El juego perverso de ciudadanizar
En la próxima administración del Estado de Jalisco se vislumbran cambios en las formas en como se abordarán las decisiones públicas del gobierno y que irán a tono con las reformas que busca hacer el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Y es que tras 18 años fuera del poder en Jalisco y 12 en la Presidencia de la República, el PRI buscará afianzarse como un gobierno que aprendió de sus errores y que ahora dará voz a sus ciudadanos.
Paloma Robles"Los gobiernos están dejando de cumplir ciertas funciones y se las están entregando a los organismos ciudadanos"
"El asunto no es cuántos consejos consultivos tengas sino qué tan efectivos son"
Las figuras de participación ciudadana y fiscalización durante la administración de Sandoval Díaz ayudaron a legitimar polémicas decisiones.
Los organismos ciudadanos podrían prestarse a un doble juego, pues un consejo que audita al gobierno y nace de él, tendrá autonomía legal, pero no real
En la próxima administración del Estado de Jalisco se vislumbran cambios en las formas en como se abordarán las decisiones públicas del gobierno y que irán a tono con las reformas que busca hacer el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Y es que tras 18 años fuera del poder en Jalisco y 12 en la Presidencia de la República, el PRI buscará afianzarse como un gobierno que aprendió de sus errores y que ahora dará voz a sus ciudadanos.
Al menos eso se pretende con las reformas al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), a la que buscarán dotar de más atribuciones para la fiscalización de los recursos públicos.
Como lo dio a conocer el Senador Arturo Zamora Jiménez, uno de los priistas que encabezan esta reforma en el Senado.
Con esta disposición, el IFAI –hasta hoy un organismo ciudadano autónomo- tendrán más poder de control de gasto y mayor presupuesto, pero al mismo tiempo existe el temor de que podría responder a los caprichos del ejecutivo entrante.
En Jalisco el propio coordinador de los diputados priistas de la siguiente legislatura, Miguel Castro Reynoso informó que su bancada quiere crear una contraloría social que evalúe las decisiones del Congreso local.
Según dejó entrever Castro Reynoso se buscarán perfiles que tengan peso moral en la ciudadanía, con ello mitigarían la carga negativa que tiene el Congreso.
Es una jugada que los priistas han denominado “corresponsabilidad”.
Pero la creación de este tipo de entes podría prestarse a un doble juego, como en el caso del incremento del número de consejeros del IFAI.
Porque un consejo que audita al gobierno y nace de él, tendrá autonomía legal, pero no real.
Y es que estas figuras corren el riesgo de convertirse en mera pantalla de simulación, como ya se demostró en varios ejemplos de la administración saliente de Guadalajara, encabezada por el hoy gobernador electo.
En tiempos de campaña Jorge Aristóteles Sandoval Díaz fue enfático al asegurar en que integraría un gobierno “cercano a la gente” y con “corresponsabilidad” con la sociedad.
Aunque no dejó claro los cómos.
Pero por la forma en que trabajó en esta materia en Guadalajara, se puede adelantar que seguirá un camino similar.
Participación a modo
La participación ciudadana y los nuevos mecanismos de fiscalización durante la administración de Sandoval Díaz, fueron mero maquillaje pues la mayoría de los casos ayudó a legitimar polémicas decisiones que ya habían sido tomadas.
La Oficina Anticorrupción fue un caso ejemplar, pues se creó a finales de 2010 y desde entonces su trabajo ha sido invisible.
Esa dependencia la encabeza Martha Susana Rodríguez Aceves, abogada recomendada por las cámaras empresariales y que se estrenó en el cargo con asuntos graves que no tuvieron una respuesta de fondo.
Rodríguez Aceves realizó una investigación en contra del ex contralor municipal, Víctor Urrea Stettner al que se le había acusado de sobornar a particulares a cambio de permisos para construcción y operación de servicios, entre ellos casineros.
El escandaloso tema orilló –antes de que hubiera un dictamen final- la salida del ex secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Uranga y del propio Urrea Sttetner.
La exoneración de ambos funcionarios resultó obvia y con la investigación de la “Zar Anticorrupción” se limpiaron los nombres de los acusados.
Bajo la premisa de que serían un gobierno cercano a la gente, la administración de Aristóteles Sandoval se anticipó a las críticas y modificó sus reglamentos de Participación Ciudadana.
Al reglamento se le agregó el modelo de iniciativa popular con la cual los ciudadanos pueden presentar sus iniciativas al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, siempre y cuando cuenten con la representación de 0.5 por ciento de la población.
Hasta el momento no ha habido una inactiva popular aprobada por el municipio.
También se reglamentó la consulta popular, pero esta figura no tuvo mucho éxito.
Tratándose de movilidad, el municipio ideó un foro de tres días para discutir el modelo de transporte que debía tener la ciudad.
El resultado final determinó que el Macrobús no era el transporte que la ciudadanía quería.
La participación de los ciudadanos validó una decisión política que todos los alcaldes metropolitanos del PRI habían pactado.
En la discusión de los planes parciales, el Ayuntamiento de Guadalajara realizó cambios en las presidencias de las asociaciones de vecinos y creó mayorías a su favor, que les beneficiaran a la hora de la consulta pública de los planes parciales.
Cuando se realizó la pavimentación con concreto de las primeras 21 vialidades –proyecto que costó mil 100 millones de pesos en deuda-, los priistas quisieron innovar con términos como “contraloría social”.
Así los ciudadanos estarían pendientes de cómo se ejercía el gasto público y de paso revisaban la obras.
Su primer desacierto fue invitar a varias de decenas de organizaciones civiles, cúpulas empresariales y universidades pero no a los ciudadanos afectados por la obras.
Luego rectificaron y realizaron brigadas de trabajo en las colonias, pero pese a eso nunca se supo con exactitud cuánto costó el metro cuadrado de cemento aplicado en cada avenida.
Guadalajara tiene casi una veintena de consejos consultivos, desde el de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad hasta los de Transparencia, Movilidad No Motorizada y Cultura Ambiental.
El Consejo de Transparencia, por ejemplo, fue poco enfático en la defensa de derecho al acceso a la información cuando se derogó la Ley Estatal de Transparencia en diciembre de 2011.
Muchos entienden que eso se debe a los personajes que integran el órgano, pues desde que se convocó al nuevo comité se pusieron a perfiles que no tenían amplio conocimiento del tema.
Incluso hoy que la página web del municipio está en completo abandono el consejo no se ha pronunciado, ni sirve como ente fiscalizador del municipio.
El desempeño de los consejos consultivos sigue siendo muy inconsistente pues la participación de los ciudadanos no contempla el voto, solo la voz.
Y sus resoluciones no son vinculantes a la hora de la decisión final.
CON VOZ, SIN VOTO
Participar y correr el riesgo de legitimar las decisiones de gobierno, así es la vida de los activistas de la ciudad, quienes aseguran que es mejor participar así que quedarse al margen.
Hasta el momento la participación de los ciudadanos en esquemas institucionalizados de los municipios se limita a los Consejos Consultivos.
El Ayuntamiento tapatío es pionero en el tema pues tiene casi 20 organismos de consulta.
Pero “el asunto no es cuántos consejos consultivos tengas sino qué tan efectivos sean”, sugiere Mario Silva Rodríguez del Colectivo Ecologista, una de las organizaciones civiles con más trayectoria en tema ambiental y de ciudad.
El activista recuerda que estos espacios no son deliberativos y no hay ningún mecanismo de voto, mucho menos garantía de que lo que ahí se discuta vaya a modificar una propuesta.
Los consejos ciudadanos “se convierten en una ortopedia para la democracia” expone el entrevistado.
Silva Rodríguez refiere que en un esquema de democracia representativa de partidos, la voz de los ciudadanos se diluye en el momento mismo en que ejerce su voto.
El representante asume las decisiones que afectarán a todos, por lo que consultar a los ciudadanos resulta un asunto que pone en duda la legitimidad de los gobiernos.
Y es que existe el temor de evidenciar que no se tiene autoridad, por eso solo se les consulta para temas técnicos.
La participación ciudadana se convierte para las administraciones públicas en un accesorio -con alta rentabilidad política- que le permite legitimar decisiones de gobierno.
Sobre esa relación perversa Silva Rodríguez considera que la línea es muy delgada.
“En muchas ocasiones los grupos pueden llegar a legitimar un programa de gobierno o políticas públicas de manera no intencionada, por error”, justifica el activista.
Agrega que si bien son espacios consultivos, “también son espacios de discusión política y esos no son ajenos a la lógica partidista electoral, es una constante de todos los gobiernos y de todos los partidos”.
Lanzó críticas al concepto de contraloría social del municipio de Guadalajara: “no fue contraloría fue solo una invitación a ser observador de un proceso de política pública”.
Sobre los desafíos de la participación ciudadana en el Estado el presidente de la organización Civil Red Ciudadana, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, explica que es muy complicado que el ciudadano común pueda participar.
Aunque en los últimos años ha crecido la participación de los ciudadanos, esta ha sido de forma “muy acotada”.
“Hoy encontramos una política en dónde cada vez más los gobiernos están dejando de cumplir ciertas funciones y se las están entregando prácticamente a los organismos ciudadanos. Un ejemplo es el caso de la asistencia social”, comenta el entrevistado.
Sobre la tentación de legitimar decisiones a partir de la participación ciudadana Gutiérrez Rodríguez asegura que el círculo vicioso se inicia desde el momento mismo en que los ciudadanos no tienen interés en participar.
Pero Jalisco fue uno de los estados más avanzados en materia de participación y el que inició una ley de participación ciudadana, que permitía participar a los ciudadanos en propuestas o acciones de gobierno que antes no se daban.
Por ejemplo, con la Iniciativa Popular –instrumento que está en la legislación estatal- se pueden proponer leyes o algunos instrumentos jurídicos que antes solamente le competían al Ejecutivo y al Legislativo.
Cuando empezó a aplicarse la Ley de Participación Ciudadana, algunos ciudadanos descubrieron que no era fácil su aplicación.
Y es que no cualquier grupo de ciudadanos podía recabar el 0.5 por ciento del padrón electoral de Jalisco, que en la práctica representa más de 23 mil firmas.
Ahora es cada vez más común que los ciudadanos reúnan firmas y presenten iniciativas.
Un ejemplo fue en el tema del aborto, en donde grupos religiosos lograron ingresar una iniciativa en el Congreso local que penalizara a las mujeres que decidieran hacerse un legrado.
