeros de los contaminantes que emiten

Esto se debe a que los datos reportados por el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, así como por las Cédulas de Operación Anual (COA), no son producto de mediciones directas, sino de cálculos que se obtienen mediante factores de emisión basados en procesos y esto considerando que las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones. 

Por ese motivo la experta dice que se requieren de reportes estrictos por parte de las empresas emisoras para que dichos cálculos se acerquen a la realidad. 

“Actualmente los reportes de emisiones que elaboran los sujetos obligados se realizan de buena fe y no existen verificaciones sistemáticas por parte de las autoridades responsables que avalen los datos reportados ni las condiciones adecuadas en las instalaciones de las fuentes emisoras, realidad que repercute de manera negativa en la calidad del aire, la salud de las personas y que contribuye al calentamiento global”, finaliza. 

Como se puede apreciar, la falta de transparencia en México no solamente fomenta la corrupción, la impunidad y los malos manejos del dinero público por parte del Estado y sus representantes, sino que también provoca que se violen los derechos humanos de la ciudadanía como el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a vivir en un medio ambiente sano. 


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