Peña pide atender informe de CIDH
Tras darse a conocer el informe de expertos de la CIDH, que pone en duda la versión oficial del caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó ayer incluir estas observaciones en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter.
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Los expertos determinaron que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse
Tras darse a conocer el informe de expertos de la CIDH, que pone en duda la versión oficial del caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó ayer incluir estas observaciones en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI”, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter.
“También le he dado indicaciones a las dependencias del @Gobmx para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy (ayer)”.
Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, dieron a conocer su informe sobre los hechos ocurridos en septiembre del año pasado en el municipio de Iguala.
La investigación refuta la versión oficial de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron quemados por integrantes del grupo delictivo de Los Rojos en un basurero de Cocula, Guerrero.
Peña Nieto agradeció el trabajo que realizaron los especialistas del GIEI, que seguirán colaborando con las autoridades mexicanas.
“El @gobmx agradece nuevamente el trabajo del GIEI y el apoyo de la CIDH para la investigación de estos hechos tan lamentables”, escribió el mandatario federal.
Refutan versión oficial
Un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno federal sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó.
El reporte del grupo de expertos de la CIDH, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas previas a la desaparición en Iguala los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.
“No tenemos indicios que podamos sustentar de dónde están los desaparecidos”, dijo Carlos Beristain, doctor español y uno de los cinco expertos del grupo.
Los expertos refirieron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad de Guerrero hasta Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias.
