Órganos autónomos de la CDMX, reyes de las adjudicaciones directas y compras sin concurso
Entes como el TECDMX y el InfoCDMX son los que menos concursos de licitación realizaron durante 2022: el 87 por ciento de sus compras fueron adjudicadas directamente
David MartínezLos órganos autónomos de la Ciudad de México son los entes públicos que a nivel local realizaron más contratos por adjudicación directa en 2022.
En promedio, los organismos contrataron el 87 por ciento de sus bienes por ese mecanismo de compra, lo que va en contra de los marcos legales en materia de contrataciones.
Esto rebasa el número de adjudicaciones otorgadas por las alcaldías capitalinas, que en dicho año firmaron el 62 por ciento de sus contratos para obras y bienes a través de la adjudicación directa, según cifras consultables en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
🔵 #Entérate | Todas las alcaldías de la #CDMX infringieron la Ley de Adquisiciones local, en 2022 abusaron de las compras sin licitación, según un estudio del @imcomx, esto abre una ventana a la corrupciónhttps://t.co/SrLeMJNHbd
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 9, 2023
La normativa señala que ningún órgano público debe rebasar el 20 por ciento de sus compras mediante adjudicaciones directas.
Por lo anterior, las instituciones autónomas de la capital del país podrían caer en una mala práctica de la administración pública al preferir las compras sin concursos, en lugar de beneficiar la competencia para buscar mejores condiciones.
TECDMX, el rey de reyes
El órgano autónomo de la administración pública local que más contrató por adjudicación directa durante 2022 es el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).
De acuerdo con información de los contratos para compras de bienes y servicios de los entes públicos de la capital, disponible en la PNT, la máxima autoridad en materia electoral a nivel local firmó un total de 30 contratos, todos sin concurso. Es decir, su volumen de compras por adjudicación es del 100 por ciento.
Le sigue el Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), que en el periodo referido solo llevó a cabo tres concursos de licitación pública y 62 adjudicaciones directas, lo que indica que el órgano garante de la información contrató el 95 por ciento de sus bienes y servicios directamente.
🔘 #PlenoINFOCDMX| La @Finanzas_CDMX tiene la atribución y responsabilidad de conocer sobre los recursos no erogados por las entidades y destinarlos a un fondo de estabilización y a mejorar el balance fiscal, de acuerdo con la Ley de Austeridad de la CDMX: @MaricarmenNava pic.twitter.com/bd2Wey0W6p
— INFO (@InfoCdMex) January 18, 2023
Después se encuentra la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), que en 2022 solo realizó siete concursos de licitación y 57 procesos de adjudicación directa, cantidad que representa el 87 por ciento del total de su volumen anual de compras.
En cuarto lugar está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) que apenas celebró ocho concursos entre varias empresas y 64 adjudicaciones directas durante el año pasado, lo que indica que el 88 por ciento de sus compras fueron sin comparar presupuestos entre varios proveedores.
Por último, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó 47 concursos de licitación en 2022 y 81 adjudicaciones directas, cifra que representa el 63 por ciento del volumen total de compras.
El incumplimiento de la ley
Los porcentajes de adjudicaciones directas mencionados anteriormente revelan que los órganos autónomos de la Ciudad de México no han respetado lo que estipula la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México respecto a que se deben priorizar los concursos de licitación en compras públicas.
El marco legal señala que los entes públicos locales, tanto dependencias como alcaldías y órganos con autonomía de gestión como el IECM y el TECDMX, solo deben adquirir el 20 por ciento del total de los bienes anuales sin concurso.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrán exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 de la disposición.
Precisa que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
“A fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente Ley”, detalla la normativa.
Derroches de los autónomos
Durante 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Electoral de la Ciudad de México gastaron en conjunto ocho millones 857 mil 765 pesos en contratar seguros de vida, médicos y en realizar festejos, así lo muestran acuerdos comerciales y órdenes de pedidos consultados por Reporte Índigo en portales de transparencia, detalla el texto “Autonomía de órganos fuera de la Ley de Austeridad” publicado el 25 de febrero de 2020.
Según el texto, en diciembre de 2018, entró en vigor la nueva Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que restringe la contratación de los servicios mencionados.
🔵 #CDMX | Ninguno de los cinco órganos autónomos de la capital del país cumplen con la Ley de Adquisiciones, que estipula que los entes públicos deben privilegiar los concursos en la adquisición de bienes y servicioshttps://t.co/h3Om8ASZCx
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 23, 2022
El marco legal también indica en su artículo 5 que todos los organismos de la función pública, incluso los autónomos, deben interpretar la ley para darle cumplimiento.
Sin embargo, de acuerdo con expertos consultados, los órganos abusan de su autonomía para infringir la ley.
“Víctor Manuel Nájera, especialista en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que estos órganos aplican la ley a modo con el argumento de que tienen autonomía de gestión y continúan gastando excesivamente en beneficios restringidos”, señala la nota.
