En la próxima administración del Estado de Jalisco se vislumbran cambios en las formas en como se abordarán las decisiones públicas del gobierno y que irán a tono con las reformas que busca hacer el presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Y es que tras 18 años fuera del poder en Jalisco y 12 en la Presidencia de la República, el PRI buscará afianzarse como un gobierno que aprendió de sus errores y que ahora dará voz a sus ciudadanos.

Más de una treintena de contratos son los que el Gobierno de Jalisco firmó con Televisa y TV Azteca en los últimos 20 meses.

Estos contratos con las televisoras suman casi 260 millones de pesos, y están contabilizados aparte de los celebrados con medios impresos.

Existen otros que la Unidad de Transparencia e Información omitió a pesar de que Reporte Indigo solicitó también aquellos firmados con medios impresos y radiofónicos.

En la solicitud se especificó:

Emilio González Márquez no aprende la lección.

Porque los gastos millonarios en pagos a televisoras en la recta final de su administración, están a la orden del día.

Y es que aunque en 2007 realizó dos donativos a Televisa que fueron severamente criticados por la ciudadanía, hoy, antes de terminar su sexenio, esconde parte de sus pagos a Televisa y TV Azteca.

Porque en sus gastos totales publicados en transparencia, no aparecen 11 contratos que celebró con ambas televisoras.

Seis con Televisora de Occidente S.A. de C.V. y cinco con TV Azteca, S.A. de C.V.

Las transiciones de gobierno en México son caras. La más reciente, la de la llegada del panista Felipe Calderón a Los Pinos, fue un ejemplo de dispendio.

Recibió 130 millones para un periodo de tres meses. Enrique Peña Nieto tiene 20 millones de pesos más por el mismo tiempo y tipo de trabajo. Estos equipos, que toman relevancia solo durante la entrega-recepción de un gobierno a otro, se han convertido en temas importantes desde el cambio del régimen priista.

En pleno proceso electoral, la nueva Ley de Información Pública de Jalisco cierra las puertas a ciudadanos y periodistas y los amenaza con sanciones penales.

En un estado en el que se aprobó y entró en vigor la primera legislación de transparencia en el país en 2002, ahora se amaga con cárcel a la ciudadanía si revela información sobre la toma de decisiones públicas.

Este retroceso en transparencia tiene a académicos, juristas y líderes empresariales impugnando la nueva norma por su inconstitucionalidad.