Estancan ejecución de fiscal

Una semana ha transcurrido de la ejecución del fiscal José Luis de León; sin embargo, la Procuraduría del Estado a la que pertenecía no ha dado a conocer avances en la investigación.

Esto a pesar de contar con una persona detenida como sospechosa de haber participado en su muerte.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo del procurador Roberto Flores, no ha informado los avances en este caso ocurrido hace una semana en el municipio de Guadalupe.

Una semana ha transcurrido de la ejecución del fiscal José Luis de León; sin embargo, la Procuraduría del Estado a la que pertenecía no ha dado a conocer avances en la investigación.

Esto a pesar de contar con una persona detenida como sospechosa de haber participado en su muerte.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo del procurador Roberto Flores, no ha informado los avances en este caso ocurrido hace una semana en el municipio de Guadalupe.

Además, todo apunta a que la Procuraduría buscaría darle un carpetazo a las indagatorias, a pesar de que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) cuenta con una persona detenida, que aparentemente habría participado en el asesinado del fiscal.

El Gobierno independiente ha preferido mejor callar por esta ejecución, que pone sobre la mesa del debate en que la Procuraduría de Justicia no tiene mucho interés para resolver este caso, tal como ocurrió el año pasado con las ejecuciones de dos agentes ministeriales.

Se trata del jefe de inteligencia de la AEI, Carlos Arturo Valle Novelo, junto con su escolta Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez, en la zona de Valle Oriente, en el municipio de San Pedro. Sus casos quedaron en el olvido de la Procuraduría.

Reporte Indigo preguntó ayer a Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia sobre los avances de esta investigación, pero no hubo respuesta.

Se informó que hasta el momento no se tenía nada por anunciar, y que en caso de tener algún avance se citaría a los medios, pero hasta ayer la Procuraduría no convocó a una rueda de prensa.

También se preguntó a la vocería de Seguridad del Gobierno independiente, a cargo de Aldo Fasci, sobre los avances de la investigación del crimen del fiscal, pero se informó que no habría nada programado para el día de ayer.

Cabe recordar que el fiscal fue acribillado el pasado 6 de febrero, cuando regresaba a su domicilio en el cruce de las calles Diego Rivera y Miguel Ángel Buonarroti en la colonia Contry Las Águilas en el municipio de Guadalupe.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones tienen en custodia sobre estos hechos a Juan Eduardo N de 24 años, integrante de la célula Cinco Puntos de los Zetas, en la colonia Independencia.

Este silencio de las autoridades abre la puerta para que la ciudadanía sospeche que el fiscal fue ejecutado por un posible ajuste de cuentas en el interior de la Procuraduría General de Justicia, a pesar de que el vocero de Seguridad, Aldo Fasci, descartó esta versión.

Pero levanta muchas dudas que en la PGJ existen tres grupos de poder que se disputan el control de la Procuraduría del Estado. Uno es encabezado por el procurador Roberto Flores.

Uno más por el contralmirante Augusto Cruz Morales, director de la AEI, y el más reciente el que representa Bernardo González, designado hace tres meses como Subprocurador de Ministerios Públicos.

Pero todos luchan entre sí para librar una “limpia” de corrupción ligada al narcotráfico en la Procuraduría de Justicia estatal, depuración que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 30 agentes de Ministerios Públicos y detectives estatales.

Los escándalos del procurador

El procurador Roberto Flores ha destacado más por los escándalos familiares y personales, que por un buen desempeño, a un año de estar al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Nuevo León.

Incluso, la PGJ se aprecia dividida y sin resultados positivos, pues no ha podido resolver casos de alto impacto de sus propios funcionarios, como el crimen del fiscal José Luis de León.

Recién que tomó protesta como procurador, se filtró información que Flores fue procesado y fichado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, debido a que en tres ocasiones giró cheques sin fondos.

En tono de burla y por medio de un video que subió en su cuenta de Facebook, Roberto Flores acepto que “debía una lanita”.

Este año, también en redes sociales se filtraron documentos que familiares trabajaban en la Procuraduría de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública, así como su gusto por relojes exclusivos.

Ayer, el Gobierno independiente aseguró que no se estaba violando la ley por tener familiares trabajando, pero ellos decidieron renunciar a su cargo como funcionarios públicos.

Detenido desvinculado a proceso

La única persona detenida, que presuntamente habría participado en la ejecución del fiscal investigador José Luis de León, aún se desconoce su estatus legal en la que se encuentra, pues la Procuraduría de Justicia no ha informado nada.

Se trata de Juan Eduardo N de 24 años, integrante de la célula Cinco Puntos de los Zetas, en la colonia Independencia, quien según la vocería de Seguridad fue detenido con armas minutos después del crimen.

Sin embargo, a una semana de los hechos, Juan Eduardo pareciera no estar vinculado a proceso por el crimen del fiscal, ya que el departamento de Comunicación Social del Gobierno independiente no ha informado si el joven fue procesado.

Ante la falta de información sobre el estatus legal de Juan Eduardo, supuesto sospechoso de este crimen, se pudiera estar violando su debido proceso, es decir que no se le estuviera respetando su presunción de inocencia como lo establece el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Todo apunta que en el caso del fiscal la culpabilidad recaerá en este joven detenido.

El vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua abrió la puerta para que Juan Eduardo sea vinculado a proceso por el homicidio del fiscal, pues aseguró que fue capturado con armas largas.

Carpetazo anunciado

Desde el jueves pasado, Reporte Indigo informó que las autoridades podrían cerrar el caso del asesinato del fiscal pese a haber capturado al presunto asesino.

Te puede interesar
PGJ Procuran su futuro

Desde la entrada de Tomás Coronado Olmos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), la nómina de dicha dependencia se ha duplicado. 

Los gastos anuales que se ejercían en la procuraduría por pagos de sueldos y primas de personal pasaron de 500 millones de pesos, a mil millones de pesos.

De 2007 a 2012, ese ha sido el crecimiento en los pagos de sueldos a agentes investigadores y demás empleados de la dependencia. 

Trabajadores al interior de la procuraduría refieren que durante esta administración ha entrado mucho personal.