En cuatro contratos multimillonarios para adquirir desayunos escolares, hay indicios de que el Gobierno de Escandón Cadenas simuló la realización de licitaciones. Foto: Especial

Hallan anomalías en desayunos escolares de Chiapas

La Auditoría Superior de la Federación detectó una serie de irregularidades en los programas de ayuda alimentaria del Gobierno del estado, entre estas, supuestos pagos de millones de pesos por servicios ‘fantasmas’                                  

Los programas sociales de ayuda alimentaria del Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas presentan anomalías que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre estas, pagos millonarios por desayunos escolares que nunca fueron recibidos por las autoridades.

A pesar del alto índice de pobreza que enfrenta la entidad y del discurso que sostiene el gobernador de un combate frontal a la corrupción, la Auditoría corroboró supuestos malos manejos en los programas sociales alimentarios que fueron financiados con el Fondo de Aportaciones Múltiples, durante 2022.

Las irregularidades se concentraron en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una dependencia que tuvo a su disposición una bolsa de más de mil millones de pesos proveniente de dicho Fondo federal.

“El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas destinó recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del componente de Asistencia Social por 1,078,235.7 miles de pesos, para el otorgamiento de ayuda alimentaria, desayunos escolares, entrega de medicamentos especializados, fomento familiar a la producción de traspatio, entre otros, que en su conjunto reportaron atender a un total de 1,322,209 beneficiarios”, expone el órgano fiscalizador en un informe.

De esta manera, una de las irregularidades que señala la Auditoría es un pago por más de 28 millones de pesos, vinculado con el contrato DIF-004-2022, para la “adquisición de arroz, frijol, avena y desayunos escolares”, cuya recepción la dependencia no acreditó.

El Sistema DIF de Chiapas le presentó distinta documentación a la ASF para justificar sus gastos; sin embargo, esta indicó tras analizarla: “Quedando pendiente de aclarar contractualmente el pago por la entrega de bienes por 28,561,609.6 pesos y las penas convencionales no aplicadas por 6,830,870.7 pesos (en el contrato DIF-002-2022 de “Adquisición de abarrotes y desayunos escolares”), con lo que se solventa parcialmente lo observado”.

Con base en estos dos montos de irregularidades, la Auditoría determinó: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 35,392,480.36 pesos (…), más los intereses financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por carecer de la evidencia documental que acreditara la entrega de los bienes adquiridos mediante el contrato número DIF-004-2022; además, por no aplicar las penas convencionales en los contratos números DIF-002-2022 y DIF-004-2022, debido a los retrasos en la entrega de bienes de 33 a 76 días naturales y de 7 a 133 días naturales, respectivamente, en incumplimiento de la Ley…”.

Gobierno de Chiapas, bajo sospecha de simular licitaciones

Otra irregularidad relevante es que en cuatro contratos multimillonarios para adquirir desayunos escolares, hay indicios de que el Gobierno de Escandón Cadenas simuló la realización de licitaciones públicas.

Lo anterior involucra los contratos DIF-001-2022, de “adquisición de abarrotes y desayunos escolares”, por  175 millones 857 mil pesos; DIF-002-2022, de “adquisición de abarrotes y desayunos escolares”, por 271 millones 285 mil 300 pesos; DIF-003-2022, de “adquisición de abarrotes y desayunos escolares”, por 333 millones 710 mil 100 pesos; y DIF-004-2022, de “adquisición de arroz, frijol, avena y desayunos escolares”, por 139 millones 431 mil 500 pesos.

La Auditoría asevera que los proveedores de esos contratos realizaron entregas de bienes, y recibieron pagos por sus servicios, antes incluso de que se realizaran las licitaciones que luego ganarían:

“Respecto de los contratos DIF-001-2022, DIF-002-2022, DIF-003-2022 y DIF-004-2022 se verificó que los proveedores adjudicados fueron los únicos que participaron en la licitación pública nacional que inició el 17 de febrero de 2022, y el 18 de marzo de 2022 se formalizaron los contratos; sin embargo, antes de la referida formalización se realizó una primera entrega de los bienes en enero de 2022, por lo que el procedimiento de adjudicación no aseguró al estado las mejores condiciones disponibles, debido a que favoreció a los proveedores adjudicados”.

En otro apartado detalla: “Se verificó que con cargo a los contratos números DIF-001-2022, DIF-002-2022, DIF-003-2022 y DIF-004-2022 se pagaron recursos por 123,456.5 miles de pesos por bienes recibidos en enero de 2022, antes del inicio del proceso de adjudicación y formalización de los contratos, por lo cual el pago correspondió a un periodo distinto del contractual”.

Esta observación quedaría como parcialmente solventada, pues, ante estos hallazgos, el Sistema DIF intentó justificar sus actos con la aseveración de que había autorizado adjudicaciones directas.

No obstante, ante los cabos sueltos que presenta el caso, este sigue bajo investigación: “La Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”.

De cómo conviven la corrupción y la pobreza en Chiapas

El Gobierno de Chiapas que encabeza Escandón Cadenas sostiene una narrativa constante de supuesto combate a la corrupción. En su “Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024″, por ejemplo, afirma que habrá “tolerancia cero a la corrupción”.

Sin embargo, en la Cuenta Pública 2022, la Auditoría mantiene un monto observado por anomalías por 318 millones 345 mil 700 pesos. Y advierte sobre el Fondo de Aportaciones Múltiples:

“En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”.

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