En busca de apoyo médico para atender las secuelas de un posible caso de tortura de las que fue víctima su hermana al momento de ser detenida por policías de Jalisco, Tonantzin Lazcano Corona se encontró con el desdén y la negativa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Su hermana está presa desde el 2006 en la Comisaría de Reinserción Femenil con daños en nariz, oído y mandíbula que le provocan fuertes dolores y vértigo. Por su estado de salud requiere de atención urgente, pero el personal encargado del reclusorio la ha tratado de forma negligente, acusa Tonantzin.
Los daños graves a la salud de su hermana fueron notificados por un especialista que tuvo acceso a su familiar, cuyo nombre ha omitido para salvaguardar su integridad. Tras ello acudió a la Comisión de Derechos Humanos estatal para solicitar atención médica, pero ahí ni siquiera le aceptaron las declaraciones para proceder una queja, señala Tonantzin.
“Mi hermana, debido a la tortura que le hicieron, necesita una cirugía de tabique y de su oído. Siempre tiene dolor y todos los días tiene vértigos”
“Le comenté (a los funcionarios) que tenía temor por posibles represalias de parte de la autoridad penitenciaria hacia mi hermana que está presa, por la queja y por las peticiones que le hice llegar a la misma, y que les di copia de conocimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Me contestó (el asesor jurídico) de manera tan inhumana ‘esté muy al pendiente de su hermana, si ya pasa algo viene y nos dice’. En ese momento supe que no estaba en el lugar correcto para pedir justicia”, narra Tonantzin Lazcano.
Como en el caso de su hermana, miles de personas privadas de su libertad y presas han sido objeto de tortura. Tonantzin apunta la importancia de señalar que la violencia de la que fue objeto se dio durante su aprehensión y no en el penal. Pero la responsabilidad de las autoridades penitenciarias reside en que un especialista le recomendó hace meses el ser atendida en una institución médica de manera urgente y esto se había retrasado.
Garantías violentadas
De acuerdo con datos del Informe sobre Tortura 2017, elaborado con análisis del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organización civil de derechos humanos, el 71 por ciento de los internos recluidos en un centro penitenciario han respondido afirmativamente el haber sido objeto de algún tipo de agresiones durante su detención.
Sin embargo, cuando Tonantzin Lazcano asistió a la CEDHJ para interponer la queja y que se atendiera de urgencia el caso de su hermana, los asesores legales del organismo dijeron que eso no constituía una queja y tampoco emitieron las medidas cautelares necesarias para que la autoridad penitenciaria realizara las labores de traslado a una institución de salud, como argumenta.
El trato con los asesores legales se dio luego de una visita de Tonantzin al área de quejas de la CEDHJ, donde expresó su preocupación de que el proceso podría derivar en represalias a su hermana por parte del personal de la Comisaría de Reinserción Femenil.
Las dudas sobre un proceso de queja oportuno se dieron cuando Tonantzin Lazcano fue atendida por el licenciado Arturo Briseño Loza, a quien se le derivó para ser asesorada por ese tema en el área de quejas, y quien en el directorio de la CEDHJ aparece como secretario de ‘guardia’. Pero éste comenzó con cuestionamientos sobre los cargos de su hermana que hicieron sentir a la quejosa como revictimizada.
“Todo el momento fue de cuestionamiento, lo que me hizo sentir confundida y a la vez intimidada. Sobre todo me sentí revictimizada”, explica Lazcano Corona.
En la conversación con Briseño Loza, Tonantzin le explicó que posterior a la detención de su hermana se le realizó la Protocolo de Estambul, mecanismo internacional para la valoración médica y psicológica de una persona que presumiblemente pudo haber sido torturada.
Tonantzin dice que le dieron dos resultados del Protocolo de Estambul, el primero positivo, pero el segundo se dictaminó negativo, lo que para ella es una de las fallas en el proceso jurídico. A partir de eso, Briseño le comentó que debía hablar con su director, que al decir del propio funcionario era Luis Arturo Jiménez Jiménez, directivo del Quejas, Orientación y Seguimiento.
“Es que si así fue el dictamen, así es. Porque quienes la hacen son personas especializadas. Pero deja voy con mi director”, expresó Briseño Loza según el relato de Tonantzin. Pero al momento de regresar de la oficina directiva le respondió: “fíjate que no se puede hacer nada porque fue negativa la prueba de Estambul”.
La hermana de Tonantzin tiene daños en nariz, oído y mandíbula que le provocan fuertes dolores y vértigo desde el 2006, tras supuestamente ser torturada por autoridades policiales de Jalisco durante su detención
La falta de atención oportuna no es algo nuevo. Las críticas recogidas por Reporte Índigo en contra de la comisión y sus titulares ha puesto el acento en que el despilfarro y espectacularidad de ciertas acciones ha opacado el que se atienda debidamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El caso de Tonanztin es apenas uno de esos procesos que no d rivan en atención. Y aunque ella refiere que ya tuvo comunicación con su hermana y ya se encuentra en revisión médica, cree que este tipo de acciones debe ser de conocimiento público. Al mismo tiempo en que señaló que ya recurrió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las omisiones en este caso.
Reporte Índigo también publicó en abril pasado que organismos y peritos independientes han denunciado que las autoridades mexicanas al momento de aplicar el Protocolo de Estambul en posibles casos de tortura han ignorado los lineamientos o lo practican para criminalizar a los sobrevivientes de tortura.
