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millones
431 mil 476 pesos costó cada uno de los 195
camiones recolectores


En la administración de Marcelo Ebrard se compraron 126 carros recolectores,
que costaron 750 mil pesos menos que los adquiridos el año pasado


"El gobierno podrá decir que estas unidades son ecológicas, que traen un tablero con tecnología, nada justifica los 700 mil pesos más por cada carro”

Alberto Guerrero

director jurídico de la ONRE

Partidos políticos, empresarios y supuestamente hasta Anonymous han declarado su desconfianza por los métodos que utiliza la Oficialía Mayor de la Ciudad de México para la asignación de los contratos más onerosos de la administración local.

Están bajo la lupa el contrato de seguros para empleados, el de Autotraffic para la aplicación de fotomultas, el de checadores biométricos y de camiones recolectores de basura.

En el amplísimo universo de contrataciones, compras y arrendamientos que realiza el Gobierno de la capital, la compra de los 195 camiones recolectores de basura no ha quedado del todo clara. 

No ha tenido respuesta la denuncia de sobreprecio presentada por la Organización Nacional de Responsabilidades del Estado (ONRE) ante la Contraloría General, Oficialía Mayor, Secretaría de Finanzas y la jefatura de Gobierno.

Esta es la historia: a finales de diciembre del 2014, el secretario de Finanzas, Édgar Amador, informó que el GDF planeaba gastar 550 millones de pesos del Fondo de Capitalidad en la adquisición de 650 unidades recolectoras de basura.

Para el 2015 ese gasto de 550 millones de pesos se concretó, pero no así la cantidad de camiones anunciada, pues en lugar de 650 sólo se adquirieron 195 unidades a un precio de 2 millones 431 mil 476 pesos cada carro.

El millonario contrato encendió los focos rojos respecto a  quién y cómo se había desahogado el procedimiento para la compra de dichos camiones.

Apenas en la administración de Marcelo Ebrard se habían comprado 126 nuevos carros recolectores con un costo de un millón 689 mil pesos, es decir 750 mil pesos más baratos cada uno que los recién adquiridos por la Oficialía Mayor.

Reporte Indigo tiene en su poder las copias de ambos contratos.

Mismo gasto, menos compra

En julio del 2015, la Oficialía Mayor del Gobierno del DF lanzó la Licitación Pública Nacional OM-DGRMSG-005-15 para la adquisición de camiones recolectores de basura.

Un mes después, en agosto, ya se estaba firmando el millonario contrato DAS-20-2015 con la empresa Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V. para la compra de 154 unidades, por las que se pagarían 434 millones 358 mil pesos.

Después, la Dirección General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras (Sobse), que encabeza Jaime Slomianski Aguilar, hizo una petición de 41 camiones más, lo que amplió el contrato origen.

En suma se compraron 195 camiones en 2 millones 431 mil 476 pesos, por los que se pagaron 549 millones 999 mil 997 pesos.

En resumen, se gastaron los 550 millones de pesos que anunció el secretario de Finanzas, Édgar Amador, pero no se compraron el total de unidades previstas para ese gasto.

Debido a esa situación, la Organización Nacional de Responsabilidades del Estado (ONRE) denunció irregularidades en el proceso de adquisición.

Tras las inconformidades plasmadas por varias empresas en el acta de aclaraciones, la organización civil se sumó a  la duda: de las 12 empresas interesadas en ganar el millonario contrato, sólo Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V. cumplió con las especificaciones. 

La ONRE dijo haber encontrados dos empresas que por el mismo número de camiones ofrecieron un presupuesto más económico, de más de 145 millones de pesos por debajo del ganador, y llevó su queja ante la Contraloría General del Distrito Federal.

En entrevista, Alberto Guerrero, director jurídico de la ONRE, dio detalles de las denuncias que presentaron ante la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor y la jefatura de Gobierno: nadie ha dado respuesta.

La queja documenta las cotizaciones que entregaron otras empresas respecto a cada camión de basura con las mismas especificaciones y detalles técnicos requeridos por la Ciudad de México.

Por ejemplo, la firma Remolques y Plataformas de Toluca cotizó cada unidad en un millón 750 mil, y Maquinaria, Camiones y Grúas, en 1 millón 900 mil.

“Es grotesco lo que hicieron, hay que tener en cuenta que cuando compras por mayoreo, como lo hace la Oficialía Mayor, se obtienen precios preferencias con hasta 30 por ciento más debajo de su valor”, comentó Guerrero.

A la lista de irregularidades se suma que la empresa ganadora de la licitación, Camiones, Repuestos y Accesorios S.A. de C.V., acepta en su propuesta que sólo se dedica a la fabricación de los chasis, pero no de las cajas traseras.

Para tal efecto, sumó a su oferta a la empresa Merik S.A. de C.V., cuya especialidad es la fabricación de puertas automáticas, sin ningún historial en la producción de cajas de alta resistencia.

“Entonces, las cajas son europeas, los chasis nacionales, no hay refacciones en México para esas cajas, lo que derivará en el problema de las refacciones”, detalló el abogado.

Al observar esta situación, algunos de los empresarios interesados en participar en la licitación nacional abortaron su propuesta y escribieron en el acta de aclaraciones: “esta licitación está amarrada”.

“Esto fue un robo, cualquiera podría cotizar y detectar con facilidad que hubo sobreprecio por millones; el gobierno podrá decir que estas unidades son ecológicas, que traen un tablero con tecnología, nada justifica los 700 mil pesos más por cada carro. 

“Lamentablemente, Mancera ni nadie hará nada, si ponemos una denuncia penal, tampoco va a pasar nada porque las Contralorías están bajo sus órdenes”, denunció Guerrero.

De acuerdo con el anexo 3 del contrato que está bajo los señalamientos, los 195 camiones serían distribuidos en las 16 delegaciones políticas de la ciudad.

Más allá de este contrato del que se esperan respuestas, el supuesto grupo de Anonymous que denunció actos de corrupción en la Oficialía Mayor y lanzó papeletas desde un helicóptero amenaza con exhibir otras compras. 

A ello se suma la exigencia de Morena, que quiere claridad en otras adjudicaciones.