Se profundizan desigualdades en seguridad social

La pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades en México, particularmente en el ámbito de los servicios de salud, donde el gasto público para la población sin seguridad social sufrió una disminución, según lo advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Aunque se habría esperado que ante el fenómeno de la pandemia las autoridades de los tres ámbitos de Gobierno incrementarían su gasto en la población sin seguridad social por tratarse de un sector de la sociedad que se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad que los mexicanos que cuentan con ese tipo de cobertura, esta área terminó por ser castigada presupuestalmente.

Así lo señala el Coneval en su reporte titulado “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2023”, que presentó este 11 de agosto de 2022, y donde lanza distintas recomendaciones para corregir estos desequilibrios presupuestales que impactan negativamente a los habitantes del país.

“Adicional a la problemática sobre la cantidad de recursos otorgados al sistema de salud mexicano, estos se destinan de una manera desigual entre los diferentes subsistemas”, asegura el documento.

Prueba de ello es que entre 2019 y 2020, el gasto público en salud para la población con seguridad social pasó de 390 mil 030 millones a 440 mil 671 millones de pesos, lo cual significa un aumento de 13.0 por ciento en un año. Para la población sin seguridad social, pasó de 319 mil 116 millones a 319 mil 106 millones de pesos, es decir, menos de uno por ciento de disminución.

De igual forma, el gasto per cápita total en salud de las personas que no cuentan con seguridad social es menor en comparación con las personas que sí cuentan con seguridad social, una brecha que se amplió durante la pandemia.

“Comprende los egresos de todas las unidades institucionales de la administración central, estatal y municipal, así como las administraciones de seguridad social en todos los niveles de la administración. Incluye las instituciones sin fines de lucro, controladas y financiadas principalmente por unidades de las administraciones públicas”, precisa la investigación.

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