Paradójicamente, la reducción presupuestal que se presentó en el país para atender a la población sin seguridad social, se registró aun cuando la pandemia causó que se aumentara el gasto público en salud, según lo diagnostica el Coneval en su reporte.

En 2019, el gasto público en salud de México fue de 709 mil 146 millones de pesos, lo que representaba alrededor de 2.7 por ciento del PIB, cifra por debajo del umbral de 6 por ciento establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como referencia para avanzar en el objetivo de garantizar el acceso y cobertura universal a la salud, dice el reporte titulado “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2023”.

“Para 2020 y 2021, si bien el gasto en salud se elevó a 759 mil 777 y 779 mil 226 millones de pesos respectivamente, no fue suficiente para solventar los retos impuestos por la pandemia. Al respecto, el país con el mayor porcentaje de este gasto es Estados Unidos con 13.9 por ciento. Para ese mismo año, en México el porcentaje del gasto en salud proveniente de fuentes públicas fue el más bajo (49.3 por ciento) de los países de la OCDE; siendo Colombia el país con mayor porcentaje de América Latina (77.5 por ciento), seguido de Costa Rica y Chile, con 73.9 por ciento y 60.6 por ciento, respectivamente”, se lee en el informe.

El derecho a la seguridad social, explica el documento, puede entenderse como la protección que una sociedad proporciona a individuos para asegurar su acceso a la asistencia médica e ingreso en casos de vejez, desempleo, invalidez, enfermedad, maternidad o pérdida del sostén de familia

Oportunidad presupuestal para la salud

El Coneval conmina en su reporte a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 sea diseñado y utilizado precisamente para contrarrestar los efectos perniciosos que generó la pandemia contra el bienestar de la población del país.

“En el actual contexto de profundización de las desigualdades por las afectaciones heterogéneas de la pandemia de COVID-19, es importante fortalecer las acciones públicas que garanticen los pisos mínimos de acceso a los derechos sociales, sin dejar de apuntar a su acceso efectivo”.

En el ámbito del derecho a la salud, el reporte informa que entre 2018 y 2020 (…) aumentó la población con carencia por acceso a los servicios de salud al pasar de 16.2 a 28.2 por ciento; aunque al mismo tiempo, también entre 2018 y 2020 se observó una disminución de 1.5 puntos en el porcentaje de la población que presentaba carencia por acceso a la seguridad social pasando de 53.5 a 52.0 por ciento.

Ante este panorama, entre las recomendaciones que hace el organismo para la confección del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, destacan varias vinculadas con el ámbito de la salud pública.

“Es fundamental, en el corto plazo, atender las brechas de financiamiento entre subsistemas de salud para asegurar el acceso universal efectivo a un sistema de salud de calidad y así resolver los retos en el acceso y disponibilidad de servicios en los tres niveles de atención”.

De igual forma, con respecto a los mexicanos que carecen de una cobertura de seguridad social, el documento refiere que los programas E023 Atención a la Salud y S038 IMSS Bienestar, son esenciales para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud a la población sin seguridad social, por lo que es necesaria una mayor coordinación entre la Secretaría de Salud y el IMSSBienestar.

“Es necesario seguir avanzando en el establecimiento de un mecanismo que permita la integración del sistema de salud para reducir su fragmentación y aumentar la infraestructura en el primer nivel de atención priorizando a las comunidades rurales con atención especial a los grupos históricamente discriminados”, destaca el Coneval.

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