Con el surgimiento de autodefensas para enfrentar a organizaciones criminales y tomar el control de comunidades enteras, como Pantelhó, Chiapas vive una situación de emergencia en materia de seguridad pública, misma que se suma a las condiciones de rezago y marginación social que históricamente han aquejado al estado y que potencian sus conflictos sociales.

El pasado 10 de julio, habitantes de 83 comunidades de Pantelhó anunciaron la creación del grupo de autodefensas “El Machete” con la intención de frenar las actividades delictivas y violentas en la región. Advierten que no permitirán que fuerzas federales ingresen al territorio. Aproximadamente un mes antes, la violencia se disparó debido a enfrentamientos entre organizaciones criminales y cacicazgos vinculados entre sí.

530
homicidios se registraron en Chiapas durante 2020

El hartazgo llevó a la población de Pantelhó a tomar el camino de las armas, siendo que durante los primeros dos años de la administración de Rutilio Escandón los homicidios han tenido una baja marginal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 662 registrados en 2018, récord para la entidad en este siglo, se había bajado a 530 para 2020, colocándose en decimoprimer lugar nacional en cuanto a menor número de asesinatos.

A inicios de este mes de julio, habitantes de comunidades de Pantelhó anunciaron la creación del grupo de autodefensas “El Machete”

Más intensidad en Pantelhó y comunidades indígenas

Aunque la crisis de inseguridad se ha agudizado en los municipios indígenas de Chiapas, los centros urbanos no están exentos. El INEGI también reportó, en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada en junio pasado, que el 72.5 por ciento de los residentes de Tuxtla Gutiérrez y el 73.3 de los de Tapachula consideran inseguras sus ciudades. Ambos porcentajes por encima de la media nacional, que se posicionó en 66.6 por ciento.

Para analizar a profundidad la situación que se vive en Pantelhó y en Chiapas en general, Reporte Índigo entrevistó a Héctor Estrada Avelar, periodista y activista por los derechos humanos, quien comenta que el estallido de violencia en la región se debe al fortalecimiento de cacicazgos locales, al menos desde inicios de este siglo, por parte del Gobierno estatal en turno, como una estrategia de control territorial.

“El problema que hoy tiene a Chiapas con la presencia de grupos armados, enfrentamientos, este tipo de violencia tan dura, se gestó hace muchos años. En Pantelhó tiene alrededor de 20 años que se vino gestando el empoderamiento de cacicazgos, pero no es un asunto exclusivo del municipio, es un tema común ya en otros. Están los casos de Chalchihuitán, Chamula, Aldama, Carranza. Son escenarios bastante similares.”

Estrada explica que, en los municipios indígenas, existían cacicazgos afines al PRI, que eran meramente políticos. La “paz simulada” comenzó a desgastarse con el cambio de milenio y la elección de Pablo Salazar, del PRD, quien buscó mantener los acuerdos con estos liderazgos regionales. En tanto que su sucesor, el también perredista Juan Sabines, habría agregado el factor del crimen organizado al intentar pactar con las pequeñas bandas en el estado.

12 mil
desplazados por la violencia hay contabilizados en Pantelhó, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán

De estos cacicazgos surge Austreberto Herrera Abarca, nombrado por Salazar como juez municipal y quien concentró el poder en Pantelhó al ser tanto el encargado de la impartición de justicia como el operador del PRD y quien manejaba los presupuestos de obras públicas y programas sociales. En 2019, Herrera Abarca fue detenido por el presunto homicidio de sus sobrinos, Édgar y Carlos, pero sus hijos asumieron el control de su estructura local.

“Hubo enfrentamientos políticos que se volvieron cada vez más violentos, bélicos, y con la llegada del Partido Verde [con Manuel Velasco], cuando ellos quieren meter a su gente para tener el control, optan de la manera más sencilla por armarlos. Ellos armaron a muchos de estos grupos en diferentes municipios y terminaron generando confrontaciones violentas armadas tremendas”, agrega Héctor Estrada.

Desplazamientos focalizados

Según estimaciones hechas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, alrededor de dos mil personas, pertenecientes a los grupos tzotziles de Chiapas, han sido desplazadas por la violencia en los últimos años. En tanto que el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México incrementó la cifra hasta 12 mil al tomar en cuenta las localidades de Aldama y Chalchihuitán, donde también ha habido conflictos sociales.

Estas condiciones en materia de seguridad y las tensiones sociales se suman a la siempre presente problemática de la marginación y el rezago en el estado. Siendo que Chiapas se encuentra en último lugar de las 32 entidades federativas en cuanto a Producto Interno Bruto per cápita, según el cruce de datos del INEGI. En 2019, antes de la crisis por el COVID-19, este indicador se encontraba en siete mil dólares por ciudadano chiapaneco.

“Mientras existan todas estas condiciones en las comunidades indígenas de Chiapas, que son las que tienen mayores niveles de pobreza, seguirá habiendo este tipo de problemas. Aunque se resuelva mañana el asunto de Pantelhó y pasado el de Chalchihuitán.

“Mientras no se garantice un Estado de Derecho, bienestar y condiciones mínimamente óptimas, seguirán siendo aprovechadas por personas que van a cubrir huecos dejados por los tres niveles de gobierno”
Héctor Estrada AvelarPeriodista y activista de Chiapas

Chiapas se posicionó como uno de los tres estados con grado de marginación “muy alto”, junto con Oaxaca y Guerrero, en el Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Los municipios de Sitalá y Chalchihuitán, ambos próximos a Pantelhó, fueron incluidos entre los 10 con las peores condiciones sociales y económicas a nivel nacional.

“En Chiapas hay contrastes tan fuertes, en todos sentidos, que hacen entender qué tan frágiles y permeables son las zonas indígenas a esta red de intereses turbios. Tanto del crimen organizado como de estructuras políticas que utilizan estas mismas vulnerabilidades para mantener control. Utilizarlos, en algún momento, con fines electorales, porque buena parte de la formación y el fortalecimiento de grupos armados para control territorial tiene que ver con asuntos políticos.”

Reporte Índigo solicitó una entrevista con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, pero al cierre de esta edición la institución no había respondido.

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