Chantaje transportista
Será hasta el 8 de mayo cuando el Consejo del Transporte sesione para analizar el aumento a la tarifa por la que los empresarios hicieron un paro de servicios; el gobierno de Jaime Rodríguez la justificó como una medida de austeridad aunque haya afectado a los ciudadanos
Jesús PadillaLos empresarios de transporte público de nueva cuenta desafiaron al Gobierno del Estado al suspender parcialmente el servicio en las principales rutas de la zona metropolitana de Nuevo León.
Por tres horas, de 04:00 a 07:00 de la mañana, los más afectados fueron los ciudadanos, quienes llegaron tarde a sus centros de trabajo o no pudieron presentarse porque quedaron varados.
Esta medida también afectó a los padres de familia y estudiantes, mismos que regresaban a clases después de las vacaciones de Semana Santa ayer lunes 29 de abril.
El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón consideró que los dueños de las unidades de transporte necesitaban suspender el servicio, para no afectar sus gastos de operación. “El Bronco” ha mostrado su incapacidad para negociar el aumento de la tarifa o conseguir el subsidio federal
La problemática viene desde el pasado 26 de diciembre, cuando los diputados del Congreso local aprobaron el alza gradual de hasta 17 pesos en el Presupuesto Estatal 2019.
Además, este desafío no ha sido el primero que imponen los empresarios de camiones urbanos, el 1 de marzo los transportistas dejaron de dar servicio en 14 rutas metropolitanas, lo que afectó el traslado de cientos de usuarios y además subieron la tarifa sin autorización.
Los transportistas van por la libre porque perjudican la movilidad de la ciudadanía sin recibir alguna sanción. El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo con ellos para que no vuelva a suceder un paro del sistema y al momento reanudaron el servicio al 100 por ciento.
¿Una medida de austeridad?
El secretario de Gobierno, Manuel González, garantizó que no volverá a ocurrir un paro de camiones urbanos pero justificó que los transportistas lo hicieron como una medida de austeridad. Hasta el próximo 8 de mayo se tomará una decisión final.
“Ellos nos dicen que es medida de austeridad, porque ya no tienen recursos, que les sale más barato dejar el camión en el patio que sacarlo a trabajar. En la Semana Santa y Pascua les había ido peor porque había menos demanda de los camiones”, contestó el funcionario.
González anunció sanciones económicas y administrativas para los empresarios de transporte público y el retiro posterior de permisos y circulación.
“No vamos a ir en la persecución, no vamos a caer en la tentativa de enfrentarnos, ni con los transportistas, ni con los usuarios. No debemos caer en las tentaciones del enfrentamiento, hemos llevado esto en santa paz hasta este momento y vamos a continuar con ello, con esa prudencia que ha caracterizado al gobernador, Jaime Rodríguez”, dijo González.
El 8 de mayo sesionará el Consejo del Transporte para analizar el aumento de la tarifa.
Al salir del Congreso local, Manuel González fue encarado por integrantes de la organización Únete Pueblo, quienes pedían la renuncia del director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria. Y no fueron las únicas que protestas.
Reclamos y cárcel a transportistas
El sector empresarial no se quedó callado. Directivos de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), de la Cámara de Comercio (Conaco) de Monterrey, de Confederación Patronal (Coparmex) Nuevo León y del Consejo Cívico de las Instituciones exigieron al Gobierno del Estado evitar que se vuelva a repetir un paro de transportistas.
250
Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de la Caintra, estimó que cerca de 200 mil personas llegaron tarde a su trabajo, lo que representa una pérdida de 320 millones de pesos. El comercio registró pérdidas de 250 millones de pesos.
320
Los abogados también alzaron la voz. El despacho Huizar & Asociados presentó una iniciativa para adicionar un capítulo al Código Penal para sancionar con prisión a los concesionarios que cancelen o suspendan el servicio.
“Se busca sancionar a concesionarios o permisionarios por lo ocurrido el día de hoy (ayer), con una pena de 6 a 12 años de prisión para que no tengan beneficio de ninguna condena condicional”
El litigante, quien entregó la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso, agregó que lo ocurrido ayer afectó a las personas más productivas, por lo que su propuesta se basa en la violación de derechos como el libre desarrollo, la educación, y el trabajo.
“Entonces por culpa de esas personas se está deteniendo el libre desarrollo de la sociedad, por ello pedimos que sean sancionados con prisión y se les cancele el permiso con el que cuentan”, concluyó.
