El tiempo de las drogas legales

México ya tuvo un periodo de legalización de las drogas en los años 40. Todo indica que viene otro. La postura del presidente Enrique Peña Nieto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acelera la conclusión de un debate que exige cambios estratégicos en la portación de drogas como la mariguana y disminución de las penas para quienes la portan.

El Gobierno Federal anunciará hoy que se harán los cambios necesarios para estar en sintonía con el llamado de México en las Naciones Unidas.

Julio Ramírez Julio Ramírez Publicado el
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La postura de Enrique Peña Nieto ante la ONU acelera un debate que exige cambios en la portación de drogas, como la mariguana, y la diminución de las penas para quienes la porten.
“En nuestro país, no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas del cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos” 
Cristina DíazSenadora del PRI

México ya tuvo un periodo de legalización de las drogas en los años 40. Todo indica que viene otro. La postura del presidente Enrique Peña Nieto ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acelera la conclusión de un debate que exige cambios estratégicos en la portación de drogas como la mariguana y disminución de las penas para quienes la portan.

El Gobierno Federal anunciará hoy que se harán los cambios necesarios para estar en sintonía con el llamado de México en las Naciones Unidas.

Se busca elevar de 5 a 25 gramos la cantidad permitida para portar por persona y la legalización de esta yerba para usos medicinales.

La política contra el tráfico de drogas ha dejado un saldo mortal estimado al menos en 40 mil muertos tras el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Hoy los mismos panistas reconocen que el viraje en la estrategia política puede ser una salida.

La violencia, la inseguridad, el poder de financiamiento y corrupción de los criminales “está asociado a la existencia de un mercado negro muy importante en materia de drogas”, reconoció ayer el jefe del Senado mexicano, Roberto Gil Zuarth.

En lo referente a delitos contra la salud en el ámbito federal lo que más se persigue es el consumo. En 2015 las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refiere que la mitad de las averiguaciones previas iniciadas ese año están relacionadas con posesión, y en este rubro también se incluye consumo.

En 2015 se iniciaron 8 mil 689 averiguaciones previas relacionadas con delitos contra la salud, de ellas 51.5 por ciento son por posesión, le sigue el comercio, con 11.2 y el transporte, con 9.72 por ciento.

Por tráfico se reportan 488 averiguaciones previas, le siguen 77 procesos previos en 2015, que representan 0.88 por ciento y 35 indagatorias por suministro, de acuerdo con el “Reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa” más actualizado.

En la presentación del decálogo para México que será anunciado por el presidente, se prevé que se conceda la reducción de penas e indultos para los presos que purgan condenas por posesión. Ello, a decir del vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, permitiría sacar de la cárcel a personas que lo están por ser consumidoras.

Agregó que se deberán revisar las cantidades que la legislación mexicana señala para que pueda ser considerado para uso personal “con la finalidad de alinearla con estándares internacionales”.

Recordó que la iniciativa que presentó el senador del PAN Roberto Gil Zuarth busca el indulto para las personas encarceladas por ser consumidoras.

El Ejecutivo planteará el decálogo que llevó a la ONU con una política que se prevé más alentadora y con mayor sentido social, en principio con su propuesta de permitir el uso de la mariguana con fines médicos y científicos, y elevar la cantidad de posesión para uso personal, a fin de evitar la criminalización de los consumidores, que hoy abarrotan las prisiones del país.

“Lo importante es dejar de criminalizar a quienes son consumidores y que no tienen un problema serio de adicción por una parte y por la otra, asegurar que podamos emprender una campaña de educación y prevención, particularmente”, afirmó ayer el secretario de Salud, José Narro Robles.

Señaló que la estrategia federal estará encaminada incluso en favorecer la investigación para obtener medicamentos derivados de la mariguana y “podamos también en la investigación sobre usos que pudieran tener sobre la producción nacional, incluso de medicamentos a partir de derivados de la mariguana”.

Narro Robles mostró la nueva postura sobre el prohibicionismo.

Hasta el momento el PRI en el Congreso federal ya tiene una iniciativa en el sentido de permitir el uso de la mariguana con fines médicos que fue presentada por la senadora Cristina Díaz.

Sólo medicinal e importada

La iniciativa de la senadora Cristina Díaz Salazar plantea la reforma en dos artículos de la Ley General de Salud para permitir el uso de la mariguana solo con fines terapéuticos, aunque descarta la producción de medicamentos de derivados de la yerba en el país.

El documento describe que la penalización de las drogas se endureció a principios del siglo XX en el mundo.

“La mariguana a principios del siglo XX era consumida en Estados Unidos mayoritariamente por minorías étnicas. En ese entonces, existían dos rutas de entrada: una, a través de la ola de mexicanos que llegó al suroeste del país en busca de trabajo y que fumaban mariguana para relajarse tras una dura jornada de trabajo en el campo, y la otra por el puerto de Nueva Orléans, traída desde los países caribeños y consumida principalmente por músicos de jazz”, dice el documento.

“Las autoridades consideraban a los consumidores de drogas como una amenaza que debía estar tras las rejas. Además, aprovechando el contexto de la Guerra Fría el gobierno inventó una conspiración: los países comunistas trataban de drogar a los estadounidenses. De esta forma, se aprobó en 1951 la Ley Boggs que endurecía gravemente las penas por posesión de cannabis. Poco después, se aprobó la Ley de Control de Narcóticos de 1956. Era la ley federal de Estados Unidos más dura de todas las promulgadas en esa materia, poniendo al cannabis en la misma categoría que la heroína”, refiere la iniciativa.

Ello derivó en un fenómeno de violencia y no se pueden dejar a un lado las dificultades que las sociedades contemporáneas enfrentan como consecuencia del crimen organizado, en donde el narcotráfico se ha consolidado como la actividad principal en el ámbito global, se lee en la propuesta.

Además de las fallas que ha mostrado la política prohibicionista en el combate contra las drogas, la iniciativa destaca que “en nuestro país, no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas del cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos capaces de aliviar la sintomatología de padecimientos que aún no tienen curación, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, el glaucoma, entre otros”.

Al mencionar la despenalización en Estados Unidos, señala que en muchos de los estados se ha demostrado cómo la producción controlada y la prescripción y venta responsable puede lograrse. Menciona una encuesta de Consulta Mitofsky en la que 74.5% de los encuestados se mostraron a favor de la despenalización de la mariguana en el país.

En la iniciativa de la senadora Díaz, se señala que solo se permite la importación con el visto bueno de la Cofepris de medicamentos obtenidos de la yerba y “seguirá prohibida su producción en territorio nacional”.

La legalización en los años 40

De marzo a julio de 1940, en la administración de Lázaro Cárdenas del Río en México se permitió el uso de sustancias hoy consideradas ilícitas.

En las boticas lo mismo se compraba mariguana, cocaína y morfina, explica en entrevista el doctor en Historia, Ricardo Pérez Montfor, autor del libro “Tolerancia y Prohibición: Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México, 1840-1940”.

“En plena eferverscencia prohibicionista, a finales de la década de los años 30, en que incluso un grupo de médicos mexicanos convenció al régimen de Lázaro Cárdenas y estableció un régimen legal de drogas en el cual el Estado asumió su responsabilidad, con sus enfermos, con sus adictos, con la gente que estaba vinculada al mundo de las drogas.

“Para que no los extorsionaran las organizaciones que veían en la prohibición un pingüe negocio”, afirma.

“El debate sobre si se podía vivir con la distribución, la producción y el consumo legal de las drogas es un debate que se da en México desde la década de los años 20”.

Pérez Montfor dice que en 1939-1940, hacia finales del sexenio de Cárdenas, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra encabezó una campaña que convenció al Estado de liberar el uso de sustancias.

“El Estado, controlando el comercio, debería ofrecerlas (las drogas) y facilitarlas a un precio que hiciera imposible la competencia por parte del traficante y hacerla así desaparecer automáticamente”, refiere una cita atribuida a Salazar Viniegra, entonces director del hospital de Toxicómanos y Jefe de la Campaña Antialcohólica y otras Toxicomanías, divulgada en el periódico El Nacional.

El experto lamentó que el combate contra el tráfico ilícito de drogas se convirtiera en los últimos años en un asunto de seguridad nacional y le generó al país más de 40 mil muertos en el sexenio de Felipe Calderón.

El cártel de los médicos

Hay médicos que son expendedores de recetas de medicamentos controlados. Es algo común, coinciden internos de hospitales como el General de La Raza. Existen médicos que en el ámbito privado hacen visitas a los domicilios y sólo escuchan a sus pacientes y extienden recetas controladas.

“Cobran una consulta a 3 mil pesos y van a escuchar qué quiere tomar el o la paciente y a veces hasta les dicen que les anoten las recetas al nombre del chofer, porque es a quien van a mandar por la medicina”, afirma un interno.

“Son médicos que conocen a sus pacientes de muchos años. Ningún médico se atrevería a exponer su licencia por tres o cinco mil pesos. Conocen a sus pacientes, son amigos de años, van a los bautizos de sus hijos, y les mantienen una adicción con compra legal”.

Este modo se mantiene en ciertos sectores de clase alta con nombres de médicos con cierta trayectoria.

Por otro lado, está el problema de la duplicidad de las recetas. En la Plaza de Santo Domingo hay personas que venden blocks de recetas para adquirir medicamentos controlados, vienen los datos del médico, supuestas cédulas profesionales y piden que las llenes con dosis específicas y escribir la sustancia activa, que se consigue en cualquier Vademecum.

Estos datos deberán ser revisados en la Secretaría de Salud, pero para entonces el delincuente ya tendrá su medicamento y buscará estafar a otra farmacia. Hay establecimientos que tienen buenos protocolos para la entrega de medicamentos, se dan cuenta de la falta y sencillamente niegan el medicamento.

“A menudo llegan pacientes que requieren un medicamento controlado, dicen que es para su abuelito, su papá, que no está el médico responsable, que les hagamos el favor”, cuenta el galeno, quien ha laborado también en farmacias en su tiempo libre. “Ya es cosa de cada médico”.

En el Sector Salud, las recetas de morfina y otros medicamentos controlados tienen que ir respaldados por un holograma. Si este paso se llega a falsificar puede ser un negocio jugoso para los delincuentes pues un frasco de morfina legal para un enfermo de cáncer con 20 tabletas cuesta unos 100 pesos y en el mercado negro puede elevarse mucho más.

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