86%

del PIB es la magnitud que tendrá la deuda pública en 10 años, lo cual no representa un problema de sostenibilidad fiscal, según Krugman y Summers

En términos económicos, la administración de Barack Obama será recordada como la presidencia de la recuperación.  Las elecciones presidenciales de hace ocho años ocurrieron menos de dos meses después de la debacle de Lehman Brothers, evento que inauguró la peor recesión global desde la Gran Depresión.

 

En sus primeros días en la Oficina Oval, Obama se enfrentó al problema urgente de un sistema financiero colapsado y de una economía real en estado de emergencia.

 

La política económica de la administración de Obama adquirió un carácter reactivo: se utilizó una política fiscal expansiva para incentivar la actividad económica, se rescató a la industria automotriz con dinero público y se aprobó la Ley Dodd-Frank para mitigar el riesgo sistémico de las instituciones financieras.

 

Ahora, a meses de que concluya el segundo término de la presidencia de Barack Obama, la economía estadounidense está a punto de consolidar su recuperación. La tasa de desempleo, que escaló a 10 por ciento en el 2009, se encuentra debajo del nivel objetivo de la Reserva Federal de 5 por ciento.

 

Asimismo, la inflación se encuentra cerca del objetivo del banco central de 2 por ciento. Esto es un reflejo de que el bajo dinamismo económico de los años posteriores a la Gran Recesión ya pasó por su peor momento.

 

Sin embargo, la recuperación macroeconómica no significa que el nuevo jefe del ejecutivo podrá relegar los pendientes de materia económica a segundo plano.

 

Independientemente de quién tome protesta como presidente en el 2017, tendrá que administrar una economía con problemas de corte estructural, más difíciles de resolver que las coyunturas de emergencia a las que se enfrentó Obama. Esta dificultad se exacerba en un escenario en el que el Congreso aparece dividido.

 

Crecimiento, primera tarea

 

Pese a que el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos ha crecido de manera consistente en los últimos años, la dinámica económica aún es descrita como mediocre.  

 

Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos,  sostiene que hay factores estructurales que inhiben el crecimiento de la productividad, es decir la cantidad producida por cada trabajador en determinado tiempo.

 

Esta variable está íntimamente ligada con el crecimiento salarial, por lo que representa un componente fundamental de una economía funcional.

 

En ese sentido, Summers propone ampliar el déficit fiscal para financiar un programa de gasto en infraestructura que mejore los niveles de productividad y ofrezca un estímulo a la actividad económica.

 

El Comité para un Presupuesto Responsable, un centro de investigación, proyecta que la magnitud de la deuda pública será de 86 por ciento del PIB en 2026. No obstante,  economistas como Summers o Paul Krugman, insisten en que Estados Unidos es capaz de mantener déficits fiscales sin efectos colaterales adversos.

 

El consenso de analistas expresa que las causas del problema subyacente de baja productividad son difíciles de identificar. Por ello, recomiendan implementar medidas complementarias como el gasto en capacitación de trabajadores, educación temprana para los niños o un incremento en la inversión destinada a programas públicos de investigación científica.

 

Comercio, un tema pendiente

 

El reclamo democrático que derivó de la crisis de 2008 centró su crítica en la creciente tendencia de desigualdad de riqueza y de ingreso.

 

El deterioro de la movilidad social se manifestó políticamente en un abierto rechazo a las élites y a sus posicionamientos de política económica. Las candidaturas de Donald Trump y de Bernie Sanders, quien perdió las elecciones primarias del Partido Demócrata frente a Hillary Clinton, son referidos como fenómenos políticos que encarnaron este rechazo en sus campañas.

 

Eventualmente, la crítica a la desigualdad se transformó en una crítica al libre comercio y en el abrazo de nuevas medidas proteccionistas. El clima político orilló a ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos a rechazar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el mayor tratado comercial multilateral del mundo.

 

Esto significó una reacción al hecho de que la clase trabajadora de las economías avanzadas, el grupo que presentó el menor avance en términos de ingreso en las últimas tres décadas, fue desplazada por dos pilares de la globalización: el avance tecnológico y el traslado de la producción manufacturera a regiones emergentes con costos más competitivos.

 

Por ello, pocos analistas esperan que el nuevo presidente utilice su capital político para resolver el problema que, según el FMI, representa el auge reciente del proteccionismo alrededor del mundo.

 

Al contrario, se espera que el sucesor de Obama revierta el curso de apertura comercial de las últimas tres décadas.