Inicia desafuero de ‘Chapodiputada’
La Cámara de Diputados arrancó ayer formalmente con el proceso de desafuero de Lucero Sánchez López, la diputada local panista de Sinaloa que ha sido señalada de ser cercana a Joaquín Guzmán Loera, lo que le ha ganado el mote de “Chapodiputada”.
Este martes se instaló en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Sección Instructora, órgano que deberá revisar la acusación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) y las pruebas que Sánchez le haga llegar para su defensa.
Imelda GarcíaEn el 2010 se desaforó a Julio César Godoy Toscano, diputado del PRD
En caso de concretarse el desafuero, Sánchez sería la primera mujer en perder la protección del fuero
La Cámara de Diputados arrancó ayer formalmente con el proceso de desafuero de Lucero Sánchez López, la diputada local panista de Sinaloa que ha sido señalada de ser cercana a Joaquín Guzmán Loera, lo que le ha ganado el mote de “Chapodiputada”.
Este martes se instaló en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Sección Instructora, órgano que deberá revisar la acusación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) y las pruebas que Sánchez le haga llegar para su defensa.
En caso de concretarse el desafuero, Lucero Sánchez sería la primera mujer en perder la protección constitucional del fuero.
Aunque en el periodo de receso del Congreso de Sinaloa la legisladora estuvo ausente de las actividades, con el comienzo de las actividades ordinarias ella volvió a las sesiones del Legislativo local.
Ya en el pasado han ocurrido otros procesos de desafuero contra personajes políticos a quienes se les ha seguido una investigación judicial.
El proceso de desafuero de Sánchez llega en un momento delicado para el PAN, pues el asunto puede afectar al partido en la cercanía de las elecciones del próximo 5 de junio.
El clima electoral provocará que el proceso se acelere; aunque legalmente se tienen 60 días hábiles –aproximadamente tres meses- para culminar con el estudio del caso, los diputados quisieran que quede cerrado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril; pero los tiempos legales podrían impedirlo.
El pecado de Lucero
Era abril del 2015. Lucero Sánchez visitó a Joaquín Guzmán Loera en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano. Lo hizo ya siendo diputada local de Sinaloa. Pero lo hizo utilizando documentos falsos.
En junio, dos meses después, una fotografía de la mujer entrando a la prisión fue difundida por las autoridades para que no quedara duda.
Lucero Sánchez había entrado al Altiplano acompañada de uno de los abogados de “El Chapo” mostrando un acta de nacimiento y una credencial de elector apócrifas.
Sostuvo con el capo una reunión al interior de la prisión; se había presentado como parte del equipo legal del narcotraficante.
El proceso durmió el sueño de los justos algunos meses; ni siquiera el PAN, partido al que pertenecía, tomó acción alguna contra si diputada.
Ella negó los hechos. Se le acusó de tener una relación sentimental con Guzmán Loera y de tener un hijo de él.
Sánchez afirmó que no conocía a Guzmán y, meses después, cuando se dijo que había pasado el año nuevo con “El Chapo”, Sánchez comentó que era falso.
Fue entonces que el asunto subió de tono. Luego de la recaptura del capo, la PGR incluso la trasladó a la Ciudad de México para declarar sobre su entrada a prisión y sobre su supuesta reunión con Guzmán Loera mientras estaba prófugo.
La retención y traslado de la legisladora a la capital se dio a pesar de que ella ocupa el cargo y tiene fuero constitucional.
Una vez que salió de dar su declaración, Lucero Sánchez desapareció de los reflectores. No se le volvió a ver en el Congreso de Sinaloa –que estaba en periodo de receso-.
Viendo ya la afectación política que tendría, el PAN comenzó una cacería en su contra. La expulsó de su bancada e inició una investigación en Sinaloa para ver de dónde había salido el apoyo político para ella.
Los resultados de las pesquisas están en manos solo del partido; ni siquiera la PGR ha podido acceder a ellos.
Lucero Sánchez es diputada del distrito 16 de Sinaloa, con cabecera en el municipio de Cosalá.
Cuando todo mundo pensaba que la diputada ya se había desaparecido para evitar la acción de la justicia, la semana pasada acudió al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso local.
Ahora, Lucero Sánchez deberá acudir a San Lázaro para reunirse con la Sección Instructora que estudiará su desafuero, para plantear argumentos en su defensa.
Esto, aunque ella sabe que sus días como diputada están contados, pues ha sido descobijada hasta por el partido que la impulsó: el PAN.
Inicia formalmente el proceso
Con la instalación de la Sección Instructora, la Cámara de Diputados dio inicio formal al proceso de desafuero de la legisladora local.
Conformada por los diputados federales Ricardo Martínez Nieto (PRI), quien la preside; Juan Pablo Piña (PAN); Omar Ortega (PRD); y Sandra Méndez (PRI), la Sección Instructora estudiará las acusaciones contra Lucero Sánchez.
La Sección tiene facultades de investigación; puede hacerse de elementos para determinar si procederá el desafuero o no.
El primer paso que se seguirá es la notificación a la legisladora sinaloense sobre el inicio del procedimiento.
“Se va a proceder; ahorita autorizamos ya a las personas que le van, formalmente, a hacer la notificación, sin perjuicio de que paralelamente -para que no haya ninguna confusión-, también se le va a hacer por correo certificado con acuse de recibo.
“Va a tener una doble notificación para que quede bien justificada y bien acreditada que se le está dando su derecho de garantía de audiencia”, explicó Martínez Nieto.
Una vez que se ha hecho la notificación en los tres primeros días a que se inició el procedimiento, Sánchez tendrá siete días naturales para comparecer y defenderse de las acusaciones que se le hacen. La comparecencia podrá ser personalmente o por escrito.
De acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el proceso de análisis puede llevar hasta 60 días hábiles, que se cumplirían en la segunda semana de junio.
Aunque los legisladores han abierto la puerta a que el asunto se pueda desahogar a más tardar el 30 de abril, los periodos legales pueden hacerlo imposible.
La Ley establece que después de la comparecencia de Sánchez, se inicia un periodo de 30 días para la presentación de pruebas. Ese espacio culminaría a finales de abril.
Después de eso se abrirá un periodo de tres días para que ambas partes conozcan el expediente de la Sección y puedan formular alegatos a favor y en contra en los seis días siguientes.
Es entonces cuando la Sección podrá trabajar en sus conclusiones y tomar una decisión del caso.
Por ello, el trabajo de la Sección Instructora podría terminar en mayo o junio; si es el caso, tendría que llamarse a un periodo extraordinario para la votación del desafuero.
Primera en perder
De concretarse el desafuero de la legisladora, sería la primera mujer en perder el fuero.
Los otros políticos que han sido despojados del fuero son el entonces senador Jorge Díaz Serrano, a quien se le desaforó en 1983 por supuestamente cometer un fraude mientras era director de Pemex, años antes.
Le siguió René Bejarano, entonces asambleísta del DF, desaforado en el 2004 acusado de lavado de dinero, luego de la difusión de los videos donde recibía recursos del empresario Carlos Ahumada.
Pasó después el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del DF en el 2005, acusado de violar una orden judicial.
En el 2010 se desaforó a Julio César Godoy Toscano, diputado del PRD, a quien se le acusó de tener vínculos con el crimen organizado en su estado natal, Michoacán.
Los congresos locales también han seguido procesos de desafuero contra funcionarios de sus estados.
Ocurrió así con José Luis Abarca, a quien el Congreso de Guerrero desaforó y revocó el mandato como alcalde de Iguala en octubre del 2014 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También con Renato Tronco, diputado local de Veracruz, en noviembre del 2015, quien fue acusado de ser el autor intelectual de un homicidio; y con Roberto Pardo Molina, diputado migrante del Congreso de Chiapas, en diciembre del 2015, por fraude electoral.